Policía Comunitaria, una experiencia en los hechos de democracia y gobierno indígena

 * Presentan video Cuando la justicia se hace pueblo * “Ahora vivimos felices y en paz”, dice el alcalde de Malinaltepec, Apolonio Cruz * El reto, construir una institucionalidad con los indígenas, dice Genaro Vázquez, de San Luis Acatlán

 Aurelio Peláez * En Malinaltepec y en San Luis Acatlán, lugares que cuentan con una Policía Comunitaria y en donde opera la Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas, se han aplicado “en los hechos” ejercicios de democracia y gobierno indígenas que fueron parte de las demandas del movimiento indígena en San Andrés Larrainzar, aceptó Miguel Alvarez Gándara, ex secretario de la desaparecida Comisión Nacional de Intermediación (Conai), que promovió el diálogo entre la guerrilla zapatista en Chiapas y el gobierno federal.

Alvarez Gándara fue entrevistado luego de participar en la presentación del video, Cuando la justicia se hace pueblo, documental de Carlos Pérez Rojas que narra hechos de violencia y de asaltos en la región en la Costa Chica de Guerrero, y que fueron motivo para el surgimiento de la Policía Comunitaria en esa región, ante la desatención al problema de la inseguridad por parte de los gobiernos federal y estatal.

El acto, realizado en el Fuerte de San Diego, fue organizado por el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, que dirige Abel Barrera. En la presentación del documental también participo el investigador de la UNAM, Sergio Sarmiento.

Al acto asistieron los presidentes municipales de Malinaltepec, Apolonio Cruz Rosas, y de San Luis Acatlán, Genaro Vázquez Solís, así como Cirino Plácido Valerio, Alfonso Sabino Cano y Florencio García Dolores, de la coordinadora de autoridades indígenas, y Bruno Plácido, director de la Policía en San Luis Acatlán, y quien ha estado encargado de la Policía Comunitaria.

En la reunión, a la que asistieron casi un centenar de personas, se destacó el papel que ha tenido la organización indígena en torno a la Policía Comunitaria y la Coordinadora de Autoridades Indígenas.

En su intervención, el presidente municipal de Malinaltepec recordó que se fundó la Policía Comunitaria en esa región porque “nunca hubo respuesta” de las autoridades estatales a sus quejas por la inseguridad en la región. Afirmó que hasta antes de 1995 los asaltos en los caminos eran frecuentes, registrándose en ellos violaciones a mujeres y niñas.

En octubre de ese año decidieron crear la Policía Comunitaria, y acordaron “avisarle” de ello al gobierno estatal, aún cuando fueron hostigados y reprimidos por las autoridades estatales y federales, quienes en principio intentaron ligarlos a la guerrilla del EZLN y luego al EPR.

Explicó que la Policía Comunitaria tuvo a su cargo en principio la detención de los delincuentes y la investigación de los casos delictivos, y que luego surgió la Coordinadora de Autoridades Comunitarias para juzgar de acuerdo a las leyes y tradiciones indígenas.

Recordó que a ocho años de esa experiencia, con policías que trabajan sin cobrar salario y comisarios a los que no es posible corromper, se ha logrado erradicar la delincuencia hasta en 98 por ciento, reconocido esto por la misma Procuraduría de Justicia estatal.

“Hoy en día somos felices, vivimos en paz. Si acaso hay un asalto cada cuatro meses, pero los asaltantes más tardan en pensarlo que caer. Allá estamos tranquilos, en paz, no hay delincuencia”, dijo el alcalde de Malinaltepec.

Genaro Vázquez, presidente municipal de San Luis Acatlán, destacó por su parte el proyecto de autoridades municipales y representantes indígenas, por construir una institucionalidad con los indígenas, que sea incluyente y pluricultural.

Cirino Plácido y Alfonso Sabino Cano, de la Coordinadora de Autoridades Indígenas, de la que depende la Policía Comunitaria, destacaron que esta organización es independiente de los ayuntamientos, y que los gobiernos municipales –de Malinaltepec y San Luis Acatlán– les han dado cobijo legal y político.

La experiencia de la comunitaria, más allá de la seguridad

Entrevistado al final del acto, Miguel Alvarez Gándara, ex secretario de la Conai y actual director de Servicios para la Paz (Serapaz), que brinda asesoría a organismos no gubernamentales (ONG), aceptó que la nueva legislatura federal, podría retomar la Ley indígena aprobada por la 57 legislatura, y cuyo contenido no satisfizo a las organizaciones y pueblos indios, por no incluir el tema de la autonomía indígena.

Recordó que en San Andrés Larrainzar, los pueblos indígenas se representaron y propusieron un acuerdo más amplio de lo que quedó en la actual ley indígena. “Yo diría que es un hecho que esta ley es un error histórico, que no sólo impide avanzar en el terreno de la paz, sino impide avanzar en el terreno de reforma del Estado, de una verdadera transición a la democracia, y la lección es que ahora la están dando los pueblos indígenas como hoy lo vimos acá, como lo representan Los Caracoles zapatistas”.

Contó que la postura de los pueblos indígenas es la de “si hoy no nos reconocen, no dependemos de que nos reconozcan, llevamos muchos años existiendo como pueblos sin ser reconocidos”. Agregó que “ellos nos están dando la señal de la paciencia, y yo opinaría que sí habrá que construir otra coordinación, otra situación política para hacer la auténtica reforma indígena que recojan los acuerdos de San Andrés”.

En cuanto a la experiencia de la Policía Comunitaria, contó que “siempre se ha creído que hay algunas tareas que son exclusivas de la responsabilidad del Estado, y entre éstas siempre se ha asumido la problemática de la seguridad, en la lógica de que el Estado es el único que tiene derecho al uso de las armas. Y hoy los indígenas están mostrando que en la lógica comunitaria, democrática, de respeto a las culturas indígenas, el uso de las armas y la tarea de seguridad, también tiene dimensión social, también es tarea de las propias comunidades, y este ejercicio que están haciendo, yo me imaginaría la imagen de la punta de un iceberg, lo que se ve es el ejercicio en concreto de policías, que está sustentado en un enorme esfuerzo democrático y representativo de las comunidades, de los municipios, y luego de la asamblea regional”.

Dijo que el de la Policía Comunitaria y la Coordinadora de Autoridades Indígenas “es un proyecto que va más allá de la mera seguridad, creo que está en juego una reorganización social que tiene otras dimensiones que permiten madurar la tarea de la seguridad, pero yo creo que este proceso da para muchas otras cosas, dentro de la base de esa participación, de esa capacidad de gobierno.

“Ellos igual toman medidas pero esas las pueden tomar para educación, para salud, para desarrollo social, logrando establecer un proceso de gobierno, yo entendería que es una aplicación congruente y consistente lo que hay aquí”.