Taller de Desarrollo Comunitario

 Libertad de expresión en Guerrero: Una visión desde los organismos civiles y las organizaciones sociales

 Somos un Organismo Civil con diez años de trabajo en materia de desarrollo comunitario en la entidad con diferentes sectores sociales, especialmente campesinos, indígenas, mujeres y jóvenes. Una de nuestras líneas de trabajo es la comunicación popular.

Actualmente entre otras actividades, fungimos como Coordinación Técnica de la Red Comunitaria contra la Corrupción, la Transparencia y el Blindaje Electoral en Guerrero, que formalmente agrupa a 28 organizaciones sociales, grupos ciudadanos y organismos civiles que inciden en 35 municipios, entre ellos los más pobres y marginados de la entidad.

Como se sabe, la libertad de expresión consiste en el derecho del individuo a exponer  pensamientos y opiniones por medio de la palabra, por escrito o cualquier otro medio de reproducción sin cortapisas, instrucciones, consignas, autorizaciones previas o censura por parte de la autoridad ni de ningún otro ente público o privado.

En éste sentido, son tres los temas que nos interesa plantear ante usted.

A.- La labor periodística en Guerrero

Este aspecto, desde la perspectiva que nos ocupa tiene dos vertientes: por un lado, se ha dicho que la profesión de periodista es una de las tres más peligrosas en México, al lado de los bomberos y los boxeadores profesionales. Al respecto, nuestros compañeros periodistas aquí presentes han expuesto mucho mejor como se expresa esta situación en la entidad.

Sin embargo, la libertad de expresión ejercida de manera torcida y corrupta, ha permitido a algunos pseudoperiodistas, acceder a niveles de vida impensables comparativamente con quienes ejercen un periodismo digno y honesto. De esto también pueden dar cuenta mejor que nosotros los compañeros periodistas aquí presentes.

B.- La calidad y contenido de la información que los medios ofrecen a la ciudadanía.

Como se sabe, la relación entre el gobierno y la inmensa mayoría de los medios esta determinada por el pago de publicidad y otro tipo de apoyos que permiten el manejo discrecional de la información por parte de políticos y gobernantes.

En éste sentido, la libertad de expresión en los medios, en muchos casos, se ha convertido en una falacia y hasta en una práctica corrupta que se celebra cada año como si se tratara del día de la navidad o de las madres. La mayoría de los periódicos y revistas y medios electrónicos, salvo algunas excepciones, publican y transmiten notas pagadas directa o indirectamente por los políticos y gobernantes, complementada con noticias amarillistas, banales y en el caso de la prensa escrita, con la nota roja.

 De esta manera, la libertad de expresión, salvo algunas excepciones, no sirve a la ciudadanía sino a los políticos, autoridades y algunos empresarios y dueños de medios. En Guerrero, el ejercicio de la llamada libertad de expresión a través de los medios no contribuye al desarrollo de la real democracia, a la orientación y formación ciudadana, al desarrollo cultural y educativo informal y en general sirve solo a un pequeño círculo, alejado de la mayoría de la ciudadanía.

Mención aparte merece el contenido de los medios electrónicos nacionales, que a través de las cadenas televisivas y de los servicios de cable y satelital, han convertido a la libertad de expresión, en un medio de transculturización que afecta la convivencia familiar y comunitaria y establece estereotipos ajenos a la idiosincracia de nuestros pueblos, ya no solamente en las ciudades, sino en las regiones de Sierra y Montaña.

C.- La inaccesibilidad que los ciudadanos y sus organizaciones tienen para expresar sus problemas, necesidades e intereses, mediante el ejercicio de la libertad de expresión.

La libertad de expresión en nuestro estado la ejercen los políticos, los gobernantes, los poderosos, no el pueblo, que solo interesa a quienes financian los medios para el voto en periodos electorales, para la nota roja y en muchos casos para la burla y el amarillismo, salvo honrosas pero muy pocas excepciones. Ojalá pudiera usted conocer hoy mismo el contenido de los periódicos publicados en la entidad.

Para las organizaciones sociales y los organismos civiles es impensable contar con un medio propio de expresión, pues las limitaciones económicas no se los permite y no existen incentivos ni apoyos mínimos, como si existen para los empresarios que trabajan al servicio de quienes detentan el poder político.

También les es difícil tener acceso a alguno de los existentes, salvo a través de algún periodista conciente y comprometido socialmente. Aquí conviene señalar que el único medio radiofónico que ha sido útil  a la población indígena de la Montaña, la XEZV, La Voz de la Montaña, se encuentra en peligro de extinguirse ante la incertidumbre de lo que sucederá con la desaparición del Instituto Nacional Indigenista. En el caso de la XEUAG, Radio Universidad, que también ha cumplido un papel importante en el centro del estado, después de mas de veinte años de transmisión, no cuenta aún con un permiso oficial, lo que la mantiene en constante riesgo de ser callada.

Los medios poco hablan de los problemas que tienen los ciudadanos y sus organizaciones para sobrellevar los problemas de la producción, de la comercialización, de desarrollo y bienestar social. De sus necesidades solo hablan cuando de manera extrema se tienen que movilizar y entonces la marcha, el plantón, la huelga de hambre  y en su caso el enfrentamiento con las autoridades, se vuelve noticia.

Casi nadie habla de los logros de la organización social y comunitaria en materia de impartición de justicia, del control del alcoholismo en comunidades y microregiones, de las innovaciones productivas mediante procesos autogestivos y sustentables. El caso de los organismos civiles autónomos y alternativos es aún peor: simplemente no existimos para los medios. Pero si se habla de los conflictos y enfrentamientos de los comerciantes, indígenas, estudiantes o colonos, debido muchas veces a las malas políticas públicas.

En nuestro estado, en muchos casos la libertad de expresión ejercida y manipulada desde el poder, ha distorsionado el verdadero carácter de las demandas sociales, tratando de desacreditar a los movimientos y a las organizaciones, llegando al extremo de vincularlas recurrentemente al narcotráfico o a grupos armados. Esto ha provocado que existan actualmente presos políticos que en muchos casos fueron señalados por pseudoperiodistas.

La libertad de expresión de la que tanto se ufanan las autoridades no es accesible a los artistas populares, a las mujeres ni a los jóvenes y tampoco es útil a los niños. En el caso de los jóvenes, generalmente se les restringen y condicionan sus derechos para la realización de eventos culturales, mientras que los llamados graffiteros son mas bien perseguidos y castigados que orientados para que canalicen sus formas de expresión de manera libre y creativa, lo que los obliga a ejercer su libertad de expresión en forma semiclandestina.

Finalmente conviene hacer referencia a la llamada Ley Dimayuga, aprobada recientemente por el Congreso Local, que mediante la reforma a los artículos 200 y 202 del Código Penal del Estado, penaliza la realización de manifestaciones públicas y atenta contra la libertad de expresión.

Nosotros nos preguntamos: ¿de qué nos sirve tener “libertad de expresión” para “informarnos” de cosas “supuestamente interesantes” si no vamos a utilizar esa “información” para bien de nosotros, de la entidad y del país?

Nuestras demandas son:

1.- Que se garantice el respeto a la labor de nuestros compañeros periodistas y que se aclaren los hechos y se castigue a los culpables de violaciones a sus derechos, que se han manifestado por ellos mismos y que no se les condicione ni restrinja su libertad de expresión.

2.- Que se reglamente la relación entre los medios y el gobierno en lo que se refiere a  los criterios para la asignación de publicidad y otros apoyos, con el objeto de que los recursos públicos destinados a tal fin, permitan en igualdad de circunstancias, el desarrollo de los diferentes medios, pero en especial, de los más comprometidos con la sociedad.

3.- Que se derogue la llamada Ley Dimayuga

4.- Que se otorguen facilidades a través de apoyos y financiamientos para la realización de proyectos comunicacionales alternativos a las organizaciones sociales y organismos civiles

5.- Que se habrán espacios radiofónicos en las estaciones comerciales para la producción y transmisión de programas realizados por organizaciones sociales y organismos civiles.

6.-  Que se garantice la permanencia de la XEVZ, La Voz de la Montaña o en su caso se concesione a las organizaciones sociales, como pudiera ser el Centro de Derechos Humanos de la Montaña  “Tlachinollan”

7.- Que se otorgue a la brevedad el permiso de transmisión correspondiente a la XEUAG, Radio Universidad.

8.- Que se otorguen las facilidades para la transmisión de las radios comunitarias que operan en Teloloapan y en Zihuatanejo.

9.- Que se reglamente a favor de la realización de expresiones juveniles, especialmente el graffiti.

Nuestras propuestas son:

1.- Que mediante un proceso de participación ciudadana efectiva, el próximo legislativo reforme y actualice el marco legal que rige el periodismo, que data de 1917.

2.- Que el  próximo legislativo apruebe la iniciativa ciudadana sobre la reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión, presentada en diciembre del 2002 al Legislativo actual por parte de más de 200 organizaciones sociales y civiles del país.

3.- Que de igual manera, se apruebe la iniciativa de Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil, presentada al Legislativo a fines del año pasado también por más de 200 organizaciones.

4.- Que se revisen y en su caso resuelvan favorablemente los casos de los presos políticos que están en tal situación por haber ejercido su derecho a la libertad de expresión

5.- Que se establezca un fondo para la realización de proyectos de comunicación de las organizaciones sociales y organismos civiles.

 Por el Taller de Desarrollo Comunitario A.C.

Reyna Edith Carbajal Méndez

Fco. Javier Monroy Hernández  

*, Presentación ante el relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Eduardo A. Bertoni, el 20 de agosto, en Chilpancingo