Vigila Canaco que no haya tráfico de influencias en el caso de Andalón

 Raquel Santiago Maganda * Tras manifestar su rechazo a las cifras oficiales que aseguran el descenso de la delincuencia, miembros de la Canaco-Servitur se manifestaron ayer en contra de la hipótesis de que el asesinato de Salvador Andalón Mendoza fue por accidente y anunciaron que vigilan el proceso para que no “haya tráfico de influencias” y se castigue al homicida Mario Arce Galeana, secretario particular de Maricela Ruiz Massieu.

Salvador Andalón era sobrino del ya fallecido ex procurador de Justicia, Rigoberto Pano Arciniega, y su cuerpo fue cremado horas después de haber sido encontrado en la Calzada Pie de la Cuesta.

En conferencia de prensa en las oficinas de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos, (Canaco-Servitur), la dirigencia del organismo empresarial aseguró no creer “en las cifras que muestran la reducción de la delincuencia” en el estado, porque con el asesinato del ex presidente de la Canaco, Salvador Andalón, se demuestra lo contrario.

Exigieron que haya justicia más expedita, porque las investigaciones muestran deficiencias. Arturo Martínez Sánchez precisó que las autoridades judiciales “ya resolvieron” la investigación al asegurar que la muerte del empresario fue accidental. Sin embargo, mencionaron que conocieron durante años al occiso y dijeron que “él no usaba armas”.

Mencionó que existen dudas que no han sido resueltas por la supuesta investigación como el hecho de quitarle al cuerpo sus credenciales y prácticamente “lo dejaron morir sólo al no socorrerlo”.

Ante las irregularidades, desde el sábado los miembros de la Canaco conformaron una comisión que dará seguimiento a la investigación del asesinato; en ella participan el presidente de la Canaco Javier Balanzar, Javier Saldívar Rodríguez, Arturo Sánchez, Alejandro Martínez Sydney y Gerardo Miranda, entre otros.

Los empresarios coincidieron que aún cuando se vincule al asesino del empresario, Mario Arce, como secretario particular de Maricela Ruiz Massieu, ellos exigirán castigo y exigieron que no haya “el tráfico de influencias” para ocultar la verdad. Además exigieron castigo para la mesera de la cantina El Potrero, Rubisel Vázquez Brito, porque no auxilió al empresario y “murió abandonado”.

Javier Saldívar dijo que no debe existir “alevosía y ventaja” en la investigación, por eso solicitaron una “reunión emergente” en privado con el gobernador René Juárez Cisneros y con la Procuraduría General de Justicia para “exigir que hagan lo que corresponde”.

Para Gerardo Miranda otra manifestación de la inconformidad empresarial sería por medio de una marcha porque “el caso no puede ser manejado como homicidio imprudencial”.

Los empresarios coincidieron también que los resultados de una investigación superflua “no nos van a convencer”, sobre todo porque existen antecedentes de deficiencias de investigaciones como en el caso del secuestro de Arturo Peimbert, retenido desde hace meses, y “nadie dice nada”.

Así como los antecedentes de otros empresarios que ya han sido víctimas de la violencia, aunado a la muerte del cajero José Manuel Rodríguez del Castillo quien murió en los separos de la policía preventiva y se sospecha de cuatro agentes, y esto muestra “que en la propia policía hay asesinos”.