Liberan policías a una encarcelada por la CRAC de Eliseo en San Luis Acatlán; denuncia torturas

*La agarraban de los hombros y los pies para sumergirla en un tambo de agua, acusa. Hay otros cuatro retenidos que sufrieron lo mismo y les preguntaban por drogas, afirma

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Trabajadores de un bar en San Luis Acatlán fueron detenidos, torturados e incomunicados por policías comunitarios que encabeza Eliseo Villar Castillo desde una Casa de Justicia paralela a la matriz en San Luis Acatlán de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), la que cuenta con el respaldo del gobierno del estado.
Una de las agraviadas, Minerva Vázquez Juárez denunció en conferencia de prensa que fue liberada por la Policía Estatal y la Ministerial luego de un mes de estar privada de su libertad. Dijo que cuatro personas más siguen en detención en la Casa de Justicia de Villar Castillo, en San Luis Acatlán, porque no tienen medios para exigir su libertad.
Informó que el 5 de julio, alrededor de las 10 de la noche, unos 20 hombres armados llegaron cortando cartucho a su local y frente a los clientes gritaron a que todos que se tiraran al suelo.
Sin explicación, mediante golpes y jalones de los cabellos la subieron a unas camionetas con sus trabajadores Ana Martínez Pérez, Daniel Pérez Angulo y Flora, de quien no recordó sus apellidos.
Al siguiente día, añadió que Brenda, de quien tampoco supo su nombre completo, fue a la Casa de Justicia pensando en hacer alguna declaración que pudiera ayudar, pero también fue encerrada en cuartos de detención.
Recordó que la noche en que fueron detenidos los llevaron a la Casa de Justicia que no tiene energía eléctrica, que estaban muy asustados porque no sabían qué les iban a hacer, y ahí los acusaron de venta de droga y les exigieron que dijeran en dónde tenían la mercancía.
Indicó que uno a uno, para interrogarlos, fueron llevados a un cuarto donde varios hombres los agarraban de los hombros y los pies para sumergirlos boca abajo en un tambo de agua.
Minerva indicó que después de la tercera ocasión comenzó a sentirse mal de la presión,  la llevaron al centro de salud, pero como había muchas personas esperando atención, regresaron a la Casa de Justicia sin importarles su estado físico.
Al siguiente día, cuando supieron que estaban retenidas por la Policía Comunitaria, escuchó a Eliseo Villar dar la instrucción de que los pusieran a lavar ropa.
Estimó que estuvo 15 días incomunicada, lavando ropa desde las 8 de la mañana, con dos comidas al día, y sin con una bote como baño, y bajo la amenaza constante de que sería trasladada a otra Casa de Justicia, a tres horas caminando, si sus familiares insistían en verla.
Su hermana María Elena Vázquez denunció que al tercer día de la detención habló con dos coordinadores, Adelaida Hernández y Nicolás de la Cruz Manzano, y le negaron una visita porque “aún no había declarado”. Tampoco permitieron que recibiera sus medicamentos.
Mientras a Minerva la amenazaban con llevarla a otra Casa de Justicia, a su familia le advirtieron que serían detenidos si seguían buscándola, afirmó.
Sus familiares tramitaron un amparo federal en Acapulco por privación ilegal de la libertad, que la agraviada ratificó el 12 de junio, presentaron una queja en la coordinación regional de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) de Ometepec, que se turnó a la agencia del Ministerio Público.
María Elena Vázquez añadió que cuando la Codehum se declaró incompetente para dar seguimiento a la queja recurrieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) porque la CRAC es una autoridad reconocida por las autoridades estatales, a través de la Ley 701 de Derechos y Cultura Indígena.
De la libertad, su hermana aclaró que no saben con certeza de dónde vino, pero el 9 de julio llegaron a la Casa de Justicia patrullas de policías estatales y ministeriaoes con el papá de Minerva, la entregaron y la trasladaron a la agencia del MP donde declaró y estuvo libre al siguiente día.
Informó que sus trabajadores siguen en detención porque sus familiares no tienen dinero para hacer las gestiones del caso, sin embargo, aseguró que fueron víctimas de los mismos atropellos y hasta el 9 de julio tampoco habían declarado ante la justicia comunitaria para defenderse de las acusaciones que les hicieron.
María Elena consideró que la intención de los coordinadores de la CRAC era que les ofrecieran dinero por la libertad de los detenidos, en función de los delitos que pudieran imputarles, pero sus familiares prefirieron seguir otros canales que caer en su juego.