Son presos políticos los de la CRAC en Acapulco, afirma el general Gallardo; los visita y anuncia campaña por su libertad

*El militar, quien fue preso de conciencia, asegura que “en México se encarcela a través de prácticas de tortura”. El Congreso local tiene que hacer algo para que las personas que están en la Policía Comunitaria no sean perseguidas ni hostigadas, pide

Karina Contreras

El ex preso de conciencia y general del Ejército, José Francisco Gallardo Rodríguez visitó a los seis policías comunitarios de la Casa de Justicia de El Paraíso, en Ayutla, que se encuentran presos en el reclusorio de Las Cruces en Acapulco, a quienes les informó de la campaña internacional que van a iniciar para demandar su libertad, y dijo que un juez no puede dar una sentencia cuando las declaraciones de los acusados fueron hechas bajo tortura.
Gallardo Rodríguez ingresó a esa cárcel para entrevistarse con los presos poco antes de las 2:00 de la tarde con el visitador de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) Hipólito López Lugo, los coordinadores de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de El Paraíso Luis Castro Rafaela y Alfonso Olivar Morales, y dirigentes de otras organizaciones sociales.
Estuvieron adentro alrededor de una hora y media, y al salir Gallardo Rodríguez declaró que en el caso de los policías comunitarios Bernardino García Francisco, Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Abad Francisco Ambrosio, Florentino García Castro y Benito Morales Bustos se demuestra que “en México se encarcela a través de prácticas de tortura”.
Dijo que los policías comunitarios le manifestaron que “fueron torturados, pero ya se hicieron varios peritajes donde se muestra está práctica que hizo la Policía Estatal, Federa y Municipal. Va ser muy lamentable que el juez no tenga cuidado con este asunto porque no puede de unas declaraciones a través de tortura dictar una sentencia,  por lo tanto cuando se duda se tiene que absolver, y espero que eso haga el juez”.
Indicó que vienen muchos procesos, entre ellos, el de revisión si quiere la autoridad, pero “creo que al gobierno le conviene dejarlos en libertad lo más pronto posible o retirar los cargos, y se acabo el problema”.
Dijo que le llama la atención que el MP haya dado crédito a declaraciones bajo tortura y también el poder judicial tiene responsabilidad. Consideró que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) debe hacer una “revisión muy completa y, aparte de ello, el Congreso local debe emitir una declaratoria en donde mínimo se revise el caso y reforzar las leyes que tienen que ver con la Policía Comunitaria en Guerrero; se tiene que hacer algo para que las personas que están en el sistema no sean perseguidas ni hostigadas”.
El general dijo que los policías comunitarios le pidieron que hagan eco de su caso y le entregaron una carta para que sea revisada por la comisión de derechos humanos en el Senado de la República. En la carta relatan las circunstancias y los hechos “que se va traducir en llamados al gobernador, al procurador, a lo mejor un exhorto para que se revise el caso por parte de la autoridad estatal y espero que le den atención al caso”.
Recordó que la campaña por su liberación se llama Por los caminos del sur; seis luces en lucha por la libertad  que es a través de redes sociales y que se va platicar con otras organizaciones, pues lo que se está presenciando es otro “caso de abuso de poder, de autoridad y en estas circunstancias cualquier persona puede ser encarcelada”.
Antes de ingresar al penal, en una primera declaración, el general explicó que su visita al penal de Las Cruces era para pronunciarse ante el encarcelamiento?injusto de los policías comunitarios de la CRAC, entre ellos Benardino García que es uno de loa sobrevivientes de la masacre de El Charco, “venimos a ver qué se puede hacer, qué se puede investigar para que estas personas salgan en libertad”.
Señaló que todos saben perfectamente cómo funciona la justicia en México: primero se encarcela y luego se investiga o primero se tortura y luego de investiga.
Gallardo Rodríguez dijo que la creación de las policías comunitarias tienen fundamento constitucional y están ligados a los tratados internacionales, y que las comunidades que se manejan por usos y costumbres tienen el derecho a “tener sus mecanismos de seguridad, como la CRAC”.
Dijo que se tiene que hacer una investigación sería y se tienen que considerar las circunstancias en las que se da la detención y “estas acusaciones por supuestos secuestro, hemos visto que esta movilización social que se da a través de la creación de las policías comunitarias se debe a una ausencia de gobierno, se debe a una ausencia de instituciones y al abandono que han tenido los tres niveles de gobierno”.
Gallardo Rodríguez dijo que la seguridad no radica en poner más policías, sino en atender los asuntos de carácter social y que les permita arraigarse en sus comunidades, pero viviendo con dignidad. La delincuencia tiene que ver con la ausencia de gobierno, sentenció.
El general dijo que el pueblo tiene el derecho a defenderse y se arma con lo que puede porque “no hay autoridad, si no hay instituciones, si no hay un MP que tutele el asunto desde la justicia, pues el pueblo no va estar esperando a lo que los defiendan, entonces esa es la circunstancia, cada una responde a las circunstancias específica”.
El gobierno tiene la obligación de respetar la autonomía de las comunidades, pero están acostumbrados a someter y no escuchan, acusó.
“Considero que estas personas son presos políticos y que fueron encarcelados por defender?una causa y un preso político no debe quebrarse ante las circunstancias, y se está luchando por su liberación y espero muy pronto verlos en libertad porque la libertad es uno de los derechos más importantes que tiene la gente”.
Agregó que es lamentable lo que pasa en Guerrero aunque no es exclusivo del estado, y dijo que hacía un llamado respetuoso a las autoridades para revisar el caso cuidadosamente y que si se actúa con “ética profesional, estas personas deben ser liberadas”.
También acudieron a la cárcel la fundadora de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) Obtilia Eugenio Manuel y la integrante de la Organización de Derechos Humanos Red Solidaridad Década Contra la Impunidad y sobreviviente de la masacre de El Charco, Erika Zamora Pardo.