Cuauhtémoc Sandoval Ramírez

 Guerrero en la Bolsa de Valores

 Un hecho muy grave se dio a conocer esta semana, que tiene que ver con una decisión del gobierno de René Juárez Cisneros, de emitir bonos de deuda pública en el mercado de valores, cuyas consecuencias son impredecibles, ya que se realizan al final de su mandato y apostando a que el priísmo va a seguir gobernando en nuestro estado.

El lunes 18 de agosto, el periódico El Financiero, nos anunciaba que el gobierno del estado de Guerrero colocaba a partir de esa fecha en el mercado de valores la segunda parte de los Certificados de Participación Ordinarios (CPO), por un monto de 479.9 millones de pesos, lo cual representa la segunda emisión que tienen autorizado por un monto de mil 500 millones en CPO. Estos bonos de deuda fue destacada por las calificadoras internacionales Moody´s y Fitch Ratings como de muy alta calidad crediticia.

Días antes, el mismo periódico en su edición del 31 de julio señalaba que la deuda pública del estado de Hidalgo sería colocada en la Bolsa Mexicana de Valores para su bursatilización mediante el cual se pagarán 497.6 millones de pesos. En dicha nota se mencionaba que las bancadas del PRD y el PAN se negaron aprobar el decreto de bursatilización de la deuda pública de ese estado.

Volviendo al caso de Guerrero, se señala un hecho bastante preocupante en el sentido de que se demandaría la “amortización anticipada” de los mismos en caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitiera un dictamen que considere inconstitucional el refinanciamiento de la deuda de entidades gubernamentales estatales y municipales.

En efecto, existe una controversia constitucional ya que el artículo 117 fracción VIII de nuestra Carta Magna, plantea que “Los Estados no pueden, en ningún caso” “Contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional”. Tanto en el artículo 73 constitucional relativo a las facultades del Congreso de la Unión, como el 74 relativo a las facultades de la Cámara de Diputados, queda claramente establecido que sólo el Ejecutivo federal podrá contratar deuda tanto interna como externa.

Pero lo más preocupante del asunto es que 160.8 millones de pesos corresponderían a un adeudo de la Promotora Turística (Protur) encargada de la promoción y venta de terrenos en Punta Diamante, que como todos sabemos, es una cloaca donde están implicados tanto Ernesto Zedillo Ponce de León, como Diego Fernández de Cevallos y los herederos del difunto Ruiz Massieu.

Toda esta historia tiene que ver con la política que están impulsando los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), diseñando un programa de descentralización fiscal y financiera hacia los “órdenes subnacionales de gobierno” que en México ya está en marcha en varios estados y municipios. Este programa representa un nuevo experimento en materia financiera que establecería una estructura de mercado de la deuda pública subnacional semejante a la que ya existe en Estados Unidos.

El programa de descentralización del BM, tiene sus antecedentes en el préstamo otorgado a México en diciembre de 1999 por un monto de 606 millones de dólares para un programa de descentralización, mientras que el BID otorgó en marzo del 2002 un financiamiento de 300 millones de dólares para apoyar la descentralización de estados y municipios.

Sin embargo, el concepto de descentralización al que se refiere tanto el BM como el BID, no es lo mismo que el federalismo que se ha venido discutiendo en las dos Cámaras del Congreso de la Unión. Mientras el federalismo busca una participación democrática de los estados y municipios en el manejo de los recursos fiscales, hoy concentradas por el gobierno federal; la descentralización impulsada por estos organismos financieros internacionales, insiste en cambiar las estructuras de financiamiento de estados y municipios a favor de un esquema de mercados de capitales privados, para lo cual se reformarían las condiciones del financiamiento actual llegando incluso a la privatización de la infraestructura municipal y estatal.

De esta manera, federalismo tal como lo propone el PRD y la descentralización que proponen los organismos financieros internacionales, son conceptos diametralmente opuestos.

Para decirlo con todas sus letras, la descentralización que proponen y financian conjuntamente tanto el BM como el BID parte de la teoría de sustituir las obligaciones del Estado, por una caótica e incierta acción del mercado en cuanto a proporcionar servicios públicos a la gente por lo que el fin último de este tipo de descentralización es abrir nuevos mercados para el capital financiero, incluyendo al extranjero.

Las supuestas bondades que produciría el programa de descentralización del BM, tales como la disciplina fiscal de gobiernos estatales y municipales, la mejoría en la prestación de servicios públicos en el ámbito local; así como el acceso al financiamiento directo por parte de estos gobiernos, pueden obtenerse con una mejor regulación federal, estatal y municipal.

Se podría establecer una mayor vigilancia por parte de los organismos fiscalizadores de los poderes Ejecutivo y Legislativo y con métodos efectivos de sanción contra actividades de corrupción. Todo ello en el marco de un mayor juego democrático, las autoridades pertenecientes a un partido político que no cumplieran las promesas y expectativas de la población perderían las elecciones en el periodo siguiente, todo esto sin necesidad de llevar a cabo la descentralización, privatización que impulsa el BM conjuntamente con el BID.

Espero que este artículo provoque una reflexión y alerte tanto al Congreso local como a los organismos de la sociedad civil para no avanzar en proyectos que conduzcan a una descentralización al estilo del Banco Mundial, del BID y el FMI, para quienes las consecuencias sociales de sus propuestas son muy secundarias. Es cierto que todavía tenemos un gran trecho por avanzar para limpiar y ordenar la casa, esto es, para mejorar la administración gubernamental y prestación de servicios públicos en los tres ordenes de gobierno, pero el camino no es este tipo de descentralización.

¿Tienen conocimiento de este asunto, tanto Zeferino Torreblanca, como Armando Chavarría y Félix Salgado Macedonio, quienes aspiran a gobernar nuestro estado a partir del 1 de abril del 2005? Es importante discutir abiertamente este complejo tema ya que podemos ganar las elecciones, pero tener un gobierno atado de manos, sujeto a los vaivenes de los grandes centros financieros internacionales. Si nuestro grupo parlamentario en la Cámara local votó a favor de este tipo de endeudamiento es un error, que todavía puede ser subsanado.