Contribuir a la defensa de la libertad de expresión, propósito del relator Bertoni

 * Reglamentar el manejo de los recursos públicos destinados a los medios, legislar sobre el secreto de las fuentes de información, despenalizar el trabajo informativo, agresiones físicas y la situación laboral de las mujeres periodistas, entre los planteamientos al funcionario de la CIDH en su primera visita a México

 Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * Antes de una reunión de trabajo con periodistas y defensores de derechos humanos de Guerrero, el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Eduardo A. Bertoni, manifestó que el propósito de su visita a México y en particular a Guerrero es contribuir a la defensa de la libertad de expresión.

Dijo que esa instancia de la OEA hace un monitoreo de la libertad de expresión, con base en la información y datos que los afectados aportan, y señaló que la libertad de expresión “es piedra fundamental para la democracia, y es necesario defender la libertad de expresión día a día”.

En esto coincidió con el rector de la UAG, Nelson Valle López, quien participó en el acto de apertura de la reunión de trabajo del relator con periodistas de Guerrero.

En el cierre de su discurso, el rector dijo que para que haya transición a la democracia en México es necesario que se aclaren las desapariciones forzadas de los años 70, las masacres de Aguas Blancas y El Charco, y en los estados vecinos de Acteal y Agua Fría, y manifestó al relator: “Espero que su presencia contribuya a fortalecer la libertad de expresión, no solamente en Guerrero, sino en el país”.

Bertoni informó que ésta es una visita oficial de la Relatoría, invitada por el gobierno mexicano, en la que se reuniría con periodistas, organizaciones no gubernamentales y funcionarios públicos.

Dijo que viajó a Guerrero con el interés de recibir testimonios directos de periodistas y funcionarios locales.

En Chilpancingo tenía programadas por la tarde reuniones con el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, Juan Alarcón, y con el secretario general de Gobierno, Luis León Aponte y el procurador de Justicia, Jesús Ramírez Guerrero.

En entrevista con reporteros, Bertoni dijo que la Relatoría para la Libertad de Expresión da seguimiento en México a la resolución que emitió la CIDH en 1998 sobre la necesidad de revisar la legislación reglamentaria de los artículos sexto y séptimo de la Constitución mexicana.

Especificó que son recomendaciones relativas a la implementación de acciones para dar protección a las personas para que se expresan libremente.

Informó que estará en el país toda esta semana y el próximo martes ofrecerá en la ciudad de México una conferencia de prensa en donde realizará una  declaración sobre la situación de ese derecho, es decir sobre las violaciones a la libertad de expresión y violaciones al ejercicio periodístico.

Precisó que esta etapa de su visita a México es para recolectar información, “y tratar de contribuir mediante sugerencias a que el derecho de la libertad de expresión se afiance y se fortalezca”.

Sobre las denuncias recurrentes recibidas anteayer en la ciudad de México y ayer en Chilpancingo, dijo que fueron sobre la vulnerabilidad de la libertad de expresión, en particular denuncias que tienen que ver con detenciones de periodistas y trabajadores de la comunicación social, causas por difamación penal, citaciones a periodistas para revelar su fuente de información, y le han presentado casos  de asesinatos de periodistas en los cuales analizan los avances en los procesos de investigación judiciales.

Dio a conocer que en 1998, después de una visita a México de personal de la CIDH, emitió recomendaciones que tuvieron que ver con la necesidad de revisar la legislación reglamentaria de los artículos sexto y séptimo de la Constitución mexicana, que son medidas relativas a dar protección a las personas que se expresan libremente.

El permiso a Radio UAG

Aunque el rector Nelson Valle reconoció la necesidad de fortalecer la libertad de expresión, dijo en su discurso que en los años setentas, cuando la UAG “desvirtuó sus fines y propósitos” y llegó a parecerse a un partido político, muchos universitarios y universitarias fueron desparecidos “por que la libertad de expresión en Guerrero y México, durante mucho años lejos de ser atendida fue reprimida”.

Entre los universitarios y universitarias desaparecidos señaló a Luis Armando Cabañas, Jacob Nájera, Victoria Hernández Brito y Jaime López Sollano, de quienes el rector demanda su presentación, como parte del Comité Ciudadano de Apoyo a la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado.

Acerca del caso de radio UAG, radiodifusora a la que desde hace más de 20 años el gobierno federal le ha negado el permiso necesario para desarrollarse con libertad de acuerdo con las leyes mexicanas, que fue presentado en la reunión de periodistas con el relator, Nelson Valle manifestó que espera que la visita de Bertoni sirva para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no niegue más el permiso de transmisión a la emisora universitaria.

Denuncias de periodistas

En la reunión, el director del periódico El Sur, Juan Angulo, expuso que en un estado como Guerrero, donde la principal fuente de ingresos de los medios son los contratos de publicidad del gobierno, el principal obstáculo a la libertad de expresión es el manejo discrecional de los recursos públicos por parte de los gobernantes para controlar a los medios e influir en su línea editorial.

Expuso el caso del periódico El Sur, con el que el gobierno de René Juárez Cisneros canceló la contratación de publicidad y suspendió pagos a consecuencia de la cobertura de las campañas para las elecciones locales de 2002. Demandó que la Relatoría dé seguimiento a este caso y a otros similares y que recomiende una reglamentación que establezca criterios transparentes para el manejo de recursos públicos destinados a los medios de comunicación.

En otras prácticas gubernamentales que vulneran la libertad de expresión presentó casos de intentos por obstaculizar el acceso a la información de actos públicos del gobierno estatal y a zonas con presencia del Ejército.

También informó sobre citatorios del Ministerio Público a la reportera Maribel Gutiérrez, en 2002 y 2003, para que revele sus fuentes de información en relación con el asesinato de la abogada Digna Ochoa y la petición de la reportera a la Procuraduría de Justicia del Estado para que determine el no ejercicio de la acción penal en una denuncia penal a raíz de ese trabajo.

En represnetación del Sindicato de Mujeres Trabajadoras de los Medios de comuniacción, Araceli García habló de los salarios raquíticos y la falta de prestaciones sociales a las periodistas.

El secreatrio general de la sección 17 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, Pedro Arzeta, expuso casos de agresiones a sus agremiados, y denunció que el asesinato de Abel Bueno León, perpetrado en 1997, no ha sido esclarecido totalmente ni castigados los autores intelectuales, y se refirió a una carta del periodista antes de morir en la que señala amenazas que recibió del ex secretario de Gobierno, Rubén Robles Catalán.

De la Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero, Alejandro Mendoza Pastrana denunció que en abril de este año fue interrogado en la Procuraduría de Justicia para que revelara sus fuentes de información acerca de la empresa constructora Torreblanca, beneficiada con contratos del gobierno estatal, y que es propiedad de un pariente del gobernador.

El director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera, expuso un documento en el que se incluyen denuncias de agresiones a periodistas y a defensores de derechos humanos, especialmente en las comunidades donde hay presencia de tropas del Ejército. Habló también de las amenazas anónimas a defensores de derechos humanos en Guerrero derivadas del ejercicio de la libertad de expresión.

Entre las demandas, Abel Barrera planteó en particular “el pronunciamiento del relator en torno a la  militarización que violenta el derecho a la información e inhibe el ejercicio pleno de la libertad de expresión y solicitar al Estado mexicano que no limite la información relacionada con las actuaciones del Ejército mexicano”.

En la Codehum, 29 quejas

Según un boletín de presna de la Codehum, el ombudsman Juan Alarcón recibió por la tarde a Bertoni, a quien le informó que desde que se creó el programa de Atención de Agravios a Periodistas se han recibido 29 quejas, como resultado, se han emitido seis Opiniones y Propuestas, 15 han sido acuerdos de archivo, dos fueron turnadas a la CNDH, tres están en trámite y una está para su próxima resolución.

Asimismo ha brindado 31 asesorías a comunicadores.

Alarcón Hernández dijo que la mayoría de estas quejas han sido por el ejercicio indebido de la función pública, y las autoridades responsables en su mayoría son la Policía Judicial, y la Policía Preventiva de los Ayuntamientos.

Señaló al relator la importancia de “despenalizar los delitos que están previstos en el Código Penal y que tienen relación directa con la profesión de los periodistas, como la injuria, la difamación y calumnia, para que pasen al códigos civiles. Asimismo  dijo que es necesario legislar a favor del secreto profesional de los comunicadores, para que éstos no estén obligados a revelar sus fuentes de información.