De ultraderecha, la posición de Jiménez Rumbo sobre el aborto, critican activistas

*Reprochan a la diputada del PRD falta de identidad y solidaridad con su género

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La diputada del PRD, Ana Lilia Jiménez Rumbo, ignora sus propios derechos como mujer, defendiendo posiciones fascistas, misóginas y conservadoras de ultraderecha, denunciaron integrantes de la Alianza por una Libertad Libre y Segura, que promueven la despenalización de la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.
En conferencia de prensa, señalaron que con el rechazo a su propuesta, la diputada perredista evidenció desconocimiento, falta de identidad y solidaridad con su género, y como presidenta de la Comisión de Equidad de Género en el Congreso local ha tenido “un comportamiento retrógrada”.
Exigieron que informe sobre las acciones que ha realizado en favor de las mujeres desde la comisión que preside, porque ese espacio fue resultado de la lucha histórica del movimiento feminista y tiene el objetivo de alcanzar la igualdad sustantiva de las mujeres.
Es decir, se constituyó para realizar acciones innovadores y sin precedentes, “no de forma retrógrada como lo ha demostrado la diputada”, que hace dos días presentó los resultados de una encuesta que indica que 58 por ciento de una muestra de 800 personas está en contra del aborto desde el momento de la concepción.
Exigieron que, si tiene desconocimiento sobre lo que significa la comisión que preside, así como de los temas que debe asumir, que se retire y dé paso a quien sí quiera asumir como compromiso propio los derechos humanos.
La feminista María Luisa Garfías Marín cuestionó que la diputada, sabiendo que las mujeres abortan en condiciones inseguras, y cada día tres llegan al hospital de Zihuatanejo —cabecera de su distrito electoral— a pedir atención por complicaciones, mantiene su postura de votar en contra de la iniciativa por una maternidad libre y segura.
La enlace estatal de Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, Nadia Maciel Paulino, indicó que si las mujeres no pueden decidir con quién van a tener sexo y cuántos hijos tener, tampoco van a poder aspirar a otros espacios de decisión.
Asimismo, la representante de Zihuame Xotlametzin, Isabel Dircio Chautla, dijo que en el Congreso local necesitan mujeres que realmente las representen, por lo tanto serán vigilantes de las y los aspirantes en el siguiente proceso electoral.
De los resultados de la encuesta que realizó una empresa privada, y que hizo suya la diputada Ana Lilia Jiménez, señalaron que fue hecha a la medida y orientada a obtener ciertos resultados para justificar la votación contra la propuesta de las mujeres, que por muchos años han exigido la despenalización del aborto.
Sobre la metodología, que dice que fue aplicada a una muestra de 800 personas, subrayaron que no representan ni uno por ciento de la población del estado, por lo tanto no puede ser indicativa de la opinión de los guerrerenses.
Sobre los resultados de la encuesta indican que 51 por ciento de la muestra respondió que la vida de un ser humano comienza desde la fecundación (400 personas de más de 3.5 millones de habitantes del estado), 68 por ciento no está de acuerdo en la despenalización para que la mujer pueda abortar libremente por cualquier razón en las primeras 12 semanas de embarazo; 39 por ciento piensa que el aborto es un delito, y 74 por ciento votaría por partidos cuyos candidatos promuevan la defensa de la vida.
Sin embargo, la feminista Irma Aguirre Pérez cuestionó el método, porque no se indica a qué población estuvo dirigida, los criterios para la selección de preguntas, no hay garantías de la empresa que la elaboró, no viene de una universidad o instituto de investigación confiable, y se presenta como una verdad absoluta.
Recordó que la empresa recibió un pago para hacer este trabajo “y su chamba es vender opinión, es una encuesta pagada que responde a los intereses de quien la solicitó; tal parece que es una encuesta hecha a modo con preguntas cerradas que inducen a dar una respuesta que se quiere obtener, y no una encuesta de interés científico y transparente”.
Enfatizaron en que a la diputada Jiménez Rumbo no le interesa la salud de las mujeres, y es una amenaza para  las ideologías progresistas y de izquierda que están establecidos en los estatutos de su propio partido, porque piensa que toda mujer que enarbole el derecho a decidir sobre su embarazo será perseguida como delincuente y castigada con cárcel por considerarla asesina.
Insistieron en que la encuesta violenta la obligación del Estado mexicano y del gobierno del Guerrero a garantizar, respetar y proteger los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, como se establece en el artículo primero constitucional.