Se enfrentan verbalmente colonos con comandante de la Policía Auxiliar

 Raquel Santiago Maganda * El conflicto por la ocupación de 12 hectáreas en la colonia Alta Costa Azul entre los precaristas y las autoridades se incrementó debido a la imprecisión que existe para delimitar la reserva natural del parque nacional de El Veladero.

Ayer el comandante de la Policía Auxiliar del estado, Alfredo Marín Espíndola, acudió con un grupo de soldados para realizar otra inspección ocular en el asentamiento irregular que desde hace más de 30 años ocupan los ejidatarios de Icacos.

Durante la inspección hubo un altercado verbal entre los colonos y el comandante que no derivó en violencia física. Sin embargo, los colonos reiteraron su inconformidad por el hostigamiento que dicen hacer las autoridades con el objeto de que desalojen el área.

El ejidatario José Carrizales Sonido aseguró que las 150 familias que habitan en las 12 hectáreas del terreno cuentan con constancias ejidales, sin embargo, desde que se asentaron en 1980, ha habido varios amagos de desalojarlos del área.

Esa presión se ha incrementado en estas semanas con la presencia del comandante Marín Espíndola, y con la quema de una vivienda por el director de la Policía Ecológica Municipal, Genaro García Jaimes, aseguró Carrizales.

Ayer, durante la conferencia improvisada por un grupo de vecinos que se reunieron para  manifestar su inconformidad, se comentó que existen imprecisiones en la delimitación del parque nacional El Veladero, del que, con el argumento de preservarlo, las autoridades insisten en el desalojo.

La información que da la Policía Auxiliar del estado y la Policía Ecológica municipal es que parte de las familias se encuentran asentadas en la reserva nacional, mientras que los ejidatarios aseguran que el límite está 500 metros más arriba de donde se encuentran y en donde existe un anuncio del Ejército mexicano.

Para los colonos el lograr beneficios a favor de César Bajos Valverde, Roberto Morlett Macho y un extranjero llamado Frank es la única razón por la cual es necesario su desalojo. Pero se quejaron de que a “los ricos” no les piden desalojar el área, como lo informó el colono Juventino Hernández Hernández.

Denunciaron que por fuente de un trabajador de la policía se enteraron de que supuestamente Genaro García recibió 5 mil pesos para que incrementara la presión hacia los colonos. Además aseguraron que el 23 de enero de 1995 la propia Invisur había vendido los lotes de esa área y por esas razones “no estamos invadiendo nada ni somos ilegales porque contamos con los servicios públicos”, dijeron.

En tanto, el abogado de los ejidatarios Plácido Cruz Teodoro informó que recurrirán al amparo para lograr la radicación permanente de los colonos y terminar así con el hostigamiento. Aseguró que existe sustento jurídico con las constancias ejidales y de la Invisur durante la administración de Efraín Flores Maldonado para que se respete la posesión.