Temen familiares de los 12 policías arraigados que los utilicen como “chivos expiatorios”

Jesús Saavedra

Chilpancingo

Familiares de los 12 policías ministeriales y estatales arraigados se mantienen en la incertidumbre a unos días de que se venza el mes de arraigo que ordenó un juez penal para determinar su situación jurídica y decidir si deben ser consignados por el asesinato de dos estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
El próximo miércoles se vence el plazo de un mes de arraigo para determinar la situación jurídica de los policías ministeriales Rey David Cortés Flores, Leticia Pinto Muñoz, Jorge Armando López Ruiz, Víctor Hugo Almazán Domínguez, Ricardo Arévalo Adame e Ismael Matadamas Salinas.
También se encuentran bajo arraigo los policías del estado Santiago Zúñiga Valle, Abraham Santiago Guzmán Alonso, Alex González Castillo, Miguel Cortés Morales, Alejandro Ramírez Neri y Miguel Ángel Moreno Téllez.
Los doce agentes habían sido presentados ante la PGR y éstos fueron enviados de nueva cuenta a la tutela jurídica de la PGJE, a quien un juez le dio un plazo de un mes para determinar si tuvieron que ver o no en el asesinato de los dos normalistas.
Hasta la fecha sus familiares no saben nada del proceso que se les sigue y presuntamente tampoco se ha permitido a sus abogados tener conocimiento de esa acusación y la presentación de elementos jurídicos para evitar que sean consignados ante un juez.
Una de los familiares de los detenidos se quejó este sábado de “la poca información que hay y con el informe preliminar que ha dado la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pues ya sabemos que los van a consignar, que los van a ofrecer como chivos expiatorios para que no haya problema con la federación, pero no se vale”.
Dio a conocer que a sus familiares sólo les han practicado las pruebas de “radizonato, para determinar si dispararon o no, pero no sabemos nada; hay versiones, rumores de que salieron negativos, pero tememos lo peor, que se vayan a la cárcel sin que tengan que ver en estos hechos, y le pedimos al gobernador que no permita o no negocie a gentes inocentes para salvar a su gobierno, que si hay una responsabilidad de otras personas que se investigue, porque sabemos que con inocentes nuestros familiares”.
En la PGJE se ha guardado completo hermetismo desde el pasado 12 de diciembre y nada se sabe del estado que guarda la investigación, menos de las pruebas que se han practicado en las diligencias de esta averiguación previa.