Xavier Carreto A.

Reglas contra la corrupción en el PRD

En el proceso electoral federal del pasado 6 de julio, estuvo en el estado de Guerrero como representante del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el secretario de Relaciones Políticas y Alianzas, Ramón Sosamontes Herreramoro, quien tiene una larga militancia en ese partido. Asimismo, Sosamontes ha ocupado importantes cargos públicos, en representación del PRD, como delegado político en Venustiano Carranza e Ixtapalapa; así como subsecretario de Atención y Apoyo, en la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del Distrito Federal, lo cual le da la experiencia y el conocimiento para saber qué sucede en el seno de la organización política a la cual pertenece y conocer bien a sus compañeros. No está por demás añadir que el miembro del CEN perredista es oriundo de nuestra entidad.

Resultado de este conocimiento y de esta experiencia, el señor Sosamontes está proponiendo la modificación de los estatutos que rigen en este partido para, entre otras cosas, retirar la militancia a los legisladores y funcionarios públicos emanados del mismo, que entren en componendas con gobiernos pertenecientes a otros partidos políticos.

Se prevé, dijo Sosamontes, en entrevista concedida al periódico de circulación nacional Reforma, el pasado 3 de julio, hacer cambios de un estatuto muy rígido ya que el actual tiene muchas cosas laxas que permite los acuerdos de grupos o corrientes, las facultades del CEN son limitadas para sancionar a los estatales que caen en componendas con los gobiernos estatales del PRI.

Nada de cuotas, agrega el perredista guerrerense, en la citada entrevista, o reglas laxas que permiten a comités estatales o diputados locales o regidores aprobar cuentas públicas a cambio de prebendas, o votan en contra de la plataforma o línea política del partido; se trata de acabar con todas esas corruptelas o acciones incorrectas de hacer política dentro del partido. De inmediato serían desafiliados, hay un acuerdo para aquel que no respete la línea o plataforma política del partido, no tienen nada que hacer dentro de él, luego utilizan argumentos para atacarlo, concluye Sosamontes.

La renuncia posterior  a estas declaraciones de Rosario Robles a la presidencia de este partido, con quien Sosamontes tiene una gran identificación, no modifica en lo esencial la importancia de la propuesta de este distinguido guerrerense. 

Me parece, como observador de la política guerrerense, que la propuesta de Ramón Sosamontes viene a subsanar, de ser aprobada, una grave situación en el principal partido de oposición en el estado de Guerrero. Hay testimonios, sobre todo en el caso de los legisladores locales perredistas, de la corrupción existente en el seno del Congreso,  denunciadas de manera reiterada en El Sur, cuando a cambio de prebendas económicas, éstos aprueban iniciativas de ley, puntos de acuerdo parlamentario, cuentas públicas, nombramientos de funcionarios, entre los hechos más conocidos.   

No menos grave ha sido la actuación de algunos ediles perredistas, en los principales ayuntamientos de la entidad, en donde se sabe que también obtienen beneficios económicos por someterse a los alcaldes en turno, no importándoles traicionar la confianza depositada en ellos por  los electores, ni afectar la imagen de su partido como defensor de las causas del pueblo.

El asunto no es nuevo ni únicamente atribuible a los integrantes de la fracción perredista, en la vigente quincuagésima séptima legislatura o a los actuales regidores,  sino que viene de más atrás. En el caso del Congreso local, tenemos que, al menos, desde la quincuagésima quinta, cuando el PRD empieza a tener una presencia importante de diputados. Es en esta legislatura, teniendo a Saúl López Sollano, como coordinador del grupo parlamentario, cuando se aprueba, al margen de la ley, la designación del actual diputado federal, Manuel Añorve, como presidente municipal de Acapulco. Así también son estos mismos legisladores, por supuesto, quienes aprobaron las cuentas públicas del entonces gobernador Angel Aguirre. No se sabe, por otro lado, que se hayan opuesto a sus iniciativas.

Respecto a los miembros de la quincuagésima sexta legislatura,  pertenecientes al PRD, que concluyó sus funciones en noviembre del 2002, su papel fue también de sometimiento al Ejecutivo. Eso sí, como todos los anteriores, a cambio de resolver sus problemas personales.

En un documento reciente de circulación interna en el PRD, con el cual se informa del proceso electoral federal del 6 de julio, se concluye que este partido está en constante conflicto y sin una propuesta de gobierno ni estrategia de crecimiento. A esta aseveración propia, los perredistas que ostentan cargos de elección popular, no deben añadirle el cuestionamiento a su integridad personal.

No solamente el PRD tiene la obligación de superar los vicios de quienes lo representan en cargos de elección popular o puestos administrativos, a través de modificar sus estatutos y de aplicarlos con rigor, sino los demás partidos políticos tienen la misma responsabilidad, si quieren seguir contando con el voto de los electores y que éstos no se alejen de las urnas como viene sucediendo con mayor frecuencia en los últimos procesos electores.