Firman un convenio para resolver el conflicto entre Acatepec y Zapotitlán

 * Buscarán la conciliación de los comuneros de ambos municipios y que se cumpla el acuerdo de distribución de las tierras en disputa

 Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * El titular de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Florencio Salazar Adame, y el gobernador René Juárez Cisneros, firmaron ayer un convenio con el que se pretende resolver el conflicto agrario entre comuneros del municipio de Zapotitlán Tablas y Acatepec que se diputan la posesión de mil 700 hectáreas de tierras.

El acto se realizó en Casa Guerrero y formó parte de una gira que el secretario de la Reforma Agraria realizó por Guerrero, que incluyó también una visita al municipio de Tepecoacuilco en donde entregó 7 mil 444 certificados agrarios a 4 mil 650 beneficiados de 26 núcleos agrarios.

La firma del documento denominado Convenio de Coordinación para Apoyar la Solución de los Conflictos Agrarios busca resolver el problema por la posesión de mil 700 hectáreas de tierras entre comuneros de estos dos municipios que tienen más de 50 años y ha causado hechos violentos.

Simultáneamente se integró un grupo de trabajo que será operado por la propia SRA. El grupo interinstitucional será coordinado por Juan Gatica González por parte de la dependencia federal y por el subsecretario para Asuntos Agrarios del gobierno estatal, Esaú Tapia, quienes darán seguimiento a las acciones que se realicen para la solución del conflicto.

El grupo institucional que dará seguimiento a la solución del caso está integrado por representantes de la propia SRA, la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (Sagarpa) y el gobierno del estado.

En el diagnóstico realizado por personal de la SRA se reconoce que el conflicto entre los comuneros de Zapotitlán Tablas y Acatepec “se ha identificado como un asunto de trascendencia y de atención prioritaria” y que por ello es de interés del gobierno federal en coordinación del gobierno del estado “establecer mecanismos para la atención de este asunto en particular”.

La propuesta de atención al conflicto fue planteada en la misma reunión por el coordinador del grupo institucional, Juan Gatica González, y establece que el grupo interinstitucional se reunirá con las partes para proponer vías de solución entre las que se encuentran la aplicación de un programa integral, la integración de una mesa de conciliación con las partes en conflicto, así como promover el cumplimiento del convenio del 24 de septiembre de 1998, ratificado en el Tribunal Unitario Agrario, en el que las partes se distribuyen las hectáreas en conflicto en un 40 por ciento para los comuneros de Acatepec y el 60 por ciento para los de Zapotitlán Tablas.

Asimismo, se propone definir una propuesta de oferta institucional para los poblados involucrados, restablecer las acciones de coordinación y concertación, así como operar una estrategia de difusión de los gobiernos federal, estatal y municipal.

Las líneas de acción que se propone el grupo institucional y que se establecen en el convenio serán la atención de la conciliación agraria en forma permanente, asignar a los comisionados de las dependencias participantes para que el seguimiento “sea consistente” y declarar sesión permanente por parte del grupo de trabajo en el lugar del conflicto y conforme a un calendario consensado con las comunidades.

De entrada se establece asimismo que las instituciones participantes en el grupo de trabajo propondrán que las áreas de conflicto se respeten por ambas partes “de manera tal que se pueda constituir una propuesta de solución conjuntamente con las comunidades involucradas”.

El problema por la posesión de las mil 700 hectáreas de tierras tuvo su momento más álgido en marzo pasado cuando los comuneros de ambos municipios se armaron con machetes y palos, e incluso algunos con armas de fuego y amenazaban con enfrentarse, ello luego de que los comuneros de Acatepec cerraron con alambre de púas el 40 por ciento de las mil 700 hectáreas de tierras que dicen que les corresponden, mientras que los de Zapotitlán Tablas, quienes reclaman el total de las tierras, fueron y retiraron la cerca.

En su intervención Salazar Adame dijo que conflictos como éste cuya existencia es superior a los 50 años obedecen a que “no han tenido una atención constante, ha faltado capacidad de maniobra en las representaciones locales y a que frecuentemente la multiplicidad de atención de los temas que son objeto del sector obliga a que se atiendan otros asuntos y se dejen de atender los que supuestamente se están resolviendo”.

Informó que el gobernador del estado entregó al secretario de Gobernación Santiago Creel el año pasado un paquete de 29 problemas agrarios que existen en Guerrero y que son prioritarios para el estado.

Dijo que la dependencia revisará estos casos “de una manera constante y con apoyo de recursos presupuestales” y agregó que lo deseable es que los casos más delicados pudieran resolverse en el transcurso de este año, como es el de Acatepec y Zapotitlán Tablas.

Salazar Adame señaló que la solución de los conflictos agrarios es fundamental para generar el desarrollo rural, toda vez que señaló que una de las causas de la pobreza en el campo son los conflictos que evitan que se aprovechen recursos naturales, que se apropien adecuadamente los programas de carácter social y porque los conflictos distraen tiempo y recursos y hace que se pierdan los objetivos que originalmente se tienen propuestos.

Por su parte el gobernador René Juárez dijo que el modelo de estrategia de solución al conflicto de Zapotitlan con Acatepec “implica el seguimiento también al resto de los asuntos para solucionarlos a cabalidad con la aceptación y el acuerdo de los comuneros o ejidatarios”.

Indicó que el gobierno estatal aportará los recursos que sean necesarios para la solución de los conflictos “a efecto de que evitemos desencuentros o confrontaciones entre nuestros paisanos guerrerenses”.

Reconoció que el esquema seguido para resolver el conflicto entre Zapotitlán Tablas y Acatepec es “satisfactorio”.

Al finalizar su intervención, el gobernador René Juárez fue cortés con su ex secretario de Gobierno, con quien tuvo desencuentros cuando buscó hace tres años la diputación federal sin conseguirlo: “Agradezco al secretario de la SRA que venga personalmente a atender estos asuntos. Florencio Salazar, esta es tu casa, te tenemos afecto. Me da gusto que un guerrerense como funcionario del gobierno de la República tenga oportunidad de servir a sus paisanos”.

En una conferencia de prensa que ofrecieron Florencio Salazar y René Juárez –en la que todas las preguntas fueron para el funcionario federal– el secretario de la Reforma Agraria dijo que la dependencia aún no tiene una cifra destinada para resolver los conflictos agrarios “porque todo va a depender de cómo se dé la conciliación entre los grupos en conflicto”.

Sin embargo dijo que la SRA tiene los recursos necesarios para que haya soportes y se resuelvan los problemas.

Informó que la dependencia que encabeza tiene detectados hasta ahora 422 conflictos agrarios en todo el país y que de ellos 14 están considerados como “focos rojos”. Señaló que los 422 conflictos son “focos amarillos”, pero que pueden cambiar de color.

Señaló que para resolver los 422 conflictos y los 14 “focos rojos” se requieren recursos de aproximadamente 4 mil millones de pesos.

El funcionario federal señaló que con respecto a los conflictos agrarios que existen o que pudieran surgir en los municipios declarados autónomos por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, la dependencia intervendrá sólo si se lo piden las partes en conflictos.

“En la medida que las comunidades deseen o soliciten nuestra participación, por supuesto que lo haremos, independientemente del status social o político que tengan cada uno de ellas”, indicó.

Por otra parte, Salazar Adame dijo que el pago por el juicio que la SRA perdió ante el despacho del senador panista Diego Fernández de Cevallos, “es una obligación jurídica ineludible” de la dependencia y que el primer pago se ha hecho a través de un billete bancario depositado en un juzgado de la ciudad de México el 5 de abril pasado.

Señaló que este año se cubrirá lo equivalente a 30 millones de pesos, mientras que el resto de los poco más de mil millones de pesos se pagará en emisiones similares en los años posteriores.