Falso, que la Fiscalía Especial trate de dividir a familiares de desaparecidos

* Las dádivas de las que habla el ex rector de la UAG son créditos para proyectos productivos viables, responde el ex preso político

 El ex preso político y familiar de seis desparecidos de la guerra sucia, Arturo Gallegos Nájera, manifestó que aún confía en que dé resultados la Fiscalía Especial para investigar los crímenes políticos del pasado reciente, a cargo de Ignacio Carrillo Prietro.

Plantea que es necesario que los familiares le proporcionen la información que tengan, y en caso de que no dé resultados para saber la verdad de lo que ocurrió con ellos y se castigue a los responsables, plantea recurrir a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Rechaza abiertamente la propuesta de una comisión de la verdad, porque de acuerdo con experiencias de otros países, generalmente llega gente del medio académico, con interés en usar los recursos o los reflectores de la comisión, pero no en que se conozca la verdad.

Gallegos criticó a las posiciones del ex rector de la UAG, José Enrique González Ruiz, quien en una conferencia en Chilpancingo dijo que el fiscal busca dividir a los familiares mediante dádivas.

Afirmó que lo que se ha dado a los familiares no son dádivas, sino créditos del Fonaes (Fondo Nacional de Empresas Sociales), gestionados por dos personas que han participado en los movimientos en Guerrero: Vicente Estrada Vega y Teresa Franco Vega, que se han preocupado por ayudar a los familiares de los desaparecidos, por medio de proyectos productivos dirigidos a las mujeres, cuando nadie se ha preocupado por saber cómo viven y qué ayuda necesitan.

Expresó: “No estoy de acuerdo con González Ruiz en que la Fiscalía está propiciando dividir a los familiares mediante dádivas. Lo desmiento públicamente, no es cierto. Quiero recordar que la idea de apoyar a los familiares no fue de la Fiscalía sino de Vicete Estrada Vega y Teresa Franco Vega, en una reunión que tuvieron con la Fiscalía y el gobernador donde estuvieron esos compañeros, que aprovecharon la oportunidad para plantear que las dependencias del gobierno abrieran los créditos federales (del Fonaes) para hacer proyectos productivos viables.

“Yo estoy de acuerdo con esos créditos porque hasta ahora nadie se ha preocupado por ver cómo viven los familiares. Y no es ninguna dádiva, los van a pagar”.

Tampoco está de acuerdo en que la Fiscalía presiona a los familiares para que den información.

En entrevista telefónica, Gallegos reconoció que la Fiscalía Especial “se ha visto lenta”. Explicó que esa instancia fue creada para investigar la represión al movimiento del 68 y la guerra sucia de los años 70, pero después de su creación le han llegado muchos casos de los años 80 y más recientes, para los que la Fiscalía no tiene recursos ni capacidad de investigar.

“La Fiscalía Especial se tiene que abocar al 68 y a la guerra sucia de los 70. Si la Presidencia tiene voluntad política para resolver casos de los 80 y más recientes necesita ampliarla porque los agentes del Ministerio Público que tiene la Fiscalía no son suficientes; eso me consta porque yo he tratado de colaborar con la fiscalía, dando datos sobre mis familiares desaparecidos”.

Considera que al aceptar denuncias de otros casos, como el de Aguas Blancas, la Fiscalía Especial “lo que hace es crear cortinas de humo y falsas esperanzas a los afectados”.

Sobre la propuesta de la comisión de la verdad, en la que insiste González Ruiz, lo mismo que otros familiares, Gallegos opinó: “Yo exijo la verdad histórica. No estoy de acuerdo en crear la comisión de la verdad porque se presta a manoseos. Yo creo que hay que dar oportunidad a la Fiscalía a que trabaje y si no funciona tenemos el derecho de cuestionarla y exigirle a Fox más seriedad.

“La comisión de la verdad se presta a que haya gente que quiera estar ahí, aparecer en nómina y manejar los recursos. Yo exijo estar pendientes para que no vengan vivales a medrar con el dolor ajeno”.

Aunque afirma que en el caso de sus familiares sí hay avances en la investigación, plantea que si la Fiscalía no da resultados, lo que procede es acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.