Denuncian usurpación del comisariado del ejido de Santa María, en La Unión

Brenda Escobar, corresponsal, La Unión * Campesinos del ejido de Santa María en este municipio advirtieron al gobierno del estado que de no intervenir para frenar la usurpación de funciones que está realizando un ejidatario y que además de manera ilegal está vendiendo derechos agrarios protegido por el delegado de Gobierno en la Costa Grande, Armando Federico González Rodríguez, “correrá sangre” en la comunidad.

Pidieron “que el gobernador nos atienda, que estamos demandando justicia y que nos haga caso porque de lo contrario vamos a ir tras esa gente y a como dé lugar le vamos a quitar las credenciales y los sellos para que no se sigan burlando de nosotros”.

El jueves, ejidatarios de Santa María, acudieron ante reporteros y corresponsales en esta ciudad, para denunciar que están cansados de que ninguna instancia de gobierno les soluciona el conflicto que tienen desde el 2001 contra el señor Benito González Álvarez, quien se hace pasar como presidente del comisariado ejidal.

El ejido de Santa María, en el municipio de La Unión es rico en material pétreo que es aprovechado principalmente por la empresa Sicartsa.

Los campesinos Maximiliano Andrade Álvarez, Margarito González y Valente Llanos expusieron que el conflicto actual del ejido es por la titularidad de la representación ejidal que se encuentra en poder de un pequeño grupo que encabeza Benito González Álvarez, quien actualmente está vendiendo derechos agrarios por 70 mil pesos cada uno.

Valente Llanos refirió que el 17 de marzo del 2001 se celebró con todos los requisitos de ley, la asamblea general de ejidatarios con 48 campesinos que conforman el ejido, más la parcela escolar y la unidad agrícola de la mujer.

Dicha reunión fue para la remoción de la mesa directiva, quedando como comisariado ejidal Guadalupe Marroquín Álvarez y como tesorero José Cruz Álvarez González y en el Consejo de Vigilancia, Margarito González Méndez.

Relató que días después, se presentaron en el Registro Agrario Nacional para registrar el acta de asamblea “y nos llevamos la sorpresa de que ya había otra acta registrada por Benito González que era ficticia y además, ilícita, con firmas falsificadas de ejidatarios y sellos del ejido y que el RAN, sin ninguna investigación, aceptó 60 mil pesos por la agilización de ese trámite”.

Dijo que González Álvarez no es ejidatario, pero que ostenta desde ese entonces el cargo de presidente del comisariado ejidal con credencial expedida por el RAN, pero sin el aval de la asamblea general.

Además, el comisariado ilegítimo ha dado de baja a 33 ejidatarios, quienes no pueden cobrar el apoyo del programa federal Procampo, pero tampoco se pueden ejecutar en este ejido ningún tipo de programa de desarrollo económico y social para los ejidatarios precisamente por el conflicto que persiste.

Ayer jueves, los ejidatarios señalaron al delegado de Gobierno en la Costa Grande, Armando Federico González Rodríguez, de estar apoyando a Benito González, y que personalmente lo ha acompañado a sostener reuniones con el secretario de Gobierno, Luis León Aponte, “para negociar o quizá para ofrecerle parte de las ganancias que está obteniendo por vender derechos agrarios a gente que ni es de la región ni mucho menos campesina”.

Los campesinos hicieron un llamado al gobernador del estado, René Juárez Cisneros, y a las autoridades del Registro Agrario Nacional a tomar en serio la problemática del ejido de Santa María porque dijeron, “somos gente pacífica, pero nos estamos cansando de ver cómo gente sinvergüenza se está enriqueciendo cobijada por funcionarios como Armando Federico González mientras que nuestra gente se está muriendo de hambre”.