Pareciera que los de la Policía Judicial son los delincuentes, dice el procurador

 * El diputado Ramiro Alonso denunció las agresiones que sufrió de agentes de la PFP

 Gregorio Urieta, corresponsal, Ciudad Altamirano Durante la realización de la Audiencia Pública en materia de procuración y administración de justicia, el procurador de Justicia del estado, Jesús Ramírez Guerrero, recibió las quejas de siempre: abuso de las corporaciones policíacas y corrupción y negligencia de los agentes del Ministerio  Público. A su vez, dio las mismas instrucciones de siempre: a los agentes del Ministerio Público y al delegado de la PGJE para que reciban y atiendan a los quejosos y se comprometió a recibir a otros en su despacho a partir del próximo lunes.

Al final, y como fiel reflejo de lo que fue la reunión, el procurador dijo que “pareciera que las corporaciones y la Policía Judicial son los delincuentes”.

Nadie en la reunión trató el tema del comandante regional de la Policía Judicial del Estado, Federico Peredo Jiménez, quien estuvo allí presente y es acusado de diversos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, lo que originó la recomendación 019/2002 del 14 de marzo de ese año de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero, en la que se solicita a la PGJE cesar en sus funciones a Peredo Jiménez, quien ha sido objeto de otras dos recomendaciones de la propia Comisión por delitos similares, sin que ninguna haya sido aceptada y cumplimentada por la PGJE.

Además, el mes pasado, ciudadanos de los municipios de Zihuatanejo y La Unión presentaron quejas por abuso de autoridad, torturas, extorsión y otras irregularidades contra Peredo.

A la reunión asistieron, además del procurador, la subprocuradora Violeta Parra, los agentes del Ministerio Público adscritos a los distritos judiciales de Mina y Cuauhtémoc, y los auxiliares adscritos a los municipios. El delegado regional de la PGJE en la región, Jesús Alemán del Carmen, el delegado regional de la Policía Federal Preventiva, Hugo Tinoco Gutiérrez, y el responsable de esa dependencia en la región, Tomás Reyes Trejo, quien no participó en ningún momento y se limitó a observar en silencio, ubicado atrás de su superior.

Estuvo también el Agente del Ministerio Público Federal con sede en Coyuca de Catalán y el delegado regional del gobierno del estado, Isabel Jiménez Luciano. También los presidentes municipales de Arcelia, José Calderón Castillo; de Tlapehuala, Gregorio Víctor Bravo; de Ajuchitlán, Esteban Vergara Chamú y el de Coyuca de Catalán, Alfonso Manjarrez Gómez.

El anfitrión de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte, cauto, optó por nombrar en su representación al regidor de Seguridad Pública, Alejandro Urióstegui, quien recibió todas las quejas en contra del alcalde.

Fueron muchos los asuntos, reclamos y acusaciones planteados a las autoridades de procuración de justicia, pero el que ocupó mayor interés de los asistentes fue el caso expuesto por Ramiro Alonso de Jesús acerca de la agresión de que asegura, fue objeto de parte de oficiales de la PFP en esta localidad, y que diera origen a un pronunciamiento de protesta de parte del Congreso local, dirigido a las autoridades de la PFP.

Alonso de Jesús aseguró que ha sido objeto de amenazas de parte de policías federales preventivos, que han rondado su domicilio y le han enviado mensajes en el sentido de que “ya le pare”.

Allí mismo, el ex diputado local por el PRD, Misael Medrano Baza, aseguró que “curiosamente” los defensores y abogados de los elementos de la PFP son “conocidos delincuentes de la región, no los ciudadanos”.

En defensa de la PFP salió quien menos se esperaba, el ex dirigente municipal del PRD en Pungarabato y ex precandidato a diputado local, y catedrático del ITA 25, José María Aburto Duarte, quien calificó a Ramiro Alonso de mentiroso y dijo que el ex diputado Jorge Albarrán Jaramillo y un ex presidente de Tlapehuala, le pegaron por mentiroso, y señaló que los de la PFP lo han detenido pero que siempre se comportan de manera correcta.

Para los agentes del Ministerio Público, especialmente para los que han estado adscritos al distrito judicial de Mina, y los jueces penales, hubo varias quejas por corrupción y obstrucción de la justicia.

También, el director de Seguridad Pública de Zirándaro, Ramón Herrera Benítez, les dijo que hace varios meses quitaron los policías del estado que estaban radicados en el municipio, y sólo dejaron al comandante Adrián Estrada Bustos, y pidió que “le regresen los elementos o que se lo lleven para allá. No tenemos porqué estarlo manteniendo de balde”.

Dijo que el agente del MP auxiliar, Miguel Ángel Cuevas Aparicio, no se pasa en Zirándaro y denunció el intento de extorsión de que fue objeto un chofer del alcalde de Zirándaro de parte de la PFP, cuando el pasado martes cargaba gasolina para uso del ayuntamiento y llevaba un oficio de comisión, al que no tomaron en cuenta los oficiales de la PFP.

Los comerciantes del callejón Allende también se manifestaron en contra del alcalde Ambrosio Soto Duarte y exhibieron pancartas de protesta en las que pedían que el alcalde los deje trabajar y les permita seguir vendiendo en la avenida.

Exigieron la renuncia del presidente del Consejo Ciudadano de Procuración y Administración de Justicia en el municipio, Enrique Arellano, señalando que es juez y parte, ya que es notificador de la oficina de Reglamentos.

César Salinas, dijo que el alcalde de Pungarabato es cerrado y anda jodiendo más a los jodidos. “Quiero que le diga al gobernador que mi presidente municipal está enloquecido, que a los inteligentes los apendeja y a los pendejos los vuelve locos”, pidió Salinas al procurador Jesús Ramírez Guerrero.

De las acusaciones recibidas, el delegado regional de la PFP insistió siempre en sus contestaciones que los que acusan deben probar. Un denunciante, René Romero Arellano, les dijo que “si quieren pruebas allí están en mi expediente”.