Apoyan Coparmex y Concamin a López Rosas por los desalojos de ambulantes

 * Solicitó Javier Meza Montano programas paralelos para generar empleos que protejan a los comerciantes semifijos

 Los representantes de la Coparmex y Concamin, Jorge Bajos Valverde y Javier Meza Montano, respectivamente, consideraron que el desalojo de vendedores ambulantes de la vía pública es una acción para mantener el Estado de derecho y tratar de regular a un sector que no paga impuestos.

Consultados por separado, Jorge Bajos Valverde manifestó su respaldo a la administración municipal en materia de desalojo de la vía pública para contrarrestar el comercio informal que, aseguró, representa el no pago de impuestos, la posibilidad de venta de mercancía robada o mercancía ilícita y no tienen ninguna prestación de seguridad social.

Reiteró que “independientemente de la competencia desleal del comercio establecido, tenemos que vivir en un país dentro de la legalidad se apoyan este tipo de medidas”, y aseguró que es “bueno que se continúe para mantener el Estado de derecho y legalidad, no creo que se deba politizar esto sino porque es un reclamo de todas las personas”.

Para el dirigente de la Coparmex todas los acuerdos incluidos entre los líderes de los comerciantes ambulantes y el ayuntamiento tienen que estar apegada al derecho y dentro de la ley, y eso incluye el apego a las disposiciones “que nos hacen cumplir a nosotros como empresarios” .

Para el representante en el estado de la Concamin, Javier Meza Montano, las leyes y reglamentos son genéricos. Comentó que de la misma manera que a los empresarios se les regula para estar legales, los ambulantes y semifijos deben acatarse porque si la ley no los reconoce se les debe aplicar una sanción.

También manifestó su respaldo al proceso de regulación en la vía pública al mencionar que a los mismos comerciantes establecidos les tocan operativos de revisión de la licencia de funcionamientos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Pero también solicitó programas paralelos de proyectos para generar empleos conforme a la ley y derecho, para que de esta manera los comerciantes semifijos sean protegidos con un trabajo digno y así evitar la delincuencia; agregó que los puestos que estas personas atienden son propiedad de otras personas que no les dan seguridad social, no pagan impuestos e infringen la ley.

Para esto, sugirió que el alcalde Alberto López Rosas debe considerar a los organismo para la creación de programas con proyectos productivos porque “la política económica debe ser emitida por los organismos empresariales y no los políticos que no tienen idea de la creación de empleos con empresas”. (Raquel Santiago Maganda).