Lleva la UPOEG al gobierno actas de siete ayuntamientos que reconocen a la Policía Ciudadana, pero no los reciben

*Tiene el aval en Juan R. Escudero, Tecoanapa, San Marcos, Ayutla, Cruz Grande, Cuautepec y Marquelia, informa Bruno Plácido

La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y comisarios municipales llevaron al gobierno del estado las actas de cabildo de siete municipios, la mayoría de Costa Chica, que avalaron la integración de la Policía Ciudadana en su estructura de gobierno.
El subsecretario de gobierno que recibiría la documentación, Misael Medrano Baza “salió de urgencia” a Acapulco, justificó el líder de la organización que fundó el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadano (SSJC) de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio.
Al salir del edificio, el dirigente recordó que para regular a la autodefensa como un sistema de seguridad comunitario, que no se quiso alinear a la Policía Rural del gobierno estatal, se acordó con el titular del poder Ejecutivo, Ángel Aguirre Rivero, que se iban a subordinar a los gobiernos municipales para que fueran reconocidos por el Estado.
Aunque las autoridades se comprometieron a hablar y convencer a los alcaldes, aclaró que no lo hicieron y la UPOEG consiguió el aval de los municipios de Juan R. Escudero, Tecoanapa, San Marcos, Ayutla, Cruz Grande, Cuautepec y Marquelia.
Añadió que aún no han hablado con los alcaldes de los municipios de Acapulco y Chilpancingo, Luis Walton Aburto y Mario Moreno Arcos, donde también hay comunidades con Policía Ciudadana –como en Xlatianguis y los pueblos del valle del Ocotito-, porque son parte de otro proceso que se sigue construyendo.
En diferentes momentos estos alcaldes expresaron su desacuerdo con la Policía Ciudadana de la UPOEG, pero Plácido Valerio aclaró que aún no han abordado el tema con ellos, por lo tanto, no se ha descartado.
En cuanto a las reuniones anteriores con Moreno Arcos dijo que fueron para discutir el problema del basurero y un proyecto ecoturístico en el valle del Ocotito.
Informó que después del reconocimiento de esos ayuntamientos, viene una segunda etapa de diálogo con los gobiernos municipales y el estatal, para definir los mecanismos de coordinación y trabajo en seguridad.
Del conflicto interno del SSJC en el valle del Ocotito, que dividió a la población en dos comandancias de la Policía Ciudadana, confió en que todas las autoridades sean conciliadoras  y no abonen a la confrontación, “los que tenemos responsabilidad tenemos que mediar, ser imparciales, no permitir que los conflictos vayan a reinar”.
Por otro lado denunció que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) induce a las personas que en algún momento son detenidas por el SSJC a que los acusen de secuestro, privación de la libertad y abuso de autoridad.
Indicó que sólo en Ayutla hay 10 demandas contra integrantes de la organización. Consideró que la PGJE tendría que buscar acuerdos con los grupos organizados para construir una sociedad más justa.
Se reservó cuántas personas tiene retenidas en el SSJC porque dijo que los casos se concilian y resuelven a través de un consejo de autoridades comunitarias.
“Porque se está trabajando con un sistema de mediación, no de justicia, si hay un conflicto con una persona, el consejo de autoridades concilia, sanciona, resuelve, pero no es justicia, (ahora) sólo hay un proceso de mediación”, afirmó.
De Chilapa, donde la semana pasada hubo dos enfrentamientos a balazos y el miércoles en una marcha por la paz la población denunció que hay 10 personas desaparecidas, indicó que tienen comunicación con pobladores este municipio.
Afirmó que no hay nada concreto, sólo han sido acercamientos y esperan que los ciudadanos se reúnan y reagrupen si deciden tener seguridad por sus propios medios. Precisó que en cada municipio los movimientos evolucionan de forma distinta.
Por otro lado, cuestionó el otorgamiento de medidas cautelares de la PGJE a una vecina de Mazatlán, Romana Campos Vega, detenida por la UPOEG y que luego presentó una demanda por secuestro que llevó a la detención de varios policías ciudadanos, torturados por los policías ministeriales y liberados luego por falta de elementos.
Insistió en que es hermana del jefe de la plaza de Mazatlán, Hermenegildo Campos, El Melo, y las autoridades deberían ser más cuidadosas al otorgar seguridad pública a familiares de delincuentes.
Dijo que este domingo y lunes habrá un taller para promotores de la UPOEG sobre los fundamentos legales que motivaron el juicio por la elección por usos y costumbres en San Luis Acatlán y la consulta que va a organizar el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC, antes IEEG),  para que la población decida si prefiere el sistema de partidos que se usa convencionalmente, o cambia a los métodos de elección de autoridades de los pueblos originarios. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).