Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

* Chilapa, Los Ardillos y Bernardo Ortega

A los 14 muertos que dejaron los enfrentamientos de la semana pasada en Chilapa deben sumarse los diez desaparecidos que fueron reportados en la marcha por la paz realizada antier en esa ciudad, y cuyos casos se desconocían o fueron ocultados por el gobierno para minimizar la crisis a la que súbitamente se vio arrojado ese municipio.
Como lo había hecho antes el secretario de Seguridad Pública Leonardo Vázquez, el gobernador Ángel Aguirre Rivero explicó el martes que los enfrentamientos en Chilapa fueron consecuencia de la disputa que los grupos delictivos Los Rojos y Los Ardillos sostienen por el control del municipio.
“Se trata de una disputa, de una confrontación entre grupos delictivos, en el caso de uno de ellos encabezado por un hombre que apodan El Chaparro y se dice que el otro grupo que ha participado en estos enfrentamientos son Los Ardillos”, dijo Aguirre Rivero. Apremiado por los reporteros, el gobernador tuvo que referirse a continuación al señalamiento de que la banda de Los Ardillos es comandada por los hermanos del presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del estado, el diputado del PRD Bernardo Ortega Jiménez.
Aunque se trata de hechos documentados oficialmente, el gobernador fingió demencia y dijo que el gobierno carece de “elementos” para relacionar a familiares del diputado perredista con la banda de Los Ardillos, pero pareció sugerir que estaría dispuesto a abrir una investigación al respecto “si hay alguien que pudiera presentar una denuncia”, que sería “bienvenida” pues “a mí no me importa de quién se trate ni de qué partido político sea quien tenga una responsabilidad o esté involucrado con la delincuencia organizada, lo único que merece es ser castigado con todo el peso de la ley”.
No es necesario que alguien presente una denuncia, pues hace años que las actividades de Los Ardillos son conocidas y rastreadas por las autoridades federales. El propio procurador del estado, Iñaky Blanco Cabrera, debe conocer muy bien el caso, ya sea que haya entrado en contacto con el tema como delegado de la Procuraduría General de la República en el estado, o como funcionario de la SIEDO.
Para refrescar la memoria del gobernador sobre la trayectoria e identidad de Los Ardillos debe consultarse el comunicado número 615 de la entonces Secretaría de Seguridad Pública federal fechado el 23 de diciembre de 2008. Ahí se informó de la detención de Celso Ortega Rosas y Ubaldo Nava Sandoval por parte de la Policía Federal, ocurrida un día antes en el poblado de Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango. La SSP los responsabilizó de haber participado en el secuestro y homicidio de dos agentes de la Agencia Federal de Investigación, cometido en agosto de 2007 y cuyos cuerpos fueron encontrados en el municipio de Mochitlán.
Celso Ortega Rosas, cuyo apodo La Ardilla dio nombre al grupo, era el padre del diputado Bernardo Ortega, y fue liberado en una fecha desconocida y en circunstancias que no fueron informadas, y finalmente apareció asesinado a balazos el 26 de enero de 2011.
El silencio gubernamental y partidista ha rodeado este capítulo bochornoso en el currículum de Bernardo Ortega, quien pese a esos antecedentes fue presidente del Consejo Estatal del PRD y ahora encabeza el Poder Legislativo del estado. Se comprende que quienes están obligados institucionalmente a esclarecer el caso muestren cierta vergüenza ajena de hablar en público del asunto, como el propio gobernador, pero a pesar de las apariencias incriminatorias el legislador perredista podría ser ajeno a las actividades de sus cercanos familiares. Pero lo que las autoridades no pueden hacer es callar para evitarle un problema al presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso, pues eso se confunde fácilmente con una actitud de complicidad. Tampoco les es posible hacerse de la vista gorda ante un asunto de evidentes y graves implicaciones públicas, aunque es precisamente esto último lo que han hecho tanto Aguirre como el procurador Iñaky Blanco.
Lo inadmisible de estos hechos, además de la violencia y la profusión de sangre, es que los jefes de uno de los grupos delictivos que chocaron en Chilapa tengan un lazo familiar con el diputado que preside el Congreso del estado. Ni el Estado de derecho ni la institucionalidad resisten una carga tan pesada como esa, y la existencia de semejante situación desafía el compromiso que el gobierno contrajo con la ley. Si al gobernador efectivamente no le importa quiénes sean ni a qué partido pertenezcan aquellos que sostienen nexos con la delincuencia, aquí tiene un caso para demostrarlo. Al propio diputado Bernardo Ortega le resultaría benéfico que su nombre fuera limpiado con una investigación oficial. Pero de ningún modo es válido que las autoridades se escuden en el pretexto de que no hay denuncia, o en una presunción de inocencia que ignora antecedentes oficiales, para dejar pasar las cosas. La penetración de la narcopolítica en Guerrero es algo muy serio y no puede ser solapada por quienes se supone la combaten. ¿O finalmente sí le importa al gobernador de quién se trate y a qué partido pertenece?

[email protected]