El fiscal presiona y trata de dividir a los familiares de los desaparecidos

 Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * El asesor de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de México (Afadem), José Enrique González Ruiz, desacreditó el trabajo de la Fiscalía Especial para los Movimientos Políticos y Sociales del Pasado, pues dijo que de los 150 casos que presentó él a la citada Fiscalía no se ha resuelto uno.

En conferencia de prensa ofrecida ayer, el ex rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), González Ruiz, denunció que el fiscal especial, Ignacio Carrillo Prieto, comisionó a enviados suyos para que vinieran a dividir a los familiares de las víctimas de la guerra sucia de los años setentas en Guerrero.

“Lo que la Fiscalía está haciendo es tratar de que las víctimas acepten dinero, desde el primer momento se advirtió la intención y se está volteando el orden de los factores en este tema”.

Explicó que los familiares y la justicia internacional plantean primero la verdad “para saber qué pasó con cada uno de los compañeros o compañeras desaparecidos”, en segundo lugar la justicia con lo que se tiene que castigar a las personas que sean responsables de estos delitos de lesa humanidad y ya en tercer lugar hablar de la reparación del daño que debe ser amplia en términos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, explicó.

Sin embargo dijo que a la Fiscalía “le interesa voltear de cabeza el asunto; primero darles dinero a las víctimas para corromper a algunos para neutralizar a otros y tratar de ablandar a la resistencia y luego abandonar las otras dos fases; la de la verdad y la justicia”.

Por ello González Ruiz dijo que en realidad la Fiscalía “a mi entender no está interesada en resolver el problema de la guerra sucia; es un aparato creado por el presidente Vicente Fox para simular que hay interés de sacar adelante estos asuntos pero hoy no hemos visto ni un solo resultado concreto”, dijo.

Insistió que lo que se requiere es una Comisión de la Verdad integrada por personalidades con solvencia moral, académica y política que se encargue de investigar los hechos, pedir la aplicación de la justicia y exigir la reparación del daño.

En el caso de Guerrero González Ruiz denunció que el fiscal Carrillo Prieto “mandó a uno de sus miembros de su comité de apoyo de nombre Vicente, quien anduvo hablando individualmente con los miembros de familiares de desaparecidos y les anduvo ofreciendo recursos para proyectos productivos, tengo entendido que algunos aceptaron y es una pena porque eso va dividir como en el Caso de Aguas Blancas, que en la última manifestación que hubo en el vado vimos los efectos de esta política de entrega de recursos y de coptación de personas, se fracciona la lucha y aparecen tres o cuatro grupos y al final de cuentas los resultados fueron muy magros”.

–Cuando vino el fiscal le pidió al gobernador que se investigara el caso de los desaparecidos, pero René Juárez designó al procurador de Justicia, Jesús Ramírez Guerrero, que está acusado en la CIDH por la desaparición de personas durante el conflicto postelectoral de 1989 ¿usted qué opina de esto? –se le preguntó.

–Yo recuerdo que doña Consuelo Zacapala, madre de uno de los desaparecidos en la Costa Chica de Guerrero, presentó denuncia en la Fiscalía y en la CIDH, por lo que fue la toma del ayuntamiento de Ometepec en 1989, en donde llegó un cuerpo policiaco descomunal y desalojó y golpeó a la gente, llevándose entre ellos a Andrés de la Cruz Zacapala, el hijo de doña Consuelo; nosotros presentamos la denuncia con Eloy Cisneros.

“En esa ocasión se señaló al actual procurador como uno de los partícipes en esa acción represiva, él entonces al parecer comandaba la policía o tenía algún cargo ahí que le daba mando directo sobre la fuerza pública; así es como entregarle a Lutero “las llaves de la Iglesia”, y da cuenta de la enorme confusión que trae en la cabeza el fiscal ¿cómo le puede pedir a René Juárez que le ayude a aclarar el asunto de los desaparecidos cuando la familia Figueroa, de la que depende Juárez, está implicada en las desapariciones?”.

–Usted que lleva varios casos de desaparecidos en Guerrero ¿qué respuesta le ha dado el fiscal, porque afirmó que dentro de seis meses habrá consignaciones fuertes?.

–Yo asesoro a los familiares de 150 desparecidos, y la verdad no he visto nada serio de la Fiscalía porque a lo que se ha limitado es a presionar a los familiares para que proporcionen información, pero no ha hecho labor de Ministerio Público, ni labor de pesquisa, lo que tiene que hacer el Ministerio Público es investigar para acopiar pruebas, comprobar los hechos que los ciudadanos le ponen en conocimiento y en este caso en lugar de hacer eso presionan a los familiares a que traigan información o que digan con quién se juntaban sus familiares, a eso se ha limitado la Fiscalía.

“La Fiscalía no ha establecido la estructura de mando que existía en el momento de cada desaparición y luego presenta las cosas como del pasado siempre dice que son los delitos del pasado, pero lo cierto es que el caso de Gregorio Alfonso Alvarado López, desaparecido en 1996, aquí en Chilpancingo, cuando salía de las oficinas del Consejo Guerrerense, no es un asunto solamente del pasado y esos casos más actuales la Fiscalía los minimiza y los margina”, dijo.

–¿Los 150 casos que usted lleva sí los reconoce la Fiscalía Especial?

–No nos han dicho nada. Lo que ha tratado de hacer la justicia militar es meter todos los casos del estado de Guerrero, de la Costa Grande, meterlos en un solo paquete y adjudicárselos todos a Acosta Chaparro y a Quiroz Hermosillo, ya que los tienen presos. Dicen que los familiares que pertenecen a Afadem deben acudir a la justicia militar porque ahí se van a ver todos los casos porque los lanzaron de un avión al mar, pero no hay pruebas serias porque no hay datos de personas, nombres, identidades, simplemente hay la declaración de un individuo que se llama Gustavo Tarín, testigo protegido al que le dan muchas concesiones a cambio de que se vuelva delator.

“Entonces Tarín en el Consulado de México en Estados Unidos en Los Angeles, declaró que Acosta Chaparro mató a más de 200 seres humanos con una pistola a la que llamaba la espada justiciera y que luego los cuerpos los echaba al mar, pero la verdad yo no sé si eso tenga credibilidad porque no han dicho la identidad siquiera de alguno de los 200 que mencionan, ni quién los llevó al campo militar y si estaban ahí, qué les hicieron, o quién daba las órdenes para el uso de los aviones”.