Moisés Alcaraz Jiménez

Elecciones interminables  

Guerrero vive desde hace años en permanentes procesos electorales. Sean elecciones constitucionales federales y locales o internas que realizan los partidos para elegir candidatos, el caso es que se ha caído en excesos que han provocado el hartazgo de muchos ciudadanos que ya no quieren saber nada de elecciones y lo expresan alejándose de las urnas el día de los comicios.

Los procesos se extienden ahora interminablemente uno tras otro y ha habido casos en que aún no concluye uno cuando otro ya está en marcha. A esto habría que agregar las prolongadas “precampañas” que ahora realizan los candidatos de todos los partidos, que con voracidad extrema pretenden ganarle la delantera a sus adversarios pensando que con ello tienen más asegurado el triunfo.

Con las lagunas y vacíos que existen en la ley en esta materia y en el nuevo contexto político que hoy tenemos, ahora cualquiera puede, en el momento que se le ocurra, lanzarse en busca de un cargo de representación, no obstante que formalmente los períodos electorales inicien años después.

Nada ni nadie se los puede impedir. El propio presidente de la República puso el ejemplo realizando una prolongada campaña y hace unos días declaró que la carrera por la sucesión presidencial en el 2006 ya inició, cuando aún estamos a más de tres años de esos comicios.

Alguien ha dicho que como los llamados “precandidatos” hacen sus anticipadas campañas con su dinero, tienen todo el derecho de realizar las que quieran en el momento y lugar que quieran. Hans Kelsen decía que todo lo que no está jurídicamente prohibido, está jurídicamente permitido, y los políticos hacen suyo ese razonamiento, pero a lo que no tienen derecho es a saturar incesantemente a la ciudadanía con mensajes demagógicos, sin contenido, repetitivos y trillados, a vanalizar la política, a trivializarla y a deteriorarla con sus permanentes campañas que generan un ambiente político de ínfima calidad.

Los interminables procesos electorales no nos han hecho más democráticos, ni han elevado la cultura cívica del ciudadano, ni el desarrollo político. Más bien han contaminado el entorno electoral que día con día se transforma en un reducto en el que sólo participan las clases políticas de los partidos, cuyos candidatos no motivan al electorado que los observa con desconfianza y sólo obtienen el voto duro de un reducido número de militantes y el de algunos simpatizantes, mientras el grueso de la población incrementa su rechazo a los partidos y los políticos, que siguen en descenso en el insondable abismo del descrédito.

En las llamadas “precampañas” los “precandidatos” realizan sus actividades sin un marco jurídico que regule esas contiendas, que se llevan a cabo en el más completo desorden y sin someterse a ninguna autoridad que las vigile y sancione.

¿De verdad será dinero suyo el que utilizan para promoverse? ¿Recursos que salen de sus bolsillos? Como ese dinero no está sujeto a fiscalización por la autoridad electoral, nadie puede asegurar que ese recurso sea limpio.  El caso de los Amigos de Fox es muy ilustrativo.

Alguien debe parar a este tipo de políticos y obligarlos a que se ajusten a tiempos electorales que la ley debe determinar con precisión. Con ello podría revertirse la tendencia negativa a la que esos políticos han llevado a los procesos electorales, que se ven ahora como una práctica tediosa, a veces inútil y que provoca el hastío en la ciudadanía, degradando la actividad política que es la única que garantiza el cambio pacífico de los gobiernos, es la herramienta más acabada que la sociedad tiene para construir acuerdos, prevenir y superar conflictos y dirimir en paz las diferencias, lo cual no es poco.

En algunas entidades se empiezan a tomar medidas al respecto. En estados con un territorio como el nuestro, por ejemplo, una campaña para gobernador no debería durar más de dos meses, ni una para alcalde o diputado local debe prolongarse más de un mes. Se trata de ahorrar recursos que en un estado pobre como el nuestro resulta criminal que se malgasten en extensas campañas electorales que no por ello garantizan una más amplia participación ciudadana.

Se trata también de revalorar los procesos electorales, de rescatar esta práctica democrática como una de las máximas expresiones de la vida en sociedad. Es necesario también que toda actividad pública que se realice con el fin de buscar el voto popular, esté en todo momento sujeta a normas claras que las regulen.

Este es tan solo un aspecto entre muchos otros –como otorgar más atribuciones a los órganos electorales federales y locales para fiscalizar los recursos públicos y privados que utilizan los partidos– que deben ser revisados a fondo para que el marco jurídico sea reformado y evitar que siga siendo presa de obsolescencias y desfasamientos que lesionan a nuestra aún incipiente democracia.