Hay denuncias contra autoridades vinculadas con la delincuencia sin seguimiento, denuncia Bruno Plácido

Los conflictos en las organizaciones los promueven los religiosos y los partidos políticos, Afirma. El gobierno veta de proyectos y programas sociales a quienes se organizan, se queja, y convoca a una marcha a la ciudad de México.

 
Lourdes Chávez

Chilpancingo

1La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) convocó a los sectores y organizaciones sociales de la entidad a marchar el 3 de agosto de Chilpancingo a la ciudad de México por la dignidad y el respeto entre el gobierno y la sociedad, porque las autoridades incumplen sus acuerdos y los están relegando del desarrollo.
En conferencia de prensa, el dirigente de esa organización, Bruno Plácido Valerio denunció que en las pláticas que iniciaron con autoridades federales en la ciudad de México a través de diputados federales hace dos semanas, les están poniendo obstáculos para desgastarlos.
Consideró que como son parte de un movimiento organizado para hacer frente a la inseguridad que el gobierno no puede resolver, los están vetando de los proyectos y programas sociales.
Dijo que esta situación no los sorprende porque desde el Estado se divide y confronta a los ciudadanos que se organizan.
Indicó que los conflictos en los pueblos y en instituciones como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) no son gratuitos, son motivados por partidos políticos, grupos religiosos y desde el gobierno, y con estos factores es imposible erradicar a la delincuencia.
En otro tema, informó que Copala también avaló la regulación de la Policía Ciudadana del sistema de seguridad y justicia de la UPOEG, y con éste suman ocho los municipios que los respaldan. Añadió que están proceso de diálogo con Igualapa y Ometepec, y están buscando acercamiento con Chilpancingo y Acapulco, donde también hay comunidades organizadas.
En cuanto a la insistencia del alcalde de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, de promover la Policía Rural del gobierno del estado en el municipio, reiteró que hay un acuerdo de la organización de no entrar en ese proyecto, “los gobernantes deben entender que no es su rancho una población, el autoritarismo ya no sirve”.
Recordó que cuando empresarios de la capital solicitaron el respaldo de la UPOEG para protegerse, las autoridades les pidieron “chance” porque iban a llegar 800 policías federales, pero la inseguridad sigue siendo la misma, “ese autoritarismo nunca va a funcionar, lo único que va a funcionar es un modelo donde los ciudadanos y gobierno caminen juntos”.
Mencionó que ya entregaron las actas de cabildo de ayuntamientos que aprobaron incluir en su estructura a la policía de los pueblos organizados, y en la segunda etapa van a analizar los mecanismos de respeto y coordinación con los gobiernos municipales.
Confió en que van a alcanzar acuerdos en los diez municipios con localidades integradas al Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadano (SSJC) de la UPOEG.
De la movilización que anunció en dos semanas, indicó que van a exigir al gobierno estatal el desarrollo que hace falta en Guerrero.
“Los pueblos ya resolvieron el problema de seguridad y quieren que las autoridades inviertan en desarrollo y cumplan con minutas incumplidas”, expuso.
Informó que van a participar sus agremiados de la región Montaña, Centro y Costa Chica, los que participan en el movimiento de la UPOEG por la reducción de tarifas eléctricas, y abrió la invitación a todas las organizaciones de Guerrero.
Explicó que la prensa informa todos los días de muertos en situaciones de violencia, protestas, marchas,  por lo tanto todos los sectores deben participar en esta movilización, ganaderos, transportistas, campesinos, maestros, para gestionar un mayor presupuesto en 2015.
Como se acercan tiempos electorales, los gobernantes están dando apoyos condicionados
al apoyo de cierto partido político, y el financiamiento de proyectos de Sagarpa se entrega sin vigilancia ni auditorías.
Insistió en que los sectores sociales tienen que unirse para que no les condicionen el financiamiento de proyectos y el acceso a programas, “vamos por la dignidad y el respeto que debe haber entre sociedad y gobierno porque nos están dividiendo, nos están confrontando”.
Reiteró que para tener diálogo, las autoridades exigen subordinación y si no aceptan imponen un veto a sus acuerdos, a pesar de que existen minutas firmadas.
Por ejemplo, mencionó que el subsecretario de prevención del delito de la Secretaría de Gobernación se comprometió a entregar grabadoras y capacitarlos en tecnologías para detectar llamadas de extorsiones, con el gobierno estatal acordaron carreteras, en la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cde) 500 viviendas, en el Congreso del estado la creación de municipios, y en las procuradurías estatal y federal hay denuncias de autoridades vinculadas con la delincuencia que no tuvieron seguimiento.
Aseguró que han sido tolerantes, “pero hoy tenemos que exigir con mayor contundencia el derecho que nos pertenece, y que las autoridades entiendan que estamos luchando por nuestro derecho a la vida”, dijo en relación al movimiento de autodefensa.
Adelantó que van a buscar una reunión con los senadores de la República para presentarles la agenda política de la UPOEG y de las organizaciones que se sumen al movimiento, así como las minutas incumplidas.