Más del 50% de los presos en Guerrero están encarcelados sin sentencia, denuncian

Señala la asociación civil Asilegal que se abusa de la prisión preventiva, lo que genera la sobrepoblación de las cárceles. Hay cinco mil 923 personas recluidas en 15 centros penitenciarios que tienen una capacidad total sólo para tres mil 620, afirma

Yee Trujillo

La asociación civil Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal) alertó que Guerrero se encuentra entre los 14 estados en los que más del 50 por ciento de las personas presas se encuentran en prisión preventiva como medida cautelar de las autoridades judiciales mientras se realiza la investigación, aunque no cuenten con elementos suficientes para sentenciarlas, violando sus derechos humanos, propiciando la sobrepoblación en los penales, atentando contra el principio de presunción de inocencia y la misma Constitución.
Agregó que en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria del 2011 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Guerrero obtuvo 5.13 de 10 puntos, una de las calificaciones más bajas en relación a la protección y respeto a los derechos humanos en las penitenciarías, y que la asociación documentó casos como el de Zenaida Pastrana de la Cruz, quien estuvo presa bajo esta medida durante casi diez años en el Cereso de Tlapa y fue liberada hasta el año pasado.
En su Alerta Nacional sobre el uso de la Prisión Preventiva, la asociación detalló que Guerrero tiene una población total de cinco mil 923 personas recluidas en 15 centros penitenciarios que tienen una capacidad total para solo tres mil 620 personas, es decir, que los penales guerrerenses tienen una sobrepoblación de dos mil 303 prisioneros.
Y de estas cinco mil 923 personas, Asilegal calcula que más del 50 por ciento, más de dos mil 961, se encuentran privadas de su libertad por prisión preventiva, compartiendo los espacios con las personas sentenciadas, expuestas a motines, extorsiones, violencia, consumo de drogas, violaciones, homicidios y al “autogobierno” que impera en los centros penitenciarios.
De igual forma, señaló que en el diagnóstico de la CNDH del 2011 también destaca que en el Cereso de Tlapa de Comonfort habitaban 304 personas aunque el centro estaba diseñado solamente para 60, es decir, tenía una sobrepoblación del 506.6 por ciento.
En este sentido, en un pronunciamiento, la asociación con sede en la Ciudad de México señaló que esta práctica es una medida que atenta contra el principio de presunción de inocencia, violatoria de los derechos humanos y del Artículo 20 de la Constitución que establece que el plazo para permanecer en prisión preventiva no debe ser mayor a dos años, aunque en estados como Oaxaca, Guerrero y Chiapas las personas permanecen por más de diez años como en el caso Pastrana de la Cruz.
“El artículo 18 establece que el Sistema Penitenciario Nacional debe operar sobre las bases del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte. Nada de esto se cumple en el Sistema Penitenciario Mexicano. La situación es aún peor cuando las personas privadas de la libertad son inocentes o no se les ha demostrado su responsabilidad. El abuso de la prisión preventiva es sin duda, uno de los factores que propician la sobrepoblación de los centros”, sostuvo.
Además, agregó que esta preocupación ha sido documentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas porque México es el tercer país, luego de Estados Unidos y Brasil, en cantidad de personas privadas de libertad, y la prisión preventiva es la medida más severa que se le puede imponer a una persona, por lo que debe aplicarse “excepcionalmente”.
El jueves Asilegal dio a conocer en su portal de Internet la herramienta digital interactiva Alerta Nacional sobre el uso de la Prisión Preventiva, acompañada del pronunciamiento que indica que el 43.09 por ciento de las personas privadas de la libertad en México permanecen en prisión preventiva, documentos que ayer fueron respaldados y difundidos por la organización Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT).
Para crear la alerta, la asociación explicó que como fuentes tomó el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional de marzo de este año de la Secretaría de Gobernación, el estudio EVALUA 2012 La Cárcel en México ¿Para qué?, el diagnóstico de 2011 de la CNDH, y los datos del Observatorio Ciudadano del Sistema Justicia de este año incluidos en el estudio Desafíos en la Implementación de Reforma del Sistema de Justicia Penal en México.

El caso Pastrana de la Cruz

En el portal de Asilegal se explica que Pastrana Cruz, originaria de Copanatoyac en la región de La Montaña, “se enfrentó a un sistema de justicia inquisitivo, violatorio del debido proceso, que criminaliza y presume la culpabilidad de forma sistemática, especialmente, de los grupos en situación de vulnerabilidad a causa de la aberrante discriminación de género que existe en México, se materializa en violencia institucional ejercida sobre las mujeres”.
Detalla que fue detenida por policías ministeriales a mediados de 2003 horas después de que ocurrió un homicidio dentro de su vivienda, “con clara arbitrariedad, uso de violencia, y sin una orden de aprehensión” fue puesta a disposición del Ministerio Público, consignada ante el juez del Cereso de Tlapa, y fue hasta el 5 de febrero del año pasado que con el apoyo de Asilegal en cuatro apelaciones a las decisiones de los jueces, la Sala Penal resolvió su libertad, después de nueve años y seis meses en la prisión.