Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

*Atole con el dedo a diputados federales

La cancelación de las pláticas que un grupo de diputados federales había impulsado desde un mes atrás con el gobernador Ángel Aguirre Rivero para conseguir la liberación de Nestora Salgado García, Marco Antonio Suástegui Muñoz y el resto de los integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias encarcelados por el gobierno de Guerrero, se debe probablemente a alguna señal enviada por el gobierno federal.
Por la similitud de estos casos y el de José Manuel Mireles, el líder de las autodefensas michoacanas encerrado por las autoridades federales en una prisión de Sonora, es posible que desde la ciudad de México se hayan desautorizado las conversaciones que perfilaban la excarcelación de los que con toda justicia deben ser considerados presos políticos del gobierno de Aguirre Rivero.
Pero el gobernador organizó de tal modo las cosas, que pareció que fue el procurador Iñaky Blanco Cabrera quien se opuso a la continuación de las negociaciones, haciendo notar su rechazo a que un acuerdo político se sitúe por “encima de la ley”. Es cierto que enviado a demoler las pláticas, Blanco Cabrera procedió con convicción y notorio placer. Sin embargo, debe tenerse presente siempre que quien mueve todos los hilos es Aguirre, que ya ha presumido que en el estado nada se mueve sin su consentimiento o conocimiento.
Durante algunas semanas Aguirre Rivero simuló una conducta sensible al reclamo de los diputados federales e hizo creer, a los legisladores y a la opinión pública, que estaba dispuesto a liberar a los presos. De acuerdo con el diputado Roberto López Suárez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, en la primera reunión que sostuvieron el 1 de julio con Aguirre Rivero, el gobernador se comprometió a liberar a los presos mediante un “acuerdo político que no altere lo jurídico”, lo que podía alcanzarse mediante el desistimiento o desvanecimiento de las acusaciones por parte de la Procuraduría General de Justicia, o mediante la declaración de una ley de amnistía, opción esta última que ya había sido explorada en reuniones con el Movimiento Popular Guerrerense. Ocho legisladores federales participaron en aquella primera reunión con Aguirre Rivero, cuatro de la Comisión de Derechos Humanos y cuatro guerrerenses.
Pero el lunes 14 ni el procurador Iñaky Blanco ni la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana Marín, acudieron a otra reunión en la que los diputados y los representantes del gobierno y del Poder Judicial avanzarían en la concreción de las opciones para la liberación. Dejaron plantados a los diputados en las oficinas del secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo.
Era obvio que la inasistencia de ambos funcionarios mostraba que el gobierno se empezaba a echar para atrás en el acuerdo inicial, pero por si no había quedado claro el mensaje, Aguirre Rivero diría un día después que en la liberación de los presos “hay la voluntad pero todo en el marco de la ley”. Nadie había solicitado algo “fuera del marco de la ley”, y que el gobernador expusiera una condición de ese tipo solamente confirmaba el cambio que se había producido en la posición gubernamental.
Después del plantón se programó para hoy otra reunión entre los diputados federales y los funcionarios del gobierno estatal, en la que se supone estaban incluidos el procurador y la presidenta del TSJ, pero el viernes súbitamente fue cancelada “hasta nuevo aviso” por el secretario de Gobierno. Un día antes el procurador hizo una declaración pública en la que se advertía ya sin disimulo que el gobierno optaba por romper las pláticas con los diputados. “No vamos a ceder a ningún tipo de presión” y la “justicia no se negocia”, dijo Iñaky Blanco. Con el propósito de subrayar su compromiso con las víctimas, dijo también en referencia a los diputados: “Nosotros no vamos a negociar los intereses de las víctimas en ninguna mesa, y bueno, si lo que les interesa a estos señores en su carácter de representantes populares es negociar, pues también me parece correcto y les hice una atenta invitación en ese sentido, que hablen también con las víctimas”.
Si el cambio de postura del gobierno de Aguirre Rivero no se debió a una indicación del gobierno federal para que el caso de los presos de la CRAC y el Cecop no interfiera con el de Mireles, entonces la actitud del gobernador fue una simulación montada desde el principio y con toda deliberación para dar a los diputados federales “atole con el dedo”, como dijeron ellos mismos el lunes que fueron plantados.
Los diputados no hicieron ningún planteamiento insensato ni propusieron nada que pudiera ofender la castidad jurídica de Iñaky Blanco, y si el procurador y el gobernador reaccionan como si hubieran sido ultrajados es porque querían dinamitar las pláticas abiertas con los legisladores.
Llama la atención que Blanco Cabrera se haya querido presentar como un pulcro defensor de la legalidad y de las víctimas, cuando en realidad es todo lo contrario, no sólo en los casos de Nestora Salgado y Marco Antonio Suástegui, ejemplos evidentes del empleo arbitrario de la ley con objetivos políticos, sino también en otros episodios dramáticos como el asesinato del diputado Moisés Villanueva de la Luz, en el que lejos de defender a la víctima y su familia, el procurador facilitó la fuga del presunto asesino, el ex alcalde de Tlapa Willy Reyes, amigo del gobernador. Tampoco ha brillado Iñaky Blanco por su defensa de las víctimas en el asesinato de Arturo Hernández Cardona, o en la desaparición de Longino Vicente Morales, cuya esposa ha sido sometida a un suplicio intolerable por parte de la PGJE…
Es previsible y deseable que a pesar de todo, las negociaciones entre los diputados y el gobierno de Aguirre Rivero se reanuden.

…Y miente el procurador Iñaky Blanco

También sobre las estadísticas de secuestros miente el procurador. Pues no son 60 los casos ocurridos en el estado entre enero y julio, como dijo el jueves pasado, sino 95. El procurador no consideró los 35 secuestrados que fueron liberados el 13 de mayo por efectivos de la Marina en las cercanías de Tlalchapa, un caso de obvio conocimiento público.

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