En audiencia pública, piden al procurador la detención de Peredo

 * Informan de los atropellos en Zihuatanejo del comandante regional que fue trasladado a Ciudad Aamirano

 Brenda Escobar, corresponsal, Zihuatanejo * En la audiencia ciudadana que tuvo en Zihuatanejo el procurador de Justicia del estado, Jesús Ramírez Guerrero, destacaron las quejas por los abusos cometidos por el comandante regional de la Policía Judicial del Estado, Federico Peredo Jiménez, cuando estuvo en esta plaza.

Al término de la audiencia, el viernes 35, Ramírez Guerrero negó que el cambio de adscripción de Peredo Jiménez a Ciudad Altamirano se deba a un premio y adelantó que se le investigará por todas y cada una de las quejas que escuchó “y si se le encuentra culpable, actuaremos en consecuencia”.

Asistieron a la audiencia unos 300 ciudadanos y se anotaron 27 para quejarse ante el procurador, Ramírez Guerrero, quien estuvo acompañado por el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Arturo Lima Gómez; el delegado estatal de la PGR, José Alberto Rodríguez Calderón; el director de la PJE, Ricardo Leonel Coronel; el síndico procurador de Zihuatanejo, Joaquín González Ramírez, en representación del alcalde Amador Campos.

También estuvo presente el diputado local por el distrito 12, Víctor Buenrostro Marín; el comisario de la PFP en Zihuatanejo, Navil Buchain Galván y autoridades municipales que tienen que ver con la seguridad pública.

Ramírez Guerrero presentó al nuevo comandante regional de la PJE, Teodomiro Lara González, quien sustituye al jefe policiaco Federico Peredo Jiménez, el cual fue cambiado a Ciudad Altamirano tres días antes.

También presentó al fiscal para la investigación de delitos graves de la PGJE, Fernando Monreal.

El secretario del Consejo Ciudadano de Procuración de Justicia en Zihuatanejo, Alfredo Balderas Alducin, manifestó públicamente que este órgano civil no está de acuerdo en el trabajo realizado en la región por el comandante Federico Peredo Jiménez. Y enlistó las irregularidades “más destacadas que hizo este señor aquí”.

Refirió que en San Miguelito, en abril, la PJE detuvo a Mario Carreño Santana por portar un rifle 22 que utilizaba cuando se dirigía a su parcela a trabajar y a su familia le pidieron 3 mil 500 pesos para dejarlo en libertad.

Rafael Ariza Véjar y su peón Alfonso Santana Terrones, en abril fueron detenidos con un rifle 22 y una escopeta de un tiro, pidiéndole al papá de Rafael Ariza, el señor Efraín Ariza Ávila, 5 mil pesos para que los liberaran.

También en abril, Daniel Pano Rauda, fue detenido sin motivo por elementos de la PJE, y pagó mil pesos para no ir a la comandancia.

En febrero, en el camino de El Corte a San Miguelito, Simón López Pineda fue sorprendido por judiciales cuando traía madera para construir su vivienda y le quitaron mil 200 pesos para no llevárselo detenido.

En enero, el joven Manuel N Bello, hijo de la señora Lilia Bello López de San Miguelito, fue aprehendido supuestamente por llevar droga y a cambio de la libertad del muchacho la madre entregó a los judiciales 3 mil pesos.

En El Corte, a Cirilo Sánchez, propietario de un carro tipo bugui, sin placas, en el que transporta a sus hijas a la escuela a San Miguelito, los judiciales le quitaron 5 mil pesos.

Balderas Alducin dijo que el colmo de la desfachatez y la impunidad de Peredo Jiménez fue cuando en una reunión pública el 25 de mayo en San Miguelito, al ser cuestionado sobre esos abusos, devolvió 2 mil 500 pesos a Yolanda Santana Terrones a quien había extorsionado con 3 mil pesos.

Habló después del secuestro de las hermanas Alicia y Guadalupe García López por parte de la PJE, que el 20 de mayo fueron detenidas supuestamente porque estaban involucradas en la desaparición en abril del jefe de grupo de la PJE, Mauro Díaz Cevallos.

Dijo que durante tres días los judiciales las tuvieron “sufriendo torturas, humillaciones y de todo lo que pudieron haberles hecho, finalmente, las soltaron el 22 de mayo y las presentaron ante el MP”.

Agregó que hay una denuncia por tortura y secuestro en el Ministerio Público de la Federación por parte de las agraviadas contra Peredo, la 81/Z/2003.

Cuestionó que a Peredo sólo lo hayan cambiado de plaza: “Todos los delitos cometidos en este municipio parece ser que ya han quedado en el olvido con un simple cambio de plaza”.Y en nombre del Consejo Ciudadano de Procuración de Justicia pidió a Ramírez Guerrero que el jefe policiaco sea detenido e investigado.

Amenazas del judicial Federico

Peredo a ciudadanos y un diputado

Agregó que los miembros de ese órgano civil fueron amenazados de manera directa por Peredo Jiménez.

Luego de que terminó de hablar el ciudadano, Ramírez Guerrero giró instrucciones “desde este momento” para que personal de la Procuraduría se reúna “en un lugar que crean ustedes pertinente” con cada una de las personas agraviadas por la PJE y por Peredo Jiménez para que con privacidad se reciban esas quejas.

El diputado Víctor Buenrostro Marín que preside la Comisión de Participación Ciudadana en el Congreso local, habló de los crímenes del ex regidor priísta José Flores Radilla, ocurrido en marzo del 2002 y del perredista Juan Antonio Bautista Ortiz, en abril del mismo año y que hasta la fecha no se han esclarecido.

Denunció los abusos de la PJE contra ciudadanos de San Ignacio en Azueta, “actos arbitrarios cometidos por la Policía Judicial comandada por Federico Peredo Jiménez, allá los ciudadanos nos hicieron saber tanto a un servidor como al regidor de Seguridad Pública, Mauricio Cancino, de los hechos de extorsión, allanamiento de morada y tortura incluso en presencia de miembros del Ejército del 19 Batallón”.

Explicó que tras el secuestro del ganadero de Pantla, Juvenal Orozco Oregón, el 3 de junio y uno de los plagiarios era de la comunidad de San Ignacio, la PJE “con el pretexto de perseguir secuestradores atropella garantías individuales e institucionales de ciudadanos que nada tienen que ver con el delito del secuestro”.

Luego, dijo que no hay informe de la PJE de la investigación del doble asesinato ocurrido el 17 de julio en Los Mangos contra el reforestador Pastor Bernal Montes de Oca y un adolescente que lo acompañaba, Emmanuel Gutiérrez Peñaloza, y dijo: “Esta es la situación real que se vive propiamente en Zihuatanejo después de que en muchos años ha sido un municipio tranquilo, pacífico”.

El legislador dijo estar en contra del hostigamiento, la persecución que se viene ejerciendo en contra de los miembros del Consejo Ciudadano de Procuración de Justicia y denunció también que el comandante Federico Peredo “ha hecho amenazas con dedicatoria a mi persona”.

Dijo que “el cambio de adscripción de plaza de Federico Peredo es un alivio para el municipio de José Azueta, pero tampoco deja de ser un mal con el hecho de que se le cambie a Ciudad Altamirano”.

Se manifestó “por la profunda investigación de todos estos hechos denunciados y donde puede estar involucrado de manera seria el comandante Peredo Jiménez, no basta con cambiarlo de plaza, hay que investigarlo”.

Ganaderos piden castigo

a secuestradores

El presidente de la Asociación Ganadera local, Ramiro Sánchez Maciel, expuso el temor de los ganaderos en Azueta ante el clima de inseguridad que impera en el municipio y dijo que no han sido detenidos los secuestradores de los ganaderos Salud Valencia Valencia y Juvenal Orozco Oregón, de Pantla, secuestrados este año.

Después habló el presidente de la Unión Regional Ganadera, Rogaciano Alba Álvarez, sobre el clima de inseguridad que persiste y afecta a los ganaderos no solo de Azueta sino de todo el estado de Guerrero y en nombre de todos ellos pidió al procurador que se tomen acciones fuertes para evitar los secuestros a los ganaderos.

Pidió una reunión en privado con el procurador, que se llevará a cabo el martes 29 a las 13 horas en Chilpancingo y estará presente el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Arturo Lima Gómez.

Contra la venta de droga

En esta audiencia ciudadana también hubo denuncias por parte del líder del PRS en Azueta, Antonio Reza Solís, en un escrito leído por el dirigente del PRI municipal, Juan Magaña Morfín, en contra de las autoridades policiacas de los tres niveles para atacar el problema de la venta de droga en el puerto.

Ambos dirigentes señalaron que aquí, “todo el mundo sabe perfectamente en dónde se vende cocaína, mariguana y demás droga que están acabando con nuestros jóvenes, aquí todos saben y qué casualidad que nadie, ni la PGR ni la PJ y la policía municipal saben en dónde están”.

El procurador Ramírez Guerrero, el delegado de la PGR, José Alberto Rodríguez Calderón, y el secretario de Seguridad Pública, Arturo Lima, se comprometieron a realizar acciones conjuntas para atacar el narcomenudeo.