No cuenta Acapulco con rastro municipal, los mataderos funcionan en condiciones insalubres

Yee Trujillo y Mariana Labastida

En Acapulco, el sacrificio de ganado se realiza en mataderos tolerados en condiciones insalubres, ya que desde hace más de una década, el puerto no posee un rastro municipal que garantice la calidad de los productos cárnicos que consumen diariamente miles de acapulqueños y turistas nacionales e internacionales.
Tras el cierre del rastro frigorífico del gobierno del estado que se ubicaba en Ciudad Renacimiento, permaneció abierto el rastro municipal de La Sabana, pero éste fue clausurado después del huracán Paulina; situaciones que dejaron al puerto sin un lugar apropiado para la matanza de ganado, exponiendo a la población a un riesgo sanitario.
Ante esta situación, el ex alcalde Alberto López Rosas, ordenó la construcción de un rastro municipal en la comunidad de El Salto, el cual hasta la fecha se encuentra inconcluso, inhabilitado, en el abandono, y en un conflicto legal.
En un recorrido por las instalaciones, se observó que las dos edificaciones tipo nave se encuentran abandonadas, rodeadas de maleza e infestadas por abejas; además, las naves están en obra negra, sin aditamentos ni equipo necesario para su funcionamiento.
Al interior de las instalaciones así como en las áreas de corrales, se pudieron observar montones de basura, equipo de bomberos, y rastros de incendios provocados; algunos habitantes del poblado aseguraron que por el abandono, el terreno ha sido utilizado también para realizar actos delictivos.

Faltan 47 millones, dice director de Rastro

El director del Rastro municipal, Jesús de la O Gallardo informó que se tienen 53 de los 100 millones de pesos que se requieren para la construcción del nuevo rastro municipal y con ello evitar que se sigan tolerando 96 mataderos que hay para el sacrificio de las diferentes especies.
También tener mayor control de la calidad de la carne que se vende y tener un lugar donde se haga el sacrificio según las normas de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Sagarpa). Como lo es con la carne que se vende en las 20 cámaras frigoríficas que hay en el municipio.
Consultado en relación al número de rastros tolerados, el director de la dependencia municipal encargada del control de los mismos expuso que actualmente tienen registrados 96 lugares donde se realiza la matanza de animales con las normas mínimas requeridas por la Sagarpa, cantidad que han reducido en un 60 por ciento, debido a que al inició de la administración de contabilizaron 216 rastros tolerados. Sin embargo no se cumplió la meta fijada que era de reducir a 50 el número de rastros tolerados dijo De la O Gallardo.
Explicó que se esta buscando cumplir con otra de las metas que es la construcción del rastro municipal, el cual dijo cuando llegó a la Dirección no encontró información respecto al proyecto y después se busco que se asignaran recursos para poder contratar una empresa que hiciera el proyecto, para el cual finalmente se determinó que se requiere una inversión de 100 millones de pesos.
De dicha cantidad, expuso el funcionario municipal el gobierno municipal gestionó con la Reforma Agraria que se asignaran 30 millones de pesos para invertir el la construcción del rastro y se determinó que con la acreditación del terreno y la estructura que ya hay en el poblado de El Salto se ahorraran 23 millones de pesos del total, por lo que faltarían 47 millones de pesos para empezar con la obra, dinero que esperan pueda aportar el gobierno del estado u otra instancia federal.
“Tenemos los estudios de Impacto Ambiental, se tienen el cambio de uso de suelo y ahora se busca que no haya problemas como ocurrió con el cierre del anterior rastro que dejo de funcionar con una intensión de huelga por parte de los trabajadores” dijo el funcionario municipal.
Por lo que la terminación del nuevo rastro que se inició en la administración de Alberto López Rosas dependerá de la “disposición del gobierno del estado” para aportar recursos económicos a la obra, dijo De la O Gallardo.
El rastro dijo ayudará a poder controlar la matanza clandestina, debido a que en los últimos tres años han detectado 32 rastros clandestinos, a los cuales se les pidió que se apegaran a las normas de Sagarpa para pasar a ser tolerados, quedando solamente cinco en funcionamiento, el resto quedo fuera por no cumplir con los lineamientos.
En relación a la carne que se vende en mercados del municipio, el funcionario municipal explicó que en su mayoría esta procede de alguna de las 20 cámaras frigoríficas que hay en Acapulco, la cual almacena productos procedentes de Aguascalientes, Zacatecas, Veracruz, Tabasco, Chiapas y en menor cantidad de la Región de la Costa Chica de Guerrero.
El funcionario aseguró que en su mayoría la carne que se comercializa en dichas cámaras proviene de rastros tipo TIF y empacadoras de carne con altos estándares de calidad, misma que es supervisada por los inspectores de la Dirección de Rastro al igual que la que se vende en centros comerciales para constatar que cumplan con las normas de la Sagarpa, además de salubridad. “El producto que llega con toda norma de calidad” aseguró De la O Gallardo.
Aseguró que ello lo constataron en la revisión que hicieron después de que niños de la escuela Juan R. Escudero del poblado de los Órganos de San Agustín se intoxicaron por consumir barbacoa en su festejo del día del niño, esto para asegurarse que no se haya vendido carne de mala calidad o en descomposición.

Condiciones antihigiénicas en rastros tolerados

En una visita realizada a uno de los rastros privados que funcionan bajo la tolerancia de las autoridades, en la calle Alejandro Cervantes Delgado del poblado de La Sabana, se constató que los animales son sacrificados al aire libre, bajo ninguna inspección sanitaria, sin la indumentaria obligatoria, ni el manejo adecuado de vísceras y pieles.
Este rastro está ubicado en un terreno de aproximadamente 100 metros cuadrados, el cual se encuentra pavimentado y techado únicamente en las áreas de matanza y en las oficinas, sin algún aparato frigorífico a la vista.
En entrevista, el propietario, Carlos Muñoz, informó que este rastro se encuentra en funcionamiento desde hace más de diez años, tras el cierre del rastro frigorífico del gobierno del estado y del rastro municipal, que se ubicaba a unos metros de éste, en la avenida Lázaro Cárdenas.
Aseguró que este rastro está considerado como “tolerado”, y que por ser el de mayor tamaño en el municipio, se encuentra bajo la revisión de las autoridades de salud municipal y estatal, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), y la Dirección de Rastro.
Afirmó que a la semana, un promedio de 200 reses y cerdos son utilizados para la matanza, los días martes y viernes, por 14 trabajadores a su cargo, y reveló que el lugar ha sido clausurado en varias ocasiones por la falta de higiene.
“Lo que pasa es que, en sí, la matanza no es como se debe de hacer, este es un rastro tolerado, no es un rastro, vaya, con todas las normas higiénicas que deben existir”, reconoció mientras sus trabajadores destazaban seis cerdos, utilizando únicamente mandiles y machetes.
Además de los rastros “tolerados” por el gobierno municipal, comerciantes de diferentes mercados del puerto aseguraron que la mayor parte de sus productos provienen de rastros clandestinos.
Estos rastros clandestinos se ubican en patios de casas, ranchos o terrenos, en los que ninguna autoridad regula la procedencia de los animales, las medidas de seguridad, las condiciones del ganado, la calidad de la carne, la higiene, ni las normas y requisitos establecidos en el Reglamento de Rastro del Municipio de Acapulco.

Se invertirán 70 millones, asegura regidora

Consultada sobre el avance de la construcción del nuevo rastro, la regidora y presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural y Grupos Étnicos, Iris Rosas Sereno, partícipe de las mesas de trabajo del proyecto, aseguró que los tres niveles de gobierno ya se encuentran trabajando de manera coordinada para adecuar las instalaciones, y anunció que el proyecto podría finalizar este mismo año.
“Ya se tiene un buen avance, entonces sería nada más la adaptación que nos piden para la construcción de este rastro”, precisó, aunque dijo desconocer la cantidad de ganaderos que se incluirán en el proyecto para la matanza.
En entrevista, explicó que para dar un rastro digno de un puerto tan importante turísticamente, los gobiernos federal y estatal aportarán 30 millones de pesos, respectivamente, mientras que el Ayuntamiento contribuirá con 10 millones más, así como los gastos por el concepto de la compra del predio.
“No se puede llevar a cabo un rastro Tipo Inspección Federal (TIF) porque son más requisitos que nos piden en la norma, para la construcción de este rastro; entonces, aquí lo que haríamos es avanzar algo para tener ya un rastro municipal”, reconoció al explicar que en el proyecto no se contempla la instalación de cámaras frigoríficas.
En relación a los rastros o mataderos que operan de forma tolerada por el Ayuntamiento, dijo que suman un total de 204, pero estos “desgraciadamente necesitan una verificación” porque no garantizan que eviten problemas de salud, por enfermedades como la brucelosis o tuberculosis.
Finalmente, afirmó que pedirá un informe a la Dirección de Rastro para que especifique los resultados de las evaluaciones, inspecciones y verificaciones que ha realizado.

El predio, en conflicto legal

La propiedad en la que se ubicará el rastro se encuentra dentro de un conflicto legal, denunció uno de los vecinos, Félix de la Luz Rivera, quien aseguró que durante la administración municipal que encabezó López Rosas, una noche, su papá, su madrastra y varios niños fueron desalojados violentamente.
Detalló que para el desalojo, las autoridades municipales utilizaron la fuerza pública y maquinaria pesada para destrozar su vivienda, a pesar de tener un documento de posesión por parte de los ejidatarios del poblado, desde los años 70´s.
Después de este incidente, la familia regresó al predio y demandó al Ayuntamiento, pero durante las últimas dos semanas, personal de la Dirección de Rastro municipal ha acudido a realizar mediciones del terreno, incluyendo el predio que les pertenece, sin ofrecer una mesa de trabajo para dar solución al conflicto o llegar a un acuerdo.
“Mi papá trabajó 25 años cuidando esta sección y hubo un tiempo donde le dejaron una carta a él para que se quedara viviendo”, recordó al asegurar que el conflicto por la tierra tiene más de diez años, y que el director de Gobernación, Rogelio Lozano Herrera, acordó reunirse con él nuevamente, pero aún no lo ha contactado.