Opinan analistas que se debió investigar la línea Guerrero en caso Digna Ochoa

 El dictamen sobre la investigación de la muerte de Digna Ochoa, que concluyó que la defensora de derechos humanos cometió un “suicidio disimulado”, colocó del nuevo a Guerrero en la mira de analistas, escritores y activistas que recordaron la tradición de violencia política contra los opositores propia del estado, señalaron la colusión que para ello ha habido entre caciques y militares y criticaron precisamente que la fiscalía especial para el caso no agotó la línea de investigación que apuntaba hacia las actividades que desarrolló en la entidad la abogada sacrificada.

Por eso mismo se preguntó ayer al gobeernador René Juárez Cisneros sobre el caso, y la demanda de dirigentes sociales y líderes de opinión pública de que se ahonden las investigaciones en Guerrero, y escueto respondió: “Yo soy respetuoso de las instancias responsables de la investigación, no es un asunto que competa a mi gobierno”.

La dirigente del Comité Eureka, Rosario Ibarra de Piedra; Magdalena Gómez, asesora del PRD en el Senado para la reforma indígena; y el escritor Humberto Musacchio, señalaron en artículos publicados en El Universal, La Jornada y Reforma el martes que la Fiscalía debió agotar la investigación de la línea que apuntaba que los responsables de la muerte de Digna Ochoa serían militares y caciques de Guerrero. Asimismo, pusieron en duda la tesis de la Fiscalía que presidió Margarita Guerra, que concluyó que la abogada se había suicidado.

Digna no se suicidó: Rosario Ibarra

Rosario Ibarra, en El Universal (La segunda ejecución de Digna Ochoa), escribió: “Nadie de quienes tienen (o tenemos) una razón o un motivo para luchar contra la injusticia busca la muerte. Que nos pregunten a las madres de los desaparecidos que, viejas y cansadas, queremos, ansiamos vivir mucho más para alcanzar la meta trazada por nuestros hijos y sentir que pisamos un suelo distinto del que por tantos años ha estado cubierto de infamia, de corrupción, de impunidad, de sevicia… ¡No, mil veces no! Digna Ochoa no se quitó la vida. Ella tenía mucho por lo cual luchar y estaba contenta de hacerlo. Estoy segura de que nunca atentaría contra sus sueños…

“Contra todo lo que se diga en los ‘peritajes’ y lo ‘irrefutable’, el sentir de la mayoría de quienes expresan su opinión es que lo de Digna fue un infame crimen, una ejecución. Pienso lo mismo”.

La ex candidata presidencial por el PRT en las elecciones de 1988, planteó: “Sin ser investigadores, ni ministerios públicos, miles de mexicanos opinan que se debió investigar por el lado de los caciques y los militares, pero que eso se desechó… ¡Pobre de Digna, entre botas y enaguas negras! Siglos después sabemos lo que costó la ejecución de Giordano Bruno… ¿sabremos algún día lo que costó la segunda ejecución de Digna Ochoa?”.

Sorprende la absolución

al Ejército: Gómez

Magdalena Gómez, especialista en derecho indígena y articulista de La Jornada, escribió (Queremos tanto a Digna), que: “Las conclusiones presentadas por la fiscal especial para el caso Digna Ochoa expresan la crónica de un suicidio anunciado; en ellas vemos que el trabajo que realizó Renato Sales dejó marcada la investigación y los resultados no hacen más que confirmarlo: se diluyeron o esfumaron las evidencias iniciales que apuntaban al homicidio.

“No hay costo político que justifique sacrificar la verdad”, ha dicho la licenciada Margarita Guerra. Podemos estar de acuerdo con ella siempre que desentrañemos a qué nos referimos, pues desde mi punto de vista el costo político se ha cargado a la cuenta de la víctima ¿Hay alguien en la investigación más agraviado? ¿Es ético realizar un dictamen siquiátrico a una persona a la que nunca se le miró a los ojos sino sólo a partir de una recolección de historias?”.

Agregó: “Los llamados ‘hechos irrefutables’, que tardaron dos años en aparecer, no fueron suficientes para demostrar por sí mismos que Digna se suicidó. Tan frágil ‘verdad’ requirió ‘demostrar’ porqué se suicidó, así como exhibir y denostar, sin reparo alguno, su imagen y trayectoria, cargando con juicios de valor incluso el análisis de su gestión profesional”.

En el artículo, sostiene: “De la lectura del documento hecho público oficialmente, porque esta vez también se usaron las filtraciones, no se responde a lo planteado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): ¿Qué pasó con las fallas estructurales en la investigación y cómo se argumentó que en lo ‘coyuntural’ no impactaron? Se observa también un evidente desequilibrio en el manejo de las líneas de investigación, esto puede ser obvio por la decisión de concluir hacia el suicidio; sin embargo, la manera en que se plantean las relativas a Guerrero y al Ejército sorprenden por la categórica absolución a las fuerzas aludidas.

“Quien conoce la problemática del estado de Guerrero y sabe qué intereses están detrás del caso de los ecologistas presos no podría afirmar que “se constató que no existe razón o motivo para suponer dañados sus intereses y en consecuencia que hubiesen causado algún mal a la occisa”, o la relativa a los militares: “ninguno de los elementos integrantes de los 19 y 40 batallones de infantería del Ejército Mexicano estuvo involucrado directa o indirectamente con alguna de las actividades desarrolladas por Digna Ochoa en su labor como abogada y todos los integrantes, más de 32, coincidieron en lo fundamental”. “Difícilmente quienes declararon iban a llegar a delatarse. Habría que ver qué otros medios de investigación se utilizaron para desembocar en esa virtual absolución”.

Se sabe de las amenazas

de Guerrero: Musacchio

El escritor Humberto Musacchio, en Reforma (La Procu dice que fue ‘autosuicidio’), sostiene que: “Entre las herencias que el zedillato heredó al mundo están algunas maneras de suicidarse. Son tan originales, que los mexicanos deberíamos patentarlas, quien quita y nos traen algunas divisas. Dos son los métodos que han cobrado más fama. Uno, evidentemente sucio pero originalísimo, es el procedimiento para quitarse la vida con 80 cortes de un exacto o cúter. El otro, más pulcro y eficaz, es dispararse dos balazos, método empleado por un antiguo funcionario de Ruta 100 que ya hizo escuela, si atendemos al detallado informe de la Procuraduría capitalina sobre la muerte de Digna Ochoa.

Para el escritor, “algo similar ocurrió en 2001 con Digna Ochoa, la defensora de derechos humanos que había cobrado notoriedad por su valiente oposición a los abusos de policías y militares en el estado de Guerrero. Un buen día apareció ‘suicidada’ de dos balazos, aunque se sabe que hubo un tercer disparo… Se trató, dice la PGJDF, de un suicidio ejecutado de tal manera que pudiera parecer un homicidio, porque según las autoridades de esa dependencia, doña Digna tenía problemas emocionales.

“La investigación sobre la muerte de Digna Ochoa es uno de esos casos en los que resulta insatisfactoria y hasta increíble la palabra de las autoridades, pues contra su dicho en torno a la supuesta inestabilidad emocional de la desaparecida, hay el testimonio de otras personas que la conocieron y dan fe de su deseo de vivir, su optimismo y su férrea determinación en la causa de los derechos humanos.

“Se sabe de amenazas contra la abogada Ochoa y de la rabia que despertaba su actuación entre ciertas autoridades de Guerrero y en los cuerpos policiacos y militares. Guerrero es una entidad con dilatada historia de gobiernos abusivos y resistencia ciudadana. En la memoria de los guerrerenses están muy frescos los recuerdos de la guerra sucia del sexenio de Luis Echeverría, cuando lo habitual eran los arrestos sin motivo ni orden judicial, la tortura de sospechosos, las desapariciones políticas y la ejecución de hombres y mujeres sin juicio y hasta sin acusación alguna.

“El sexenio de Echeverría terminó hace muchos años, pero Guerrero ha sido víctima de autoridades que no han dudado en asesinar ciudadanos inermes, como ocurrió en el paraje de Aguas Blancas. Quizá ya no se queman milpas ni desaparecen pueblos enteros, como en los años setenta, pero lo cierto es que los guerrerenses permanecen en la más brutal opresión, sometidos a los abusos de las autoridades, con sus caminos plagados de retenes militares, con los ciudadanos siempre sometidos al terror del Estado, víctimas de quienes deberían hacer buen uso del poder y actuar con estricto apego a la ley.

“En ese clima represivo y criminal, la actuación de Digna Ochoa no contó nunca con la simpatía de las autoridades estatales. Por eso, poco después de su muerte, se pidió que el caso pasara a la Procuraduría General de la República. La negativa del gobierno foxista dejó en manos de la Procuraduría del Distrito Federal un asunto que tenía obvias implicaciones federales. Quizá eso explique el fracaso de la PGJDF, su falta de credibilidad”.