Piden investigar denuncias contra el comandante judicial Federico Peredo

 Maricela Santos corresponsal, Zihuatanejo * El Consejo Ciudadano de Procuración y Administración de Justicia de José Azueta, pidió que continúe la investigación de las denuncias por violación a derechos humanos contra la Policía Judicial del Estado (PJE), cometidas durante el periodo en que fungió como comandante en la región Federico Peredo Jiménez quien fue cambiado a Ciudad Altamirano el martes 22.

El presidente del consejo, Leonardo Martínez Peralta dio a conocer que se estableció contacto con el Consejo Ciudadano de Procuración de Justicia de Ciudad Altamirano para que tengan antecedentes “por si algún elemento actúa de la misma manera que en Zihuatanejo tomen las medidas correspondientes porque creemos que elementos de este tipo no deben estar en funciones o haciéndole daño a la gente”.

Justo un día antes de este cambio, mediante un oficio dirigido al gobernador René Juárez Cisneros el Consejo Ciudadano de Zihuatanejo había denunciado que el viernes 18 inició una serie de amenazas vía telefónica y de persecución en vehículo oficiales de la Policía Judicial en contra del asesor del organismo Gustavo García Bello, del presidente Martínez Peralta y del secretario de la organización Alfredo Balderas Alduncín.

En el oficio fechado de recibido en el Palacio de Gobierno del estado el 21 de este mes, señalaron llevar “una vida pública, pacífica y honesta y no tenemos ningún problema de ninguna especie con nadie. Tenemos solvencia moral por eso estamos en este Consejo Ciudadano, de ahí que creemos fundadamente que estos hechos son obra del comandante Federico Peredo y sus elementos en represalía por nuestra actuación a quien hacemos responsable de cualquier agresión o desaparición nuestra”, en virtud de que recibieron y turnaron a la Comisión de Derechos Humanos las quejas en contra la actuación de esta corporación.

Por su parte, el regidor de Seguridad Pública, Mauricio Cancino González quien entrará en contactó con los agraviados y visitara la región serrana de San Ignacio junto con el diputado local Víctor Buenrostro Marín para recoger las denuncias de extorsión, detenciones arbitrarias, cateos y tortura consideró que este cambio revela una actitud “sospechosa” de parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado debido a que fue en las vísperas de su comparecencia.

Dijo que “este cambio que es bueno para la ciudadanía que en su momento sufrió de parte de la Judicial atropellos”.

Consideró que observa una “salida política” a este conflicto porque la gente sigue dispuesta a denunciar ante la Codehum, organismos no gubernamentales de defensa de los derechos humanos y hasta ante el Congreso del Estado.

Opinó que deben tomarse en cuenta los antecedentes que hay porque “podrían estar cambiando un problema de un lugar a otro solamente y debe de investigarse”.

Cancino González dijo que espera que este cambio traiga consigo una mejor coordinación de la Policía Judicial con las autoridades locales, más respeto a los derechos humanos de las personas y una mejor imagen de esta corporación ante la sociedad porque actualmente intimidada a la gente en lugar se dar seguridad y protección.

Dijo que espera que el nuevo comandante sea más humanitario y que ejerza la acción de la justicia sin violar los derechos humanos de la gente. Ojalá no haya ya retenes en poblados sólo para molestar a los campesinos, que cuando se haga una investigación no se atropelle toda una población como ocurrió  en San Ignacio donde la gente fue maltratada y agredida, y que haya una conducta con honestidad, trasparencia y eficacia y fuera de eso, existe el total interés del municipio de coadyuvar en la medida de lo posible con otras instancias de gobierno para lograr la procuración y aplicación de la justicia.

Consideró que independientemente de la separación de la plaza de los judiciales señalados se debe seguir la investigación de las denuncias que se hicieron en Azueta de por lo menos nueve familias de San Ignacio, Las Ollas, Lagunillas, Agua de Correa y Pantla.