Desechó la Fiscalía la línea Guerrero en el homicidio de Digna Ochoa

* “De oídas”, la versión de sicarios de la sierra * La abogada no fue la defensora directa de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, según la fiscal Margarita Guerra

 La Fiscalía Especial desechó la línea Guerrero en la investigación del asesinato de Digna Ochoa, y dijo que la versión periodística (publicada en El Sur el 5 de junio del año pasado) que señala el nombre de un sicario de la sierra de Petatlán que declaró que participó en el crimen en la ciudad de México, y después fue ejecutado, “es una versión de oídas”.

En la conferencia de prensa del sábado, la fiscal especial Margarita Guerra afirmó que agotó las hipótesis de los militares, el conflicto con caciques de Guerrero, así como el entorno social, familiar y personal de la abogada como hipótesis en la investigación.

Desestimó el trabajo de Digna Ochoa en la defensa de los campesinos ecologistas de la sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán detenidos por tropas del Ejército el 2 de mayo de 1999 en la comunidad de Pizotla. sierra de Ajuchitlán.

Dijo que en lo que respecta a la línea de la defensa que hizo de los ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, la abogada jamás asumió en forma directa su defensa y sólo fue coadyuvante en algunas de las audiencias, al igual que otros ocho litigantes.

“Ninguno de los elementos integrantes del 19 y 40 batallones de infantería estuvo involucrado directa o indirectamente con alguna de las actividades desarrolladas por Digna Ochoa en su labor como abogada y todos los declarantes, más de 32 elementos, coincidieron en lo fundamental en sus declaraciones”, dijo la fiscal Guerra.

Otra línea de investigación indicaba que caciques explotadores de madera de la sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, en Guerrero, podrían ser los responsables de su muerte porque se veían afectados por la presencia de Ochoa en la zona. Sin embargo, las investigaciones demostraron que esta versión no tenía fundamento.

“Se constató que no existe razón o motivo alguno para suponer dañados sus aparentes intereses (de los caciques) y en consecuencia, que hubieses causado algún mal a la occisa”, aseveró.

Se refirió a la versión periodística del diario El Sur la que señalaban a supuestos sicarios que habían sido enviados del estado de Guerrero para asesinar a la defensora de derechos humanos.

Dijo que el hermano mayor de la abogada, Jesús Ochoa, también argumentó otra versión similar, pero “al igual que la versión suministrada en la nota periodística, ésta última se basó en declaraciones proporcionadas por testigos de oídas”.

Guerra dijo que durante la investigación se demostró que en ninguno de los casos jurídicos que atendió durante su paso por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro de Juárez, había evidencia objetiva para establecer que Ochoa afectó los intereses de alguna persona o autoridad relacionada con esos asuntos.

Al desahogar totalmente estos razonamientos, la Procuraduría concluyó en sus investigaciones que ninguna persona se vería beneficiada con la muerte de Ochoa.