Sigue en la incertidumbre el caso Digna Ochoa: Oficina en Washington para AL

 Digna Ochoa fue una comprometida y valiente defensora de derechos humanos, dice en un boletín Laurie Freeman, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), quien afirma que a pesar de que la Fiscalía cerró la investigación con la conclusión del suicidio, queda aún la incertidumbre sobre el caso.

Señala que después de su muerte, el 19 de octubre del 2001, esta organización pidió que las autoridades mexicanas procuraran una investigación imparcial y completa.

Según notas periodísticas, este viernes, la Fiscalía Especial para el caso determinó que Digna se suicidó, y se cerró la investigación.

Sin embargo, afirma Freeman, “nos queda un sentido de incertidumbre. Nosotros nunca podremos parar de preguntarnos ¿cómo se murió Digna? Desgraciadamente nunca lo sabremos”.

Refiere que a causa de los problemas con la investigación, en enero del 2003, un grupo de expertos en ciencias forenses de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue a México con el propósito de verificar si las pruebas técnicas realizadas en las áreas de patología forense, balística y criminalística se adecuaron a los estándares internacionales en la materia.

“El informe de la Comisión, publicado el mes pasado, concluye que algunas de las pruebas cumplen con los estándares internacionales. Sin embargo, se encontraron deficiencias en muchas otras, sobre todo la autopsia, la recuperación de huellas dactilares, y la colección y conservación de pruebas.

“Estas inconsistencias nos hacen cuestionar las conclusiones de la Fiscalía Especial. Las circunstancias de la muerte de Digna permanecen obscurecidas por dudas”.

Plantea: “La falta de esclarecimiento no es particular al caso de Digna. El pueblo mexicano se ha acostumbrado a no confiar en los procedimientos llevados a cabo por las autoridades. A veces es asunto de falta de voluntad política; a veces se trata de corrupción en el sistema. Pero con frecuencia, como es en el caso de Digna, el problema está en la incapacidad de conducir una investigación profesional y científica que sea respetuosa a los derechos humanos y sensible al sufrimiento de las víctimas. Como resultado, la incertidumbre e impunidad predominarán”.