Busca la Comisión de la Verdad convertir sus resultados en castigo para responsables de crímenes

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Aunque reconocen obstáculos para llegar a la verdad histórica sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1969 y 1979 en el estado, porque aún andan por ahí algunos perpetradores “que van a dar lata”, los integrantes de la Comisión de la Verdad confían en llevar a juicio a algunos responsables de la guerra sucia en Guerrero.
En entrevista, los miembros de la Comisión de la Verdad explicaron los criterios que regirán su trabajo y expusieron su aspiración de que los resultados que obtengan se traduzcan en acciones jurídicas para castigar a los presuntos responsables de aquellos crímenes.
El ex rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Enrique González Ruiz,  declaró que esperan que los resultados de la investigación sean lo suficientemente fuertes y sólidos para que el ministerio público ejercite acción penal en contra de quien se considere que son responsables.
Explicó que su tarea es que los argumentos “sean legalmente válidos, para que tengan fortaleza”.
Reconoció que pueden tener dificultades en el camino, “porque algunos perpetradores andan por ahí, están vivos y van a ser latosos”, y como para confirmarlo señaló que algunos compañeros han detectado que su teléfono se comporta de manera extraña, pero añadió que todo eso está calculado y previsto de antemano.
Nicomedes Fuentes García reconoció que sienten miedo, pero el mismo que tienen todos los ciudadanos por la violencia y la inseguridad que todos los días se documenta en los medios de comunicación.
Recordó que durante la guerra sucia todos sabían de dónde venía la violencia y que “estaba dirigida hacia nosotros”.
De esta nueva violencia, la integrante de la Comisión de la Verdad y directora de la Comisión de los Derechos Humanos de La Voz de los Sin Voz, de Coyuca de Benítez, Hilda Navarrete Gorjón, señaló que es consecuencia de la impunidad, porque el Estado dejó de hacer su trabajo y permitió que un problema que comenzó chiquito, creciera tanto que ahora no lo pueden controlar.
Lo anterior, luego que se mencionó que el municipio de Atoyac fue el más atacado de la época y que la violencia dejó en la miseria a miles de familias, y ahora la región padece serios problemas de inseguridad por la delincuencia organizada.
Sobre la Comisión la Verdad, Navarrete Gorjón reconoció que sus resultados no tendrán carácter vinculatorio, pero sí puede presentar los casos y aportar los elementos para que se inicie una averiguación previa; “creo que tenemos que llegar a ese punto, y tenemos equipo jurídico que va a integrar los expedientes”.
Aseguró que no van a esperar al final para dar un resultado. De acuerdo con el decreto de ley que creó a la Comisión de la Verdad, sus integrantes tienen hasta dos años y medio para concluir sus investigaciones.
Sobre el presupuesto de la comisión, González Ruiz señaló que por ley, la comisión debe tener financiamiento y confió en no “tener que andar litigando internamente para obtener los recursos”.
Añadió que hasta hoy se ha tenido “suficiente para movernos en actividades preliminares y la cosa no pinta mal”.
Asimismo, opinó que el Ejército, que actuó como brazo represor del Estado, tampoco va a negar los expedientes de la guerra sucia, puesto que las autoridades militares han dicho que no tienen nada que ocultar y están dispuestos al escrutinio social, “y si no es cierto, lo vamos a decir”.
En tanto, Arquímedes Morales Carranza destacó que tres de los cinco integrantes de la comisión “vivimos personalmente” la represión de los años sesenta y setenta, y eso “nos facilita de alguna manera nuestro trabajo”.
Coincidió en que va a haber personas en contra de la comisión, porque están implicados en esa guerra sucia, “hace rato decíamos: algunos todavía andan caminando por las calles de Guerrero”.

Una estrecha relación con las asociaciones

Sobre el trabajo de la comisión, González Ruiz destacó que van a mantener una relación muy estrecha con la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (Afadem), que encabeza Tita Radilla.
Dijo que van a relacionarse también con el Taller de Desarrollo Comunitario, la Red Guerrerense de los Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, “vamos a pedir apoyo y ayuda, porque la necesitamos”.
Morales Carranza recordó que el Congreso acotó el periodo de investigación de la Comisión de la Verdad a una década, de 1969 a 1979, bajo el argumento que fue el periodo con mayores violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos, cometidos por autoridades federales y estatales.
Confió que en otro momento haya otras comisiones de la verdad para que investiguen casos graves que ha habido y que siguen ocurriendo en Guerrero, pero está comisión está circunscrita en este periodo de tiempo por acuerdo del Congreso, no de los integrantes de esta comisión.

La muerte de Acosta Chaparro no afecta la investigación

Sobre el general Arturo Acosta Chaparro, asesinado el mes pasado y señalado como principal responsable de los crímenes en Guerrero, González Ruiz destacó que la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMSPP) recibió testimonios de las atrocidades de Acosta Chaparro, que ahora podría usar la comisión.
Lamentó que en estos años faltara decisión de la autoridad para llevar a juicio al presidente Gustavo Díaz Ordaz por la masacre del 68, al ex jefe policiaco Miguel Nazar Haro por sus crímenes con la brigada blanca, y a los militarse Francisco Quiroz Hermosillo y Acosta Chaparro.
Arquímedes Morales señaló que Acosta Chaparro fue actor principal en la represión en Guerrero, pero consideró que lo más difícil será determinar a los culpables de escritorio, pues han pasado tantos años que el mismo sistema ha ido borrando pistas a propósito, y la muerte de Acosta Chaparro podría ser consecuencia de eso.
Fuentes García destacó que criminales como Acosta Chaparro y Quiroz Hermosillo sólo fueron brazos ejecutores de la política de terrorismo de Estado, por la que desaparecieron miles de ciudadanos en el país, la mayoría de ellos de Atoyac, el municipio más golpeado de esa época.
“En ese sentido creemos que es el Estado el que tiene que responder; han muerto víctimas y victimarios, pero no se ha hecho caso a todas las voces que han reclamado la justicia desde que se llevaron a todas las personas que aún permanecen desaparecidas”.
Recordó que entonces hubo gente que por el sólo hecho de estar en esa región fue reprimida y desplazada, “se comieron sus vacas, les quitaron sus casas, quemaron sus sembradíos, los dejaron en la indefensión, creo que todo esto es materia de investigación de la verdad y la búsqueda de que se haga justicia”.
Indicó que la comisión no tiene facultad para ser fiscal, pero sí para profundizar y conocer la verdad, organizar la información y que se pueda constituir en prueba para exigir que se haga justicia y demandar la reparación del daño.
Insistió en que los familiares quieren saber dónde quedaron sus muertos, y si existe voluntad política van a decir dónde los dejaron y se van a establecer garantías para que esto no vuelva a ocurrir.
“Creo, en mi opinión personal, que la herida sigue tan fresca como hace más de 30 años, y que es tiempo de que el Estado dé respuestas, que responsada al clamor de justicia de los familiares”, expresó.
Sobre la reparación del daño, Morales Carranza indicó que se tiene que discutir con los afectados, porque no sólo fueron físicos, sino psicológicos, económicos y sociales, desaparecieron cafetales, sembradíos, la forma de mantenerse de la gente cambió, muchos “seguramente murieron en pobreza extrema”.
Fuentes García indicó que la ley que dio forma a la Comisión de la Verdad plantea que va a permanecer en funciones dos años, con la posibilidad de extenderse a 6 meses más, si es que fuera necesario; pero consideró que es un tiempo muy corto, y que deben trabajar muy fuerte para entregar resultados.
Lo fundamental, insistió, es llegar a la verdad histórica, y lo que sigue serán acciones jurídicas, de las que se van a encargar las autoridades competentes, “no sé qué ocurra después, pero creo que algunos de nosotros, o a lo mejor todos, vamos a darle seguimiento a todo esto, por responsabilidad moral”.
González Ruiz destacó que los integrantes de la Comisión de la Verdad no son políticos ni buscan puestos públicos, y esperan ganarse la credibilidad de la sociedad con su trayectoria en la lucha de los derechos humanos.
Pero también pidió que se vigile su actuación, “la sociedad debe vigilarnos, debe supervisarnos y señalarnos si no hacemos bien las cosas, le pedimos a la sociedad que nos acompañe y que nos supervisen y que nos diga lo que crea que estamos haciendo mal”.
Subrayó que uno de los criterios que rigen el trabajo de la comisión es la imparcialidad, porque se van a analizar los casos con total honestidad, y destacó que “nadie es nuevo en este trabajo, todos tenemos trayectoria muy amplia en la defensa de los derechos humanos, y nuestro compromiso es con las víctimas”.
Finalmente, se informó que la comisión se va a instalar en tres sedes de trabajo, en Chilpancingo como capital del estado, Acapulco por ser la zona de mayor concurrencia, y Atoyac como la zona que sufrió el mayor castigo de la guerra sucia.