La juez Casarrubias se compormete a no citar como testigos a periodistas

 Oracio Lagunas Ramírez, corresponsal, Iguala * Periodistas y comerciantes de la ciudad protestaron afuera del Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial de Hidalgo y pidieron la destitución de la juez, Antonia Casarrubias García, por aceptar el testimonio de tres reporteros para esclarecer el homicidio del ex candidato a presidente municipal de Huitzuco y su esposa, ocurrido la mañana del 4 de agosto del 2002, sin el aval de los involucrados.

La protesta concluyó con el compromiso por escrito de la juez, de que en lo sucesivo no aceptará testimonios de reporteros sobre algún caso en específico y anunció sanciones para los abogados Jesús Agustín Celorio Vela, Samuel Ramírez Ocampo y Julio Álvarez Organis, defensores del presunto homicida, Mario Angelina Vergara, por ofrecer como testigos de descargo a los reporteros Alejandro Aparicio Tetoto, Jaime Basave Aguilar y Aldo Badillo Velásquez, sin tomar su parecer.

Y es que los abogados, según declaraciones de los reporteros, los amenazaron con llevarlos a declarar “por las buenas o por las malas, y sin darles el cambio”.

En la protesta participaron unos 30 reporteros de diversos medios locales y unos 150 comerciantes de la Unión de Comerciantes Francisco Villa, dirigida por Francisco Javier Salazar Torres, herido el 4 de julio del año pasado y quien acusa a la juez de retardar su demanda en contra de sus agresores.

La marcha partió de la explanada municipal hacia el reclusorio, ubicado a un lado de la carretera a Tuxpan, pero cerca del DIF municipal, los marchistas interrumpieron su caminata y continuaron a bordo de camionetas hasta el entronque del reclusorio.

Al continuar su protesta a pie reporteros y comerciantes exhibieron una manta donde pedía el cese de la juez por el hostigamiento a los reporteros.

Casarrubias García aseguró que ella tenía conocimiento de que los reporteros estaban de acuerdo con comparecer y luego argumentó que los reporteros estaban en su derecho de comparecer o no.

Uno de los reporteros preguntó a la juez quién había girado los citatorios y si la medida contó con su aval o no. Dijo que ella sí tuvo conocimiento, pero que lo había hecho porque los abogados del detenido habían ofrecido el testimonio de los reporteros al agente del Ministerio Público adscrito a la sala penal.

Dijo que ella aceptó los testimonios, porque los abogados querían saber quién proporcionó a los reporteros la información, si estuvieron o no presentes en el momento en que la hija de los occisos rindió su declaración ministerial.

Tras media hora de acusaciones y aclaraciones, los reporteros propusieron la firma de un acuerdo, mediante el cual la jueza asume el compromiso de no citar a comparecer a ningún reportero mientras ella esté en ese cargo.

No ha respondido dos demandas

A la fecha, la juez primera penal del Distrito Judicial de Hidalgo, no ha respondido dos demandas en su contra por “retardar la aplicación justicia”, aseguran el abogado Humberto Salmerón Erdosay y el líder de la Organización de Pueblos Campesinos e Indígenas, Francisco Javier Salazar Torres.

“Para la juez Antonia Casarribias García, retardar la aplicación de la justicia es una práctica común”, revela el abogado Salmerón Erdosay.

Con documentos en mano recordó que a finales del 2000, llevó la defensa de Andrés Cuevas Urióstegui, señalado como el autor material del homicidio de Edmundo Salgado Mojica, hermano del ex alcalde de Teloloapan, Ubaldo Salgado Mojica.

Casi un año después, añadió, su cliente salió absuelto al no comprobársele el delito que se le imputaba. La juez en el caso fue precisamente Casarrubias García, quien se desempeñaba como Juez Mixto del Distrito Judicial de Aldama.

Dos años después de esos hechos, el abogado pide al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raúl Calvo Sánchez, su remoción inmediata e impedimento para realizar alguna función dentro de la administración e impartición de justicia.

En tanto, el líder de la Organización de Pueblos Campesinos Indígenas, herido el 4 de julio del 2002, presentó la semana anterior, una demanda ante la Coordinación Regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, una demanda en contra de la misma juez, por negarse a dar cauce legal y normal al juicio que se sigue por el delito de homicidio en calidad de tentativa en su agravio.

“La juez ha retardado mi juicio y los responsables de casi asesinarme siguen libres”, revela en rueda de prensa con varios reporteros de la ciudad.