Exige la UPOEG el uso también de lenguas indígenas en anuncios y papelería oficial

*Fortalecer por ese medio las culturas originarias, pide Bruno Plácido Valerio

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) va a exigir el cumplimiento de la Ley general de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, para que los municipios con población originaria utilicen en anuncios y en la papelería oficial nombres y leyendas en español y lenguas originarias.
El dirigente indígena de la organización, Bruno Plácido Valerio, informó que este es un acuerdo del taller “Elecciones de autoridades municipales conforme a las normas, procedimientos y prácticas tradicionales”, que se realizó el domingo y lunes en Chilpancingo, para defender la consulta sobre la elección por usos y costumbres en San Luis Acatlán.
Aclaró que no van a permitir que se incumpla la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, y también van a exigir la visibilización de los pueblos a través del uso de la lengua en espacios públicos y oficiales, que contribuya a fortalecer las culturas originarias.
Como ejemplo de la lucha para recuperar aspectos de la identidad que se ha pedido y les han arrebatado a los pueblos, indicó que en el ejido de Buena Vista —de donde es originario— se construye una casa espiritual con visión mixteca, que tiene ver con la visión de los pueblos indígenas.
Del taller, indicó que se dirigió principalmente a los promotores de la organización para defender la consulta que realizará e Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), mediante la cual las comunidades van a decidir si prefieren elegir a las autoridades municipales por usos y costumbres o a través del sistema de partidos políticos, como se usa actualmente.
Denunció que el gobierno no respeta los derechos de los pueblos indígenas y asume la visión convencional de los mestizos, “queremos que acepten otra visión, y aquí hay que aprender que tenemos un estado multicultural, y lo más importante es que nos respetemos ambos”.
El domingo participaron en la sesión dos expertos en sistemas normativos de los pueblos indígenas nacionales e internacionales, de la Secretaría de Asuntos Indígenas del Estado de Oaxaca, Raúl Rangel y Marcos Sandoval, que coincidieron en que los estados se niegan a reconocer los derechos de los pueblos a ejercer su autonomía.
Plácido Valerio indicó que se siguen violentando sus derechos como indígenas, porque aun cuando los magistrados del Trife reconocieron estos derechos, en los estados se siguen violentando.
Del instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INLI), Aidé Aragón Santos expuso los alcances de la ley de derechos lingüísticos, que deben ser reconocidos por cualquier autoridad civil y judicial con el solo hecho de que una persona se declare indígena.
Sin embargo, señaló que en los procesos judiciales los jueces argumentan que las personas no se asumen indígenas, porque ellos se llaman a sí mismos nahuas o mixtecos, no como indígenas. O bien dicen que hablan español, pero eso no implica que no necesitan de traductores de su lengua y de su variable lingüística, que los acompañen en el proceso.
Aclaró que aun teniendo el español como lengua materna, no todos son especialistas en temas legales para prescindir de una asesoría apropiada.
El presidente del consejo de comisarios municipales y autoridades agrarias de la UPOEG en Ayutla, Hermelindo Candía Soriano, denunció que los maestros de educación básica no escriben con sus alumnos en su lengua. Al contrario, inhiben su uso de las lenguas indígenas en las escuelas, a pesar de que es un derecho de los pueblos que se fomente su lengua y su cultura desde las aulas.
Solicitó al INLI una campaña intensiva para que los maestros escriban y hablen con sus alumnos en la lengua originaria, porque hay muchas familias indígenas en municipios costeros que emigraron y se instalan en nuevas tierras, donde también se debe fomentar la cultura de los pueblos.
Sin embargo, añadió que no hay mestizo, ni institución municipal, estatal o federal que lidere esta lucha, ni las instituciones, y son las comunidades indígenas las interesadas en esta tarea.