La agresión al Braulio Pimentel de la CRAC de Abad, fue “por el rescate de la institución”, justifica Eliseo

*Son minoría los mil que marcharon en San Luis Acatlán, afirma. El proyecto no está perdido y no requiere un rescate, pero los coordinadores de la casa matriz ponen en riesgo a las personas que se suman a su proyecto, advierte

El coordinador de la Casa de Justicia paralela a la casa matriz de San Luis Acatlán de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Eliseo Villar Castillo justificó la agresión de sus policías comunitarios a uno de los integrantes de la fracción contraria cuando promovía la marcha de este domingo en esa cabecera municipal, y dijo que fue “por el rescate de la institución comunitaria”.
El dirigente aceptó que golpearon al integrante de la casa matriz Braulio Pimentel Antúnez, y dijo que fue porque “se opuso” a la detención, y además “mis policías están muy inconformes” por el homicidio de uno de sus compañeros el mes pasado en una confrontación de los dos grupos de la CRAC en San Luis Acatlán, que derivó en varias detenciones en ambos bandos.
En ese conflicto intervinieron las autoridades estatales y liberaron a los que tenía presos Eliseo Villar. Después el gobierno de Ángel Aguirre Rivero reconoció a la fracción de Villar Castillo como “legítima”.
Ayer, insistió en que los golpes y torturas que denunció el agraviado son menores en relación a la muerte del policía comunitario de Cuajinicuilapa, y añadió que los policías que operan en la Casa de Justicia paralela que él maneja son de diferentes pueblos de la región, “algunos de la comunidad de donde era el difunto”.
Contrario a lo que aseguran los coordinadores de la casa matriz, de que vendió el proyecto comunitario con la credencialización de la Policía Comunitaria por los gobiernos estatal y federal, Villar Castillo insistió en que está protegiendo a la CRAC de un desarme y de detenciones.
Expuso que no se trata sólo de ser autoridad, sino qye “hay que respetar reglas” y el grupo de Abad García, el coordinador de la Casa Matriz, “no reconoce sus delitos”.
De la marcha del domingo, donde unos mil manifestantes exigieron la salida de Villar y denunciaron que el gobierno estatal provoca la división de la Policía Comunitaria, el dirigente reiteró que el grupo de Abad representa a una minoría.
Insistió en que sólo cuentan con 12 comunidades en San Luis Acatlán, por lo tanto no se puede llamar CRAC, “es un grupo armado que ya no dispone de los archivos ni documentos antiguos de la casa matriz”, que ahora él tiene tras una irrupción en la que se llevó todo a la Casa de Justicia paralela a la matriz.
Consideró que la reinstalación del grupo de Abad en la casa matriz, a partir de esta movilización, es una provocación respaldada por el alcalde de San Luis Acatlán, Alejandro Contreras Velázquez, porque el domingo envió a policías municipales a resguardar las instalaciones de la casa matriz “con grupos que pertenecieron a la CRAC”.
Destacó que el gobierno estatal los reconoce como representantes de la CRAC porque llevaron el acta de la asamblea regional del 22 de junio donde 132 comunidades los avalan, sin embargo, en esa fecha se organizaron para liberar a uno de los coordinadores de la Casa de Justicia paralela detenido por integrantes de la casa matriz, en el mismo evento donde murió el policía comunitario de Cuajinicuilapa.
Explicó que la asamblea regional estaba programada para esa fecha, se instaló y terminó rápidamente porque “tuvimos que ir por el rescate”, pero “aprovecharon la reunión” para hacer el concentrado de 132 comunidades de cuatro casas de justicia que se coordinan con él.
Insistió en que la Casa de Justicia de Espino Blanco, la segunda que se conformó después de la de San Luis Acatlán hace 17 años, está desconocida porque no se sumó al proceso de credencialización. Para reintegrarse tendría que pedir disculpas a la asamblea regional, dijo.
A pesar de esta posición, insistió en que la división la provoca el grupo de Abad García, con cuyas acciones se puede reanudar la represión que llevó a la detención de integrantes de la Casa de Justicia de El paraíso en 2013, como Nestora Salgado García, Gonzalo Molina Gonzalez y Arturo Campos Herrera trasladados a penales federales fuera de la entidad. Casos que su fracción, afirmó, nunca va a reivindicar.
Consideró que la confrontación en la CRAC va a propiciar más desarmes y detenciones, pero no todos son responsables de manifestaciones que se salen de control, como las que ocurrieron el año pasado en Tixtla, Ayutla y Olinalá, dijo en clara referencia a la toma del Ayuntamiento en Tixtla, a la retención de soldados del Ejército en El Pericón (municipio de Tecoanapa que colinda con Ayutla y donde policías comunitarios actuaron junto a la Policía Ciudadana) y la retención del síndico de Olinalá.
Insistió en que el proyecto de la CRAC no está perdido, por lo tanto no se requiere un rescate, y los nuevos coordinadores de la casa matriz ponen en riesgo a las personas que se suman a su proyecto.
Anunció que mañana comienza la segunda fase de credencialización de los policías comunitarios que su fracción y el gobierno del estado acreditaron, será en la comisaría municipal de Marquelia. Este acto, originalmente se tenía previsto para la semana pasada en la Casa de Justicia paralela de San Luis Acatlán, que todavía no tiene servicio de electricidad.
Por otro lado, informó que continúan las acciones de seguridad y justicia, y el sábado en una operación conjunta con militares y la policía de Marquelia, en la colonia 18 de Octubre, detuvieron a tres personas por golpear a un joven a quien “le destriparon un ojo y le rallaron la mano con navajas”. (Lourdes Chávez / Chilpancingo)