Libera la UPOEG a dos detenidos por el asesinato de un empresario en Palo Blanco, informan

*Soldados y policías llegaron a desarmarlos, afirma el abogado de los retenidos y acusa de “paramilitar” a la organización. Los soltaron por decisión de una asamblea y van a colaborar en las investigaciones del homicidio, dice Bruno Plácido

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) liberó la madrugada de ayer a dos familiares de presuntos líderes de la banda de Los Rojos ante la presión de soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y policías federales que llegaron a desarmarlos, aseguró el abogado de los retenidos, José Sánchez Sánchez.
El dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio señaló que los dejaron ir por acuerdo del consejo de autoridades comunitarias del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadano (SSJC) del valle de El Ocotito, porque se comprometieron a colaborar en la investigación del homicidio de un empresario de Palo Blanco ocurrido el fin de semana.
Precisó que sólo fueron dos personas las retenidas, y no cuatro como se manejó en las primeras versiones que señalaron a dos policías estatales.
Los dos fueron detenidos tras el asesinato de un empresario en Palo Blanco.
Dijo que María Campos Vega, señalada como hermana de los jefes de la plaza de Mazatlán por el grupo criminal de Los Rojos,  y su esposo, Jorge Santos Salvador, reconocieron que sus familiares se dedican a actividades ilícitas, y que ellos tenían una participación mínima.
Por otro lado, el abogado José Sánchez recordó que la Policía Ciudadana no tiene el respaldo legal de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), y con aprehensiones de familiares de presuntos delincuentes viola toda norma y es un grupo paramilitar.
Vía telefónica adelantó que los agraviados presentaron una demanda contra integrantes de la UPOEG por privación de la libertad, tortura, secuestro y lesiones en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), porque si bien los liberaron, el delito está consumado y permanece.
“Sí fueron detenidos porque posiblemente sus familiares están ligados a la delincuencia organizada, pero son ellos, las delitos y conductas son individuales, no colectivas, no se justifica la detención de sus hermanas, es arbitrario y fuera de todo orden jurídico”, enfatizó.
Recordó que a mediados del mes pasado, la Policía Ciudadana también detuvo a la hermana de María, Romana Vega Campos, estudiante universitaria que ahora tiene resguardo de la Secretaría de Seguridad del gobierno del estado como medidas cautelares.
Por ese caso, la PGJE detuvo a varios integrantes del SSCJ que salieron de prisión luego de que el juez dictó el auto de libertad por falta de elementos y denuncias de tortura.
El abogado aceptó que el año pasado la Policía Ciudadana parecía una opción ante la inseguridad en los municipios, pero ahora los actores sociales tendrían que alzar la voz, “al rato, como decía papá Pitufo en Michoacán (jefe de las autodefensas que se alinearon con el gobierno federal) no vamos a saber para quién trabajan las autodefensas; sino se institucionalizan esto será una guerra. Al rato grupos facciosos van a usar autodefensas para hacer limpias”.
Del caso contra los policías ciudadanos que fueron liberados el mes pasado, dijo que el procurador Iñaky Blanco Cabrera se equivocó en la estrategia para inculpar a los policías coiudadanos, pero aún con indicios, de acuerdo a jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN), insistió en que el juez pudo determinar el auto de formal prisión. Añadió que el caso sigue abierto porque presentaron un amparo contra la sentencia del juez.