Una artesana del Alto Balsas está en la cárcel en Cancún acusada de trata de personas; no tuvo defensa adecuada

*Carmen Martínez tenía en ese sitio turístico un taller de alfarería, y se llevó a cuatro adolescentes nahuas, a petición de sus padres, que vivían y trabajaban con ella, y a cambio aprendían a pintar. Los menores se van porque hay redes de solidaridad entre indígenas, dice un ex dirigente. El proceso está lleno de vicios, señala su defensa en una demanda de amparo

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La tradición artesanal de pueblos nahuas el Alto Balsas llevó a la formación de redes solidarias entre indígenas de la zona Centro, Norte y Montaña, donde jóvenes, adolescentes, incluso niños sin opciones de desarrollo, colaboran en talleres extendidos a lo largo del país, a cambio de aprender un oficio que les dé la oportunidad de salir adelante.
Desde la visión de los pueblos originarios esto no implica un empleo o explotación infantil; los menores salen de sus casas con la autorización de sus padres, para vivir en talleres familiares donde comparten labores, lengua, costumbres y tradiciones con quienes los reciben.
Aunque en Cancún, Quintana Roo, una artesana náhualt de Ameyaltepec, municipio de Eduardo Neri, fue acusada de trata de personas contra cuatro adolescentes  indígenas también originarios de Guerrero; tres mujeres de 12, 14 y 15 años de edad, y un joven de 17.
Según la fe ministerial, el 30 de enero Carmen Martínez Jiménez fue detenida “en flagrancia” en su domicilio –donde tiene su taller–, y fue llevada a la prisión municipal de Benito Juárez.
A pesar de que los padres de las cuatro presuntas víctimas fueron a aclarar que sus hijos no fueron privados de su libertad ni obligados a ir con los artesanos, el 7 de febrero se le dictó auto de formal prisión como posible responsable de trata de personas.
De acuerdo con el auto de formal prisión, el padre de una de las menores declaró que “dio permiso a su hija de que trabajara con doña Carmen porque la conocen hace mucho tiempo, es buena persona… además de que somos muy pobres y en casa no tienen que comer”.
En sus comunidades de origen, los padres de dos adolescentes, Eudoxio Coctecón Cocteco y Catalino Zoyateco Catalino, dijeron que confiaban que eso sería suficiente para que saliera de prisión, pero la Fiscalía especializada para la atención de los delitos que atentan contra la libertad sexual y su normal desarrollo contra la moral pública –donde se turnó el caso porque se mencionaban delitos mayores–, consideró que la acusada convenció a los padres para llevarse a los adolescentes, y su pobreza justifica el trabajo infantil.
Como pruebas, las autoridades de aquel estado destacaron descamaciones en las manos de las menores, provocadas por los trabajos manuales, y estudios psicológicos que indicaron un “nivel bajo” de afectación emocional por trata de personas.

El caso

Según varias versiones, la detención de Carmen Martínez ocurrió luego de que una de tres adolescentes que llegaron a su taller el 23 de diciembre para ayudarla en la elaboración de artesanías de Año Nuevo y Semana Santa, se escapó.
En su casa de carrizo y adobe en Atliaca, la menor de 17 años, tímidamente reconoció que huyó para buscar un empleo porque no le gustaba estar en el taller. Explicó que la ponían a barnizar figuras de barro y ella quería pintar.
Dijo que le dieron asilo en una vivienda a tres casas del taller, donde al parecer el DIF conoció su caso y la obligaron a señalar el lugar donde había estado, la subieron a un carro oficial de gobierno y desde ahí observó cómo sacaron a los menores y a Carmen del taller.
Pedro Santos explicó que la niña trabajó unas dos semanas en una miscelánea frente al taller, y hasta ahí llegó la policía estatal, pero los encargados de la tienda les dieron dinero a los uniformados y los dejaron en paz, mientras a su esposa le pidieron 50 mil pesos para no acusarla de delitos mayores, porque se mencionaba que sería acusada de secuestro y prostitución
Confiada en que no hacía nada malo, permitió el paso a policías y peritos a su casa, donde tomaron fotos a los niños, a la producción de alfarería, a los dormitorios y se negó a darles el dinero que pedían, porque tampoco lo tenía.
En su casa en Atliaca, la menor de 12 años, de rostro redondo y serio, señaló que doña Carmen los trataban bien, pero en el DIF municipal de Benito Juárez, donde fueron llevados por los policías, las castigaban porque se comunicaban en náhualt.
Indicó que los levantaban a las 5 o 6 de la mañana a lavar ropa, limpiar baños, tender camas, les asignaban tareas incluso después de la cena y no les permitían ir al patio de juego.
En su casa de paredes de carrizo y techo de lámina negra, donde ese día ayudaba a su familia a coser balones de fútbol, a pedido de un artesano de Chichiualco, dijo que para recibir alimentos, era necesario hablar español, y esta situación era especialmente difícil para la tercera menor, de 14, que sólo habla náhualt.
Recordó que los trabajadores del DIF les recriminaban “porque se habían ido tan lejos” y los amenazaron con encerrarlos de nuevo si regresaban a Cancún. También denunció que la golpearon, porque no dejaban que la maltrataran.
Junto al fogón de leña de su casa en Alcozacán, municipio de Chilapa, la última niña, que el 25 de julio cumplirá 15 años, por medio de un traductor reconoció que pasaba hasta dos días sin comer porque “no le gustaba la comida”, confirmó que la regañaban y castigaban porque no habla español.
A su lado, su papá Zoyateco Tolentino, con un español atropellado, explicó que conoció a los artesanos en Chilapa, donde vende frijol negro que él mismo cosecha; así supo a qué se dedican y la mayor de sus hijos, que tampoco tiene estudios, es analfabeta, quiso irse con ellos.
Con una sonrisa, la niña dijo que Cancún es muy bonito y le gustaría volver a trabajar con los artesanos en su taller. Sobre la detención, dijo muy seria que desde el primer momento supo que lo que pasaba no era bueno, porque los hombres iban armados.
Mientras Eudoxio Coctecón en Atliaca, explicó que Carmen llegó a su casa a pedir ayuda para su taller, y accedió a que su hija se fuera con los artesanos, porque una vecina estuvo cuatro años con ellos.
Pedro Santos aclaró que el cuarto joven de 17 años, estuvo con la familia desde los 8 o 9 años de edad, porque su papá le pidió a los artesanos que se lo llevaran porque tenía muchos hijos, “primero en tono de broma”. El día de las entrevistas, el menor se encontraba trabajando como peón con su papá en parcelas de Huiziltepec, en el municipio de Zumpango, pero no se le localizó para hablar con ellos.
Los padres de dos menores confirmaron que estuvieron dos semanas en Cancún, esperando que les entregaran a sus hijas, pero sólo pudieron verlas en una ocasión en el DIF, donde el personal les exigía que se comunicaran en español, no en náhualt. Un mes después, luego configurar el delito de trata de personas contra la artesana, las menores fueron enviadas al DIF municipal de Chilpancingo, donde fueron entregadas a sus familiares.

Los vicios del proceso

En el expediente dice que al menos uno de los padres recibió 2 mil pesos antes de la salida de su hija, y en el juicio de amparo contra el auto de formal prisión, los abogados cuestionaron que se usara su declaración para sustentar el delito.
Indicaron que los padres, también indígenas nahuas, no tienen la capacitación necesaria para comprender los términos legales y las consecuencias de sus declaración, y eso refleja la mala fe en las diligencias ministeriales.
También cuestionaron la presunta flagrancia del delito, porque los policías y peritos allanaron un domicilio y robaron documentos particulares pues no llevaban orden de cateo o de aprensión cuando detuvieron a Carmen Martínez, y los menores no dijeron en qué consistía su trabajo, sólo manifestaron que hacían artesanías, “sin que eso justifique explotación infantil”.
Asimismo, denunciaron la intimidación de la policía y los agentes del MP contra Carmen, que habla sólo básico del español, jamás le dijeron porqué la sacaron de su casa, a pesar de que ella les dio todas las facilidades para ver el lugar.
Destacaron que en la declaración ministerial no fue asistida por un traductor de náhualt, pero en el MP se apresuraron a señalar que hablaba fluidamente el español.
Sin embargo, el juez acreditó a una enviada de la Comisión de Derechos Indígenas (CDI), Gabriela Díaz Moralez,  como conocedora de la lengua y la cultura de la acusada, para asistirla, y cuestionaron su papel de coadyuvante del fiscal.
Consideraron que el juez “se sacó de la manga una supuesta perito traductora por la premura para tomarle la declaración preparatoria”, por lo tanto Carmen Martínez, pasó las primeras fases del proceso sin una defensa adecuada.

La tradición

Por separado, el ex dirigente indígena del Alto Balsas, Guillermo Álvarez Nicanor,  explicó que debido a la poca productividad de las tierras, entre los años 50 y 60, los pueblos del Alto Balsas comenzaron a pintar en papel amate, luego sobre figuras de barro.
frente al éxito de muchas familias y artistas del lugar, muchos pueblos quisieron a seguir este ejemplo: “los hijos de San Agustín Oapan, Zoyatlán, Atliaca, que somos los mismos que hablamos náhualt, nos pedimos como de favor que nuestros hijos aprendan a pintar, y si en el momento que aprenden les dan un pequeño apoyo, mejor”, dijo en alusión a los pagos simbólicos por su labor.
El también fundador del Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas, y del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena destacó que muchos jóvenes y adolescentes dejan sus estudios y lo mejor que pueden hacer es aprender a pintar.
“No nos vemos como patrones, ni como empleados, convivimos como familia, y quienes los reciben son muy responsables de los menores. Duermen donde duermen ellos y comen lo mismo y los acompañan a los sitios de diversión a donde ellos van”.
Confirmó que las artesanías se comercializan “de eso sobreviven muchas familias”, pero estimó que 50 por ciento de los niños adolescentes que se involucran en esta dinámica, se independizan y colocan su propio taller.
“Para nosotros es una escuela, que no es la universidad, pero se aprende un modo honesto de vivir”, dijo.
Lamentó que las autoridades que acusaron a Carmen no quieran ver las cosas de esta manera, porque existen “cosas más serias como el corte de chile en los campos agrícolas de Sinaloa, donde los niños (junto a sus padres) hacen trabajos pesados todo el día, y no van a la escuela”.
Consideró que si el Estado no tiene un sistema para evitar la deserción escolar, tampoco debería ensañarse con los indígenas que buscan formas de aprender y llevar la cultura a través de las artesanías.