Tlachinollan

A los gobernantes y candidatos, ¿en verdad les interesa respetar los derechos humanos?

A El Sur en sus 19 años. Por su inagotable compromiso de dar voz a los silenciados, y a quienes escriben con sus luchas y su vida estas páginas imborrables en la memoria de las y los guerrerenses

Ante tantas atrocidades cometidas por gobernantes insolentes y tantos daños causados a miles de víctimas que no han descansado un solo momento para exigir justicia, los ciudadanos y ciudadanas tenemos que increpar a las autoridades y a los candidatos para que paren esta guerra y respeten los derechos humanos. En este sexenio que fenece, a pesar de las más de 60 mil muertes violentas que han desangrado al país, el presidente Felipe Calderón sigue aferrado a su postura de que  “la estrategia de seguridad es la correcta, que está rindiendo frutos más allá de los vaivenes y sobresaltos que puedan ocurrir en las coyunturas”. Es claro que su posición de fuerza expresada en medios televisivos, con cara de enojado y desafiando a quienes lo critican y disienten, nos coloca en el umbral de la exasperación, porque así como actúan las autoridades, no hay forma de corregir el rumbo.
En esta democracia, para los políticos, una vez que consiguen el poder, todo lo que puedan opinar o decir sus adversarios o la misma  ciudadanía, lo relativizan y les parece  trivial. En nada les afecta lo que sufra o grite el ciudadano o ciudadana de a pie. No tienen tiempo para escuchar historias de hombres y mujeres que han sido marcados por la tragedia, como el hecho de tener un familiar desaparecido o de no encontrar consuelo ante la muerte inclemente de un ser querido. No se sienten llamados a solidarizarse con las familias que se  juegan la vida para alcanzar la justicia y para encontrar la verdad. Con el poder en sus manos, los políticos se vuelven inalcanzables, y no hay fuerza humana que los haga reconvenir en sus posturas, reconocer sus fallas o  retomar los planteamientos y propuestas viables y fundadas de la población.
En esta democracia electorera, donde los candidatos y candidatas primero tienen que darse de codazos y patadas para  ganar la candidatura, transitan hacia el camino pavimentado de las campañas políticas, donde no se necesita hacer algún examen o demostrar que son aptos para asumirse como ciudadanos y ciudadanas que tienen el perfil y la legitimidad para representar a la sociedad. Por desgracia en esta democracia no  existe  ninguna evaluación ciudadana para parar a los sátrapas del poder. Por eso en este periodo de campañas, sólo veremos propaganda fútil y discursos que suelen ser un insulto a la inteligencia de los electores y electoras.
No hay ningún mecanismo jurídico o filtro ciudadano que obligue a los que aspiran a un cargo de representación popular a demostrar su capacidad para construir propuestas en base a los reclamos de la población. Tampoco existen formas de evaluación ciudadana para analizar las plataformas electorales de los candidatos y candidatas. Ade-más del presupuesto público, tienen manga ancha para decir lo que les venga en gana al electorado. No podemos permitir que quienes aspiran a un cargo de representación política, sigan siendo personas improvisadas, demagogas, mentirosas, deshonestas, desconocedoras de las leyes y los derechos humanos, sin compromiso social, farsantes y lucradores de la democracia electorera.
Hasta la fecha no hemos encontrado ni escuchado de los candidatos y candidatas propuestas serias viables y orientadas a asegurar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos de los ciudadanos. Como siempre sucede en nuestro país, la gente que lucha en el campo y en la ciudad es la que realmente construye los cambios, la que rompe las cadenas de la dominación y la opresión. Es la que se enfrenta al poder, la que transforma estas maneras obtusas de gobernar. Es la que lucha por colocar en el centro de la discusión nacional los problemas que más lastiman e indignan a la población. Desde la sociedad es como surgen iniciativas y propuestas novedosas. Es como se empuja desde abajo para sacar a los gobernantes corruptos e ineptos y es como se crean plataformas de la sociedad civil para obligar a los candidatos y candidatas a que cuenten con una agenda política que responda de manera integral a los grandes desafíos que enfrenta nuestro país.
En el campo de los derechos humanos, como organismo civil, en coordinación con otras 70 organizaciones hermanas de  la Red Nacional todos los derechos para todos y todas, hemos emplazado a los candidatos y candidatas para que expresen públicamente cuál es su compromiso en el tema de los derechos humanos.
Actualmente vemos la debacle en que nos han sumido estos gobiernos a causa de la impunidad y la corrupción que persisten dentro de las estructuras estatales y por la colusión que se mantiene intocada con el crimen organizado  Nuestro país enfrenta problemas estructurales en el campo de los derechos humanos mientras que las autoridades se niegan a atenderlos porque no quieren romper con el pasado autoritario. Los gobernantes protegen a toda costa a los que violentan los derechos humanos y en la medida en que cometen más barbaridades más se les solapa y encubre, porque son parte de este sistema  que es responsable de desapariciones forzadas, de ejecuciones extrajudiciales, de desplazamientos forzosos, de asesinatos contra periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos, de los feminicidios, de maltrato contra las personas migrantes, de criminalizar las formas de vivir de los jóvenes y de judicializar la protesta social.
Esta situación se agrava en nuestro estado porque las autoridades no tienen como prioridad en sus planes de gobierno respetar los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas. En Guerrero los estudiantes tienen que organizarse y manifestarse públicamente para ser escuchados. Cuando ejercen su derecho a la protesta las autoridades ejercen de manera desproporcionada y brutal su fuerza como pasó con los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa el 12 de diciembre de 2011, donde fueron abatidos por policías estatales y federales los alumnos Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría. Por su parte, los maestros y maestras del estado, ante las amenazas del gobierno de imponer  por acuerdo cupular la alianza por la calidad educativa, que a nivel estatal tiene su versión en el pacto social por la educación, no tienen otra alternativa que la libre manifestación, para evitar que el Estado conculque sus derechos. En el fondo se busca minar la organización de los trabajadores,  se pretende pulverizar el movimiento sindical y cancelar, por la vía de pactos y acuerdos la responsabilidad  del Estado, de garantizar el derecho a la educación entre la población más desprotegida. Con el pretexto de la evaluación universal, el gobierno busca deshacerse de la responsabilidad constitucional de velar para que haya escuelas, maestros y material didáctico entre todos los niños y niñas del estado.
La sociedad en general ha manifestado de diferentes formas la crisis de seguridad que nos desangra y agobia. Lamentablemente los candidatos y candidatas no cuentan con un diagnostico profundo y completo sobre este problema nodal. En sus propuestas patinan en la misma idea sobre la necesaria cohesión e integración social, quedándose en postulados generales y sin contenidos concretos sobre un programa de acción política. Es grave que no mencionen temas de gran relevancia y que están íntimamente ligados con el sistema de justica, la corrupción, las fuerzas armadas y las estructuras financieras. En su diagnostico hay omisiones imperdonables porque no abordan los casos graves de ejecuciones extrajudiciales, secuestros y atentados contra migrantes. Tam-poco existen referencias sobre el grave problema social de centenares de desapariciones de personas, que ha implicado la movilización de sus familiares, que se han dedicado de tiempo completo a buscarlos con resultados infructuosos. No abordan el tema de la reforma al código de justicia militar con el fin expreso de acotar el fuero castrense, tal como lo ha planteado la Corte Interamerica-na de Derechos Humanos en sus sentencias contra el Estado mexicano. No hay un posicionamiento claro para investigar y sancionar todos los casos graves de violaciones a los derechos humanos del pasado y recientes, sin importar el cargo de los responsables. Mientras en el plano federal esto no suceda, los perpetradores de los crímenes de lesa humanidad cometidos en los años de la guerra sucia, seguirán siendo protegidos por las cúpulas del poder político.
En cuanto a los derechos de las mujeres, es imprescindible garantizar sus derechos sexuales y reproductivos, ampliando la cobertura de servicios de salud y planificación familiar, y despenalizando el aborto para evitar la criminalización de las mujeres. Se necesita revisar la reforma constitucional en materia indígena, para garantizar el derecho de los Pueblos a su libre determinación; a proteger sus territorios; a preservar sus recursos naturales y a que el Estado esté obligado a realizar consultas efectivas, para evitar que las autoridades impongan programas para dividirlos y para persuadirlos de que vendan sus tierras a las empresas extranjeras. Es de suma urgencia que tanto las autoridades como los candidatos, protejan la vida de las y los periodistas así como de las y los defensores de derechos humanos. Deben atender con presteza sus reclamos, ante todo investigar y sancionar a los responsables. Tienen que adoptar medidas efectivas para garantizar su seguridad y un ambiente favorable para su trabajo.
Muchas son las propuestas de una sociedad crítica y pujante como la de Guerrero, que reclama con todo derecho a los políticos, a los candidatos y candidatas mayor nivel y calidad profesional; un trabajo serio, responsable y de cara a la ciudadanía; un compromiso que vaya más allá de sus ambiciones personales; disposición y aptitud para debatir temas álgidos y la construcción de una plataforma electoral acorde al clamor de la gente que lucha diariamente. Se necesita que en verdad demuestren que cuentan con el respaldo de la población y que por lo menos saben lo que dicen.
Con este sistema de partidos, donde lo que cuenta son las cuotas de poder entre los caciques y  las tribus políticas, los ciudadanos y ciudadanas contaremos con una candidata o candidato comprometidos con los derechos humanos? ¿Estarán dispuestos a sacrificar sus privilegios para defender casos como la represión de los estudiantes de Ayotzinapa; para defender las tierras de los campesinos y campesinas opositoras a la presa la Parota; para exigir  que las violaciones de derechos humanos perpetradas por militares sean investigadas por las autoridades civiles? ¿Estarán dispuestos a denunciar toda la corrupción que existe al interior de las instituciones gubernamentales, y a abanderar las denuncias de las  víctimas sobre casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas, cometidas por agentes del Estado? ¿Los ciudadanos y ciudadanas podemos depositar nuestra confianza en los candidatos y candidatas de Guerrero, creyendo que después de las elecciones  van  a alzar la voz y a salir en defensa de los derechos del pueblo?