Con un gobierno represor de nada sirve la ley para proteger a personas en riesgo: Tlachinollan

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La nueva Ley para la Protección de Personas en Situación de Riesgo no genera ninguna expectativa para garantizar la integridad de activistas sociales, sindicales, defensores de derechos humanos y periodistas mientras los mecanismos de prevención y protección estén controlados por un gobierno que criminaliza la lucha social, opinó el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra.
En consulta telefónica sobre la iniciativa que el martes se aprobó en el Congreso local, aclaró que a reserva de una revisión más exhaustiva, la información difundida indica que la ley tiene un objetivo mediático, político y de simulación.
Cuestionó que en la ley las instancias responsables de proteger, promover y garantizar los derechos humanos sean una junta de gobierno con representantes de los tres órdenes de gobierno, coordinadas con un Consejo Consultivo y una Coordinación Ejecutiva, operadas desde la Secretaría General de Gobierno.
Asimismo, dijo que se incluye a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado (Codehum), que también opera bajo subordinación a la Secretaría General de Gobierno.
Recordó que el organismo descentralizado también tiene un consejo consultivo controlado por las autoridades, como se pudo verificar cuando se nombró al actual presidente, Ramón Navarrete Magdaleno.
Indicó que como la mayoría de los integrantes del consejo consultivo son personas allegadas al gobierno, ganó la propuesta identificada por su cercanía al gobernador.
Cuestionó “cómo se van a aplicar los controles, si desde el gobierno se dice que los integrantes de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias son criminales, y que el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (Cecop) comete delitos, y libra averiguaciones previas y da instrucciones para que los trasladen a penales fuera de Guerrero, resulta contradictorio”.
Además, indicó que en Guerrero hay muchos mecanismos de protección a personas en situación de riesgo, como la legislación de la Codehum, que cuenta con un presupuesto para otorgar garantías.
En la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) hay una subprocuraduría de derechos humanos, el propio gobierno estatal tiene un área en la materia, y “a nivel federal hay bastantes bastante leyes, el problema es de las prácticas de las autoridades estatales y de voluntades políticas”.
Como ejemplos, también señaló el caso de los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), contra quienes hay acciones penales.
Reiteró que en este gobierno ha sido sistemática la represión contra activistas y luchadores sociales, que se traduce en detenciones, incomunicaciones y traslados a penales federales, y “en este marco de represión, con un gobierno de corte autoritario, de nada sirve una ley de este tipo, si quienes van a controlar y dirigir el mecanismo, parece una vacilada”.