Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan

Donde llueve sobre mojado: la violencia en Ayutla

 (Tercera parte)*

 Desde la violación sexual por parte de elementos del Ejército en agravio de Valentina Rosendo Cantú de 17 años en la comunidad de Barranca Bejuco, municipio de Ayutla de los Libres el 16 de febrero de 2002 y de Inés Fernández Ortega de 26 años de la comunidad de Barranca Tecoani, municipio de Ayutla, el temor fundado de los pueblos indígenas hacia el Ejército mexicano ha ido en aumento.

La simple presencia es suficiente para infundir temor entre las comunidades: cuando se sabe que hay patrullas del Ejército cerca, los hombres prefieren no ir a cultivar la milpa, las mujeres se encierran en sus casas y los niños no van a la escuela.

En nuestro informe anterior dimos cuenta de la denuncia de las autoridades de Caxitepec, comunidad me’phaa del municipio de Atlixtac, que en agosto de 2001 denunció que durante 15 días se sintieron sitiados por elementos del Ejército quienes los interrogaban, revisaban sus pertenencias, y se enojaban si no se les respondían alguna pregunta, siendo que muchos de los habitantes no podían responder a preguntas que no entendían por su escaso dominio el español. Esta situación provocó que los hombres ya no salieran a sus milpas a trabajar por temor a ser agredidos por los militares.

Se pidió en su momento la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) quien, mediante el oficio número CVG/DGA/019930, declarara que: “Del estudio efectuado a las constancias que integran el expediente de queja en que se actúa, se deduce que no evidenciaron conductas que pudieran constituir transgresiones a los derechos humanos de los agraviados atribuibles a personal del Ejército mexicano”.

Sin embargo estos casos de acoso no son hechos aislados, sino que corresponden a una actuación sistemática de hostigamiento contra los pueblos indígenas. El 19 de junio de 2003, un contingente compuesto por 60 soldados transportados en cinco carros llegaron a la comunidad me’phaa de Plan de Gatica, municipio de Ayutla, y después de permanecer en el centro de la comunidad cinco horas se retiraron para acampar a la orilla del camino durante once días. En ese tiempo los hombres no pudieron salir a sembrar y las mujeres permanecieron en sus casas.

La comunidad permaneció callada cuando los soldados entraron a un pequeño taller de costura para recargar sus equipos de radio comunicación sin pedir permiso siquiera a las mujeres que se encontraban ahí; tampoco levantaron la voz para protestar por el robo de algunos artículos de la tienda comunitaria.

Sin embargo, la comunidad se armó de valor y se presentó en el campamento militar para exigirles su retirada cuando, el 29 de junio, dos niñas de 10 y 11 años de edad se encontraron en el río con algunos soldados mientras pastoreaban sus cabras. Uno de los soldados semidesnudo tomó a la menor de la mano y le preguntó qué hacía allí. Las dos niñas asustadas gritaron y corrieron por el temor de ser violadas.

El 27 de julio la comunidad se reunió con el general Oswaldo Fernando Canto, comandante de la 27 zona militar, en donde le expusieron su inconformidad por la presencia injustificada del Ejército. En esa reunión estuvieron presentes además de otros mandos militares, el presidente municipal de Ayutla y el visitador de la CNDH.

La actitud conciliadora del general trató de minimizar los hechos, incluso se ofreció a pagar ahí mismo el costo de la luz utilizada para recargar el equipo de comunicación y los 20 pesos del valor de la mercancía robada por uno de los soldados a la tienda comunal.

Es preocupante constatar que las autoridades militares no han comprendido que el problema no es si un soldado roba 20 o 30 pesos a una tienda, o si hay malos entendidos porque se olvidaron de pedir permiso para recargar sus equipos de radio comunicación; el problema es la prepotencia con la que los soldados se pasean por las comunidades y sus alrededores, pues ¿quién tiene el valor para contradecir a un militar con fusil al hombro? Las comunidades viven con miedo; se sienten, se saben indefensas ante las fuerzas del estado.

Más preocupante aun es la poca sensibilidad con la que la CNDH aborda estos casos: por lo general basa sus conclusiones en los reportes oficiales de los mandos castrenses y minimiza las declaraciones hechas por las víctimas.

En los casos de Erika Zamora y Efrén Cortés, la CNDH no valoró las pruebas de tortura de manera adecuada; asimismo en su intervención en el caso de Plan de Gatica, el visitador de la CNDH aprovechó la reunión para tomar la declaración de una niña de 11 años que fue asustada por un militar en el río, mientras un soldado gravaba toda la declaración a un metro de distancia, intimidando a la víctima.

Acoso a las Organizaciones Sociales

La Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos (OIPMT) es una organización formada por comunidades mixtecas (na savi) y tlapanecas (me’phaa) con una fuerte presencia en los municipios de Ayutla y Acatepec. Su objetivo es ser un espacio de organización y encuentro de los pueblos indígenas para resolver juntos sus problemas comunitarios. Esta organización fue la primera que apoyó a las comunidades de Barranca Bejuco y Barranca Tecoani cuando Valentina Rosendo e Inés Fernández fueron violadas por soldados.

La mayoría de las comunidades acosadas tienen relación directa con grupos sociales que buscan apoyar a la organización comunitaria para mejorar sus niveles de vida.

Una de las agrupaciones más hostigadas es la OIPMT: varios de sus integrantes se encuentran amenazados de muerte, como es el caso de Otilia Eugenio quien ha recibido cuatro anónimos citándola a lugares solitarios en la madrugada, con la promesa de hacerle una fiesta. Los integrantes de la OIPMT vigilaron uno de los lugares de la cita y descubrieron que llegaron al lugar policías judiciales del estado en vehículos oficiales. Otilia ha tenido una participación activa en las denuncias realizadas por Valentina Rosendo e Inés Fernández.

Asimismo el 3 de julio de 2002, Encarnación Sierra Morales, secretario de la comunidad de Barranca Bejuco, fue atacado por desconocidos, dejándolo herido. Hasta la fecha no se ha podido esclarecer la identidad de los atacantes pero se teme que se trate de grupos paramilitares

La OIPMT ha denunciado constantemente ante los medios de comunicación que grupos militares se presentan con listas y preguntan por miembros de la organización en sus comunidades. Es alarmante que varios miembros de la organización que fueron detenidos en la masacre de El Charco han sido asesinados por grupos paramilitares. El 8 de marzo de 2003, dos personas armadas llegaron a la casa de Antonio García Alvino, secretario de la OIPMT y después de revisar que no se encontraba se retiraron del lugar sin mediar palabra con la esposa y los hijos que horrorizados observaban la escena.

Espionaje

La criminalización de la organización comunitaria ha ocasionado que la inteligencia militar busque la manera de introducir espías dentro de las organizaciones. Durante el aniversario de la matanza de El Charco, los integrantes de la OIPMT detuvieron a un supuesto periodista. Al revisar su libreta de apuntes descubrieron que se trataba de un espía, perteneciente al 48 batallón de Infantería en Cruz Grande. En la libreta se encontraban informes que enviaba y que firmaba como el baluarte: en ellos daba cuenta de todos los movimientos realizados por las organizaciones sociales en Ayutla, incluyendo nombres, direcciones y teléfonos de los principales actores políticos y sociales del lugar, hasta de los candidatos a la Presidencia Municipal.

En su descripción sobre las organizaciones sociales, incluye sus puntos de vista calificándolos como radicales o moderado; de la misma manera en sus apreciaciones escribe si existe o no la posibilidad de que se encuentren vinculados a grupos armados. En su libreta, se encontró el registro de cómo, haciéndose pasar por maestro, ha participado en reuniones organizadas por la OIPMT.

La información contenida en la libreta era información del dominio público, ya que la OIPMT, organización sobre la cual hay un mayor seguimiento, se maneja de manera abierta y pública. No obstante es muy preocupante que las autoridades militares y judiciales puedan percibir a este tipo de organizaciones como un foco de riesgo para la seguridad del Estado. En varias ocasiones Arturo Campos, coordinador de esta organización, ha denunciado que son vigilados y seguidos por elementos de la Policía Judicial del Estado. 

*Tomado del noveno informe de labores del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, titulado La Montaña de Guerrero: entre las entrañas de la impunidad y el olvido, que fue presentado el 14 de junio, en Tlapa, por el presidente de esa organización no gubernamental, Abel Barrera Hernández