Jaime Castrejón Diez

 Partidos y democracia

 Al acercarse las elecciones se han visto movimientos y casos que han requerido que el IFE, el Trife y hasta la Suprema Corte tengan que intervenir en asuntos internos de los partidos. Esto es algo que ha sido necesario porque, en la llamada transición a la democracia, se han visto en los partidos claros síntomas del autoritarismo que a pesar de todos los esfuerzos no se puede abatir. Cuando las instituciones electorales comenzaron a garantizar elecciones transparentes, la lucha por la democracia no estaba totalmente ganada. El autoritarismo y el caudillismo que imperan internamente en los partidos se ha convertido en otro obstáculo a vencer. En la actualidad el principal obstáculo para que avance el proceso democrático son los partidos políticos, todos… sin excepción.

Si se vigilan las elecciones y no se vigilan internamente los partidos, estos se establecen como el “corto circuito del proceso”. Esto se vio en la distribución de las candidaturas al Congreso de la Unión y algunas elecciones locales. El estilo siguió siendo chicharronero, partiendo algo del Ejecutivo como antaño, pero aparecieron nuevas fuerzas: las nomenklaturas partidistas. El PRI que retiene mucho de su pasado encontró que el voluntarismo de su presidente Carlos Madrazo fue frenado externamente por el Poder Judicial en el caso Berrueto.

Muchos partidos quisieran modificar las leyes electorales para que internamente se manejen como feudos y solamente truene el chicharrón de la nomenklatura. En realidad ya ha habido intentos de retirar al Instituto Federal Electoral las facultades para interpretar las normas estatutarias de los partidos políticos o de las agrupaciones políticas nacionales.

El caso más directo fue el de la senadora del Partido Verde Sara Isabel Castellanos Cortés el 5 de noviembre de 2002 que propuso que se modifique la actual legislatura para que “sean los propios partidos los que resuelvan en definitiva cuestiones atinentes a los temas de afiliación, suspensión o expulsión de sus miembros”. Esto es bastante autoritario porque deja a los militantes al arbitrio del pequeño grupo dirigente y niega el recurso de apelación, en otras palabras se cierran y se convierten en verdaderos dictadores de los partidos.

En otra de las reformas que promueve la senadora dice que “el Consejo General no podrá interpretar las normas estatutarias de los partidos políticos y agrupaciones políticas para efectos de su aplicación Interna…” Es decir, limitar las funciones del IFE para que los pequeños grupos dirigentes hagan su voluntad.

Claramente los partidos políticos están en una crisis de credibilidad ante la ciudadanía, pero además tienen crisis internas que quisieran poder sofocar y mantener una estructura férrea. La razón es que en todos los partidos se está dando lo que el Jefe Diego llama “fuego amigo”. Lo triste es que son las dirigencias de los partidos quienes quieren quitarle fuerza a la legislación para regresar al modelo del partido monolítico.

No hay que ir muy lejos para encontrar las razones. No solamente es la distribución de puestos directivos sino algo más mundano: el uso de los recursos económicos. Son las llamadas prerrogativas, que son jugosas, las que dan un inmenso poder a los dirigentes de los partidos nacionales. De algunos se dice que son negocios familiares. Con el dinero en la mano, los dirigentes distorsionan el concepto de militancia, pues los recursos son los que finalmente le dan su fuerza absoluta a los dirigentes. Sin una autoridad que vigile, como el IFE, el problema se puede hacer aún mayor. Se habla de corrupción en varios partidos, por lo que es necesario que una fuerza externa los audite y que los recursos del Estado, dados en aras de la democracia no acaben siendo el instrumento de la nomenklatura para establecer controles que favorezcan el autoritarismo de sus dirigentes.

Para conocer a fondo en dónde se encuentra nuestro desarrollo democrático es bueno leer una obra que no ha tenido gran difusión: La agenda Política Electoral 2003. Reflexiones Colectivas. Coordinado por Juan Martínez Veloz, recoge opiniones de Consejeros, Magistrados del Tribunal Electoral del DF y algunos consejeros de los estados y expertos en material electoral. El mérito de este trabajo es que nos permite asomamos al estado de desarrollo de nuestra democracia imperfecta y detectar los obstáculos que la frenan.