Por 27 votos a favor aprueba el Congreso la Cuenta Pública del gobierno del estado

 * Defiende la bancada priísta la legalidad del informe del auditor * Votan con ella dos de cuatro diputados del PAN, los dos de Convergencia, el del PT, el del PVEM y el del PRS * También el de Mariano Dimayuga del PRD * Un diputado del PAN no asiste y el otro se sale antes de la votación * Catorce del PRD en contra y dos abstenciones * El perredista Jiménez Rumbo se lanza en tribuna contra su compañera Gloria Sierra, sin mencionar su nombre * Siempre tiene posiciones virulentas y radicales, dice

 Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * Por 27 de 46 probables votos a favor, y luego de un largo debate, los diputados del PRI, dos del PAN, dos de Convergencia, el del PT, el del PVEM, el del PRS y el perredista Mariano Dimayuga Terrazas, aprobaron la Cuenta de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Guerrero correspondiente al tercer cuatrimestre del 2002.

En la fracción parlamentaria del PRD, pesaron al final las posiciones de los diputados Gloria Sierra López, Yolanda Villaseñor Landa, Rodolfo Tapia Bello y Ramiro Alonso de Jesús para votar en contra, y el resto de los diputados tuvieron que ceder a su intención de aprobarla, luego de que David Jiménez Rumbo dijera en tribuna que votarían en contra para evitar la fragmentación de su bancada, aunque los diputados Mauro García Medina y Marco Antonio López García se abstuvieron.

Primera en hablar en contra, la diputada Gloria Sierra expuso las deficiencias técnicas y financieras del informe que envió el auditor general, Ignacio Rendón Romero a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que elaboró el dictamen aprobándola, y que momentos antes del debate expuso en tribuna el diputado priísta Alvis Gallardo Carmona.

Sierra calificó la aprobación del dictamen como la “crónica de un resolutivo anunciado”, pues desde el nombramiento del auditor y el retraso en la entrega del informe de resultados de parte del mismo, se fueron sumando “una serie de signos inequívocos que prefiguraron la decisión de seguir manteniendo la impunidad y el autoritarismo como forma de conducción inobjetable de este gobierno”.

Señaló que el Poder Legislativo no ejerció a cabalidad sus facultades de fiscalización para obligar al Ejecutivo a cumplir con una verdadera rendición de cuentas. Añadió que ni aun la composición plural de la 57 Legislatura ha sido suficiente para garantizar “verdaderos contrapesos en los poderes públicos”.

Sin llamar por su nombre al PAN y a los otros partidos de oposición, les achacó que digan que respetan los intereses de los guerrerenses, cuando en la práctica reproducen el mismo esquema de gobierno, por lo que no era gratuito que los partidos representados en el Congreso local “estén comprometiendo su voto a favor de la aprobación de la Cuenta Pública”.

Dijo que el informe del auditor general se traduce en aquella máxima popular que reza que todo lo que entró salió. Por eso argumentó que ese informe no cumple con las expectativas, porque solo dice: “Hay que creerle al señor gobernador que los recursos fueron erogados de manera correcta”.

A manera de ejemplo dijo que al auditor general no le mereció ninguna observación al gobierno del estado, los 282 millones de pesos provenientes del Programa de Apoyo al Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF) supuestamente destinados al pago de la deuda pública, pero de los cuales no se tiene ningún registro en el gasto consolidado y esos 282 millones de pesos prácticamente desaparecen en el manejo de sumas y restas.

“Dicho de otra manera, el auditor cierra los ojos ante una presunta desviación de recursos sin hacer alguna observación”, cuestionó Sierra.

También señaló que el auditor no siguió las disposiciones del Presupuesto de Egresos aprobado por el Congreso del Estado, donde el gobernador ha hecho caso omiso de las programaciones del gasto para cada una de las partidas y entidades de la administración central y paraestatal, que marcan diferencias exorbitantes de hasta 2 mil 400 por ciento más, respecto a lo autorizado.

Incluso señaló que se pretende “encubrir” al gobernador porque el auditor omite señalar que las erogaciones de 118 millones de pesos para el Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (CAPECE) y 55 millones de pesos del IGEA, no estuvieron programadas ni autorizadas en el Decreto de Presupuesto de Egresos del 2002.

Indicó que el informe del auditor es “una burda trampa” por las grandes omisiones y escapes explicativos a otra importante cantidad de partes “oscuras”, que lleva al Congreso local a un estado de indefensión analítica de la Cuenta Pública.

Y remachó diciendo que “resulta burdo pensar que en el manejo de un presupuesto de 19 mil millones de pesos no hay siquiera una observación sustancial”, con lo que se quiere decir que el gobierno estatal “tiene una calificación cuasi perfecta, y eso no lo cree ni el propio auditor, además de poner en entredicho la legitimidad y autoridad de este Congreso”.

Entró entonces al debate la diputada del PRI, Alicia Zamora Villalba –presidenta de la Comisión de vigilancia y Evaluación de la Contaduría Mayor de Hacienda–, quien de entrada dijo que no llevaba un documento escrito para fijar la postura de su partido.

Y pasó a la defensa del auditor, diciendo que no aceptaba la descalificación de su trabajo, porque se dieron oportunidades y se tuvieron los elementos de análisis pormenorizados y lamentó que en Comisiones no hubieran podido avanzar en “un trabajo serio”.

Señaló que todo fue elaborado con transparencia en la información, y a pesar de ello siempre hubo descalificación a los presentado. Recaló que el auditor general, Ignacio Rendón no responde a intereses personales, porque los diputados son garantes de la fiscalización y de promover la cultura de revisión de cuentas.

Pidió en ese sentido “no partidizar” la fiscalización, y dijo que el presupuesto es un cálculo anticipado del gasto que cuando se aprobó, en diciembre pasado, se desconocía el monto que asignaría la federación a Guerrero.

Rechazó que el gobierno del estado haya hecho un manejo discrecional del presupuesto. Luego entró a explicar que los recursos destinados para Seguridad Pública corresponden al Ramo 33 y que eso no entra dentro de la hacienda estatal y no se incluye en la cuenta pública, tal y como lo argumentó el auditor general.

Criticó que por sistema se vote en contra todo, y exhortó a los diputados a construir la legitimidad y transparentar la cuenta pública, pero sin caer en descalificaciones.

No vieron irregularidades

Para fijar posiciones, por Convergencia el diputado Félix Bautista Matías señaló que el auditor general no dio elementos para aprobar o rechazar con “pulcritud” la cuenta pública, peero no obstante indicó que la aprobaría junto con su compañero de bancada Cuauhtémoc García Amor.

Primero dijo que la Auditoría General del Estado (AGE) no tomó en cuenta los elementos puestos a su disposición por el Ejecutivo estatal y omitió realizar una revisión, análisis y dictamen consolidado.

Agregó que la AGE además faltó a sus obligaciones, porque nunca hizo saber a la 57 Legislatura que ante una duda podían aplicar la ley en forma supletoria.

Pese a estos argumentos, el diputado Félix Bautista señaló: “Nuestros cuestionamientos sobre la forma en que fue integrado el informe de resultados por la AGE, no nos lleva a presumir que haya habido daño patrimonial en el ejercicio fiscal del 2002”. Y anunció el voto a favor de los dos diputados de Convergencia.

Por su parte, el diputado del PRD Mariano Dimayuga Terrazas dijo en tribuna que nunca nadie se quejó desde los ayuntamientos que el gobierno del estado estuviera jineteando sus recursos, y que encontró deficiencias en el ramo de inversión pública, pero provocados por la misma ley y no por omisión.

Ante ello anunció que no podía afirmar que hubiera irregularidades en la cuenta pública y como nunca tuvo pruebas, no tenía argumentos para juzgar sin bases, por eso dijo que su voto sería a favor del informe del auditor, duramente cuestionado minutos antes por su compañera de bancada Gloria Sierra.

Enseguida el diputado del PRS, Heriberto Noriega Cantú argumentó que se debería tener confianza en el auditor general, porque los 46 diputados no podían convertirse en auditores ni pedir una auditoría externa contra la AGE porque sería caer en un círculo vicioso.

Luego de reconocer el trabajo de fiscalización de la diputada Sierra, Noriega señaló que no hay fallas técnicas ni legales para rechazar la Cuenta Pública, además de que nunca tuvo pruebas de irregularidades en el manejo del presupuesto público por el gobierno del estado.

Perredistas contra perredistas

Mientras que por el PRD, Ramiro Alonso de Jesús señaló que al ocultarse los estados financieros de manera “irresponsable se trató de encubrir los ilícitos del gobierno del estado en contra de los intereses de los guerrerenses”.

Indicó que el dictamen no entra al fondo de la fiscalización de la Cuenta Pública y no hay claridad en el gasto ejercido. Exhortó a los diputados a no claudicar en exigir la rendición de cuentas de parte del Poder Ejecutivo y a ser garantes de la transparencia y no “comparsas” del gobernador René Juárez Cisneros.

Recordó que el nombramiento del auditor no tiene legitimidad debido a que fue propuesto por el fiscalizado (el gobernador) y acusó: “El auditor general ha incurrido en irregularidades y debemos removerlo del cargo porque no fiscalizó”. Luego dijo que votaría en contra.

Mientras que el diputado del PRI,  Reyes Betancourt  Linares pidió reformar la ley, aunque señaló que la AGE tiene un carácter autónomo y por ello se le debería dar un voto de confianza.

Luego por el PRD, David Jiménez Rumbo, en referencia a su compañera Gloria Sierra aunque no dijo su nombre, señaló que rechazaba “las actitudes descalificadoras y protagonistas de alguna diputada de mi bancada que ya no es candidata sino diputada y que siempre actúa buscando los flashes de los medios de comunicación, caracterizada por su desmedida postura radical”.

Esa diputada, siguió, tiene siempre una “posición virulenta” y siempre “revela públicamente las acciones” de los diputados del PRD, lo que “ha provocado desencuentros entre los diputados de mi fracción”. Y remató: esa diputada “asume posiciones radicales contra todo”.

Luego se refirió que por eso mismo para ser congruente con su fracción y evitar la división, dijo que votaría en contra, “a pesar de que no tenemos los elementos y el informe del auditor es correcto y conforme a la ley”.

Pero en contraparte el diputado perredista, Rodolfo Tapia Bello llamó a los diputados a rechazar el dictamen de la cuenta pública y “no caer en complicidades en el robo de los recursos públicos”.

Reclamó a los diputados del PAN que estén promoviendo una iniciativa de ley de transparencia y vayan a aprobar la cuenta pública, aun y cuando no se dio la información requerida. Y aceptó que rechazar la Cuenta pública por parte del PRD era una postura política porque los errores en la distribución de los recursos significa políticas pública malas provocadas por el gobierno del estado. Por el PRI, el diputado Raúl Salgado Leyva quiso entrar en defensa del gobierno del estado y de la AGE, señalando que era su facultad fiscalizar  y llamó a los perredistas dejar la postura de “desconfianza inercial”, porque “no es saludable ni ético hacer señalamientos sin fundamento”.

Pero Yolanda Villaseñor Landa del PRD, se encargó de remachar que al no entregarse la información requerida se despertó la suspicacia en el manejo de los recursos públicos.

Y reprochó que ni siquiera los diputados conocen el presupuesto del Congreso del Estado, lo que indicaba una falta de transparencia, cuando son los legisladores quienes deben poner el ejemplo para rendir cuentas.

El gobierno ha manejado los recursos adecuadamente

Al final, molesto, Carlos Sánchez Barrios señaló que las diferentes fracciones y representaciones de partido habían “avanzado por los terrenos difíciles, pero gratificantes del consenso”.

Pero lamentó que las “inercias se resisten” y que “una y otra vez merodean y se hacen presentes en las débiles conciencias de quienes no pueden despojarse de lastres porque son intrínsecos. Una y otra vez afloran las convicciones obtusas y anacrónicas en quienes no se han dado cuenta que los fundamentalismos han dado paso a la civilidad”.

Dijo que la cuenta pública merecía ser aprobada porque contiene una “auditoría de legalidad”. Y el informe del auditor certifica con sólidos criterios técnicos el manejo legal y transparente de los recursos públicos.

Y el coordinador de los diputados del PRI remató: “En base a al informe de la revisión de la cuenta pública, los legisladores podemos establecer que los recursos públicos se han manejado adecuadamente: no con ocultamiento sino con transparencia, no discrecionalmente sino con legalidad”.

Vino entonces la votación y sumaron 27 por la aprobación: los 19 diputados presentes del PRI, más los diputados del PAN Max Tejeda Martínez y Porfiria Sandoval Arroyo; los dos de Convergencia, Félix Bautista y Cuauhtémoc García Amor; del PT, Fredy García; del PVEM; Marco Antonio de la Mora;  del PRS, Heriberto Noriega Cantú; y el voto del perredista Mariano Dimayuga.

Del PRD votaron en contra de la cuenta pública, 14 diputados, no así Mauro García Medina y Marco Antonio López García quienes se abstuvieron, pero no razonaron el voto. Aunque antes de la sesión, Mauro García comentó a El Sur que no tenían elementos para votar en contra.

En el caso del PAN, el diputado Arturo Martínez Pérez no asistió a la sesión, molesto porque el presidente de partido, Francisco Rodríguez lo obligó a firmar el dictamen a pesar de que en su análisis del informe del auditor encontró elementos para rechazarlo.

La molestia aumentó cuando su coordinador parlamentario, Max Tejeda Martínez no quiso que integrara la Comisión Permanente que iniciará funciones a partir del primero de julio, en represalia a que se resistía a firmar el dictamen de la cuenta pública. En su lugar entró la diputada Porfiria Sandoval que es incondicional de Max Tejeda y Arturo es su suplente.

En el caso del diputado David Tapia Bravo, se salió de la sesión justo cuando se abordaría el asunto de la Cuenta Pública para no ser obligado a votar a favor.

Trascendió de dirigentes estatales del PAN, que Arturo Martínez y David Tapia denunciaron en el CEN la actitud “condescendiente” hacia el gobernador del estado de su presidente estatal y de su coordinador parlamentario y se prevé que sean relevados del cargo pasando la elección del 6 de julio.