Aprueba el Congreso penalizar de 2 a 10 años de cárcel el bloqueo de vías

 * Respalda Marco Antonio López, del PRD, la iniciativa de su compañero * Votan a favor PRI, PAN, PVEM, PRS y Convergencia

 Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * Los diputados del PRD Mariano Dimayuga Terrazas y Marco Antonio López García, los del PRI, dos votos presentes del PAN, el del PVEM, el del PRS y el voto de Cuauhtémoc García Amor de Convergencia (el del PT se salió antes de votar), aprobaron la iniciativa de ley que sanciona con dos a 10 años de cárcel y multas de 100 a 500 días de salarios mínimos el bloqueo a vías de comunicación en el estado.

La Comisión de Justicia presentó la iniciativa del perredista Mariano Dimayuga que reforma los artículos 200 y 2002 del Código Penal del Estado. El primero define las vías de comunicación las de tránsito destinado al uso público incluyendo los tramos que se hallen dentro de los límites de las poblaciones.

Y el artículo 2002 establece: al que dolosamente obstaculice una vía de comunicación o la prestación de un servicio público de comunicación o de transporte, se le impondrá prisión de uno a ocho años y de 50 a 400 días de multa.

Pero en la discusión del dictamen el diputado del PRI, Reyes Betancourt Linares, en lo particular propuso adicionar al artículo 2002 un segundo párrafo: “Cuando lo derivado de lo anterior: I. se produzca el retraso de la atención médica de un enfermo, se impondrá de dos a diez años de prisión de 100 a 500 días de multa.

“II. Exista una pérdida de la función de un órgano o parte de la economía corporal, se aplicará hasta una tercera parte más de la pena señalada en la fracción anterior;

“III. Cauce pérdida de la vida del enfermo, se impondrá prisión de ocho a 20 años”.

En el debate, el perredista David Jiménez Rumbo calificó a su compañero de fracción de “fascista”, por promover la iniciativa de “ley mordaza”. Explicó que se consultó con la dirigencia estatal y con las organizaciones afines de su partido para definir una postura y que esta fue de rechazo.

Indicó que la iniciativa de Mariano Dimayuga no resuelve los problemas de Guerrero, porque además conflictúa más debido a que habría que construir cárceles porque se llenarían de manifestantes.

También del PRD, Rodolfo Tapia Bello hizo una larga apología del movimiento social en el mundo y el país, que provocó cambios de régimen en busca de atención a sus demandas.

Calificó la iniciativa como “reaccionaria y represiva” y llamó a votar en contra.

Par defender su postura, enojado, Mariano Dimayuga no rechazó el calificativo de fascista, sólo quiso argumentar su iniciativa, recordando que una amigo suyo de Acapulco se gastó su dinero en trasladar a un enfermo por avión luego de que en Chilpancingo se encontró con un bloqueo.

Otro ejemplo fue el del enojo de una turista que lloró en un bloqueo que realizaron los copreros en San Luis San Pedro, y que eso provocó que la turista ya no regresara a Guerrero.

Su propuesta dijo que no violenta la libertad de expresión ni la libertad de manifestación. Y dijo asumir el costo político de su iniciativa y el riesgo físico que pudieran causarle las organizaciones sociales afectadas.

Luego imploró a David Jiménez y a Rodolfo Tapia no dejar toda la carga de trabajo, les dijo que también hagan “la tarea de legislar”.

Entró a la defensa de Mariano Dimayuga el diputado del PRS, Heriberto Noriega, quien dijo que las marchas paralizan la economía, desalientan la inversión y el turismo y que por eso se debía aprobar la iniciativa.

La respondió el perredista Mauro García Medina, para recordar que la Comisión de Justicia no convocó a un foro para que la sociedad opinara si se tipifica como delito las marchas.

Increpó a Mariano Dimayuga que los indígenas se tienen que movilizar porque no son resueltas sus necesidades al igual que los copreros que tienen que buscar mejores precios a su producto.

Además le señaló que en el municipio de San Marcos, de donde es originario Mariano Dimayuga y parte de su distrito 18 local, la gente no conocía la iniciativa, lo que indica su falta de legitimidad.

Enseguida se hizo la votación y Mariano Dimayuga con el apoyo de su compañero Marco Antonio López apoyados por el PRI y el resto de los partidos aprobaron regular y sancionar las marchas.

En otros asuntos fue turnada a la Comisión de Justicia la iniciativa de Ley de Acceso a la Información presentada por el diputado del PRS, Heriberto Noriega Cantú.

También se aprobó la iniciativa de reforma al Código Penal presentada por el diputado perredista David Jiménez Rumbo que incrementa la sanción a choferes que manejando en estado de ebriedad dan muerte a personas.

El diputado del Partido Verde Ecologista de México, Marco Antonio de la Mora, presentó una excitativa a la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado para que dictamine sobre el informe que envió el ayuntamiento de Acapulco por el que informa sobre los descuentos del 6 por ciento a las personas que pagaron a tiempo su impuesto predial.

Turnaron a la Comisión de Gobierno un punto de acuerdo del diputado del PRD, Alfredo Jerónimo Cristino, que solicitó exigir al gobierno federal que retire al Ejército de pueblos y comunidades indígenas porque viola los derechos humanos.

Igual ocurrió con un punto de acuerdo presentado por el diputado del PRD, José Jacobo Valle, quien pedía se solicitara al Consejo Local del IFE que exhortara al gobierno federal, estatal y municipal que cumplan y respeten los convenios en materia electoral para suspender sus anuncios publicitarios.

Tal y como lo dijo en su exposición, su propuesta era extemporánea y los diputados turnaron su punto de acuerdo a la Comisión Especial para vigilar que no se dé un uso electoral a los recursos públicos.

Al final de la sesión el presidente de la mesa directiva por el mes de junio, el diputado del PRS, Noriega Cantú, dio lectura a informe de trabajo y clausuró el segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la 57 Legislatura. La Comisión Permanente se instala y entra en funciones el primero de julio.