Analiza el caso Aguas Blancas la Fiscalía Especial, para determinar el delito y responsables

 La Fiscalía Especial para crímenes políticos del pasado reciente informó que está analizando la situación jurídica de cada una de las personas señaladas como responsables de la masacre del 28 de junio de 1995, los posibles delitos existentes y los resultados de las investigaciones anteriores a que fueron sujetos.

Señala que para integrar y perfeccionar la indagatoria que esa Fiscalía Especial abrió el año pasado, se han practicado diversas diligencias para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad.

Informa que en julio de 2002 se radicó la investigación de esos hechos en la Fiscalía, a partir de una denuncia de la ex alcaldesa de Atoyac, María de la Luz Núñez Ramos, y que “aún no se cuenta con la totalidad de las constancias solicitadas (averiguaciones previas, proceso, apelaciones amparos, etcétera)”.

La Fiscalía Especial para crímenes del pasado reciente cometidos contra personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado, envió el oficio FEMOSPP/OFE/149/2003, a la coordonadora de atención ciudadana de la Presidencia de la República, Laura Carrera, en 24 de junio, para informarle de la petición formulada por Mauro Hernández Lozano, uno de los sobrevivientes de la msacre, vecino de Atoyaquillo, municipio de Coyuca de Benítez, quien manejaba la camioneta en la que fueron atacados los campesinos de  la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) por policías del estado el 28 de junio de 1995.

El oficio, firmado por el fiscal, Ignacio Carrillo Prieto, refiere que el 5 de junio de 2003, Mauro Hernández Lozano pidió ayuda al presidente Vicente Fox, para que solucione “el asunto de los hechos ocurridos el 28 de junio de 1995 en el Vado de Aguas Blancas”.

El sobreviviente explica que hasta el momento ha habido impunidad ya que no se ha sancionado a los responsables de dichos ilícitos, manifestando además temer por su vida al haber presenciado los hechos en virtud de haber sido chofer de la camioneta balaceada en esos hechos, agregando que igualmente teme por la vida de otros compañeros porque el gobierno estatal ha tomado acciones de represalia como en el caso del homicidio de Felipe Ayala Arreola (también sobrevivientes de la masacre)”.

Menciona los casos de los sobrevivientes de la masacre, Jerónimo Hernández y Joviel Rafael Ventura, que están encarcelados, “respecto a los cuales indica se les fabricaron delitos”.

Plantea que Mauro Hernández Lozano, en su petición a Fox, “se duele que hasta la fecha no les haya proporcionado informe alguno sobre los avances de la indagatoria derivada de la denuncia que presentaron y que se sigue ante esta Oficina del Fiscal Especial”.

En respuesta, la Fiscalía informa a la Presidencia que el 16 de julio de 2002, se radicó en la Oficina del Fiscal Especial, la averiguación previa número PGR/FEMOSPP/016/2002, iniciada con la denuncia formulada por María de la Luz Núñez Ramos en contra del ex gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa  Alcocer y quienes resulten responsables de los delitos de violación a las garantías constitucionales y encubrimiento.

La Fiscalía informa que desde entonces, “a efecto de llevar a cabo la debida integración y perfeccionamiento de la referida indagatoria se han practicado diversas diligencias tendentes a acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad”.

Entre esas diligencias están la ratificación y ampliación de la denuncia hecha por Núñez Ramos, y la declaración de María de Jesús Mazón Martínez, esposa del desaparecido de la OCSS, Gilberto Romero Vázquez, por cuya desaparición se llevó a cabo la manifestación que derivó en los hechos de Aguas Blancas.

Además, se ha pedido información sobre las averiguaciones previas, procesos, apelaciones y amparos relacionados con el caso al procurador general de Justicia del estado de Guerrero, al juez tercero penal de Acapulco, y al delegado estatal de la Procuraduría General de la República en Guerrero.

La Fiscalía también informa que aproximadamente 40 personas, sobrevivientes de Aguas Blancas, entre ellos Aníbal Pastrana Gallardo y Abimael Hernández Rodríguez, pidieron declarar nuevamente, y afirman que en sus anteriores declaraciones fueron presionados.