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Guerrero, 5o. o 6o. en denuncias por delitos electorales de funcionarios

 * En el 2003 aumentaron en 100 por ciento con respecto a las elecciones de 1997 * Aumenta la cultura de la denuncia por parte de ciudadanos, dice

 Aurelio Peláez * El Jefe de la Unidad Fiscal de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), Sergio Reyes Cervantes, afirmó que con relación a elecciones federales intermedias como la de 1997, en el 2003 aumentaron en un cien por ciento las denuncias por delitos electorales. Asimismo, comentó que Guerrero ocupa “el quinto o sexto lugar” en cuanto a denuncias por delitos electorales contra funcionarios públicos, por debajo del estado de México, Chiapas y el Distrito Federal. No obstante, no precisó la cifra para la entidad de tales denuncias.

El funcionario federal fue entrevistado durante un receso del Curso-Taller de Delitos Electorales, que organiza la Fepade en coordinación con el Tribunal Electoral del Estado (TEE). Olimpia Azucena Godínez Viveros, a diferencia de la anterior titular del tribunal, Virgina López Valencia, escogió para este tipo de actos las instalaciones de la UAG y no las de instituciones privadas, como la Universidad Americana de Acapulco.

El curso, explicó Reyes Cervantes, se realizó en función del convenio que firmó la Fepade con el TEE, dentro del programa de prevención de delitos electorales, con la idea de que “la gente conozca cuáles son los delitos electorales y de esta manera prevenir su comisión, y por el otro orientar la cultura de la denuncia”.

En su intervención ante el medio centenar de asistentes al curso, en el salón de conferencias de la Escuela Superior de Ciencias Sociales, el funcionario de la PGR habló de los delitos electorales cometidos por servidores públicos, y señaló que las recientes reformas a la legislación electoral y el Código Penal federal, permiten sancionar a servidores públicos que respalden la actividad de los partidos, incluso con actos como su asistencia a un mitin durante sus horas de trabajo, y con mayor rigor si distrae recursos públicos para ese fin.

No obstante, apuntó que existen sanciones previstas en la ley electoral que son “letra muerta”, como el artículo 408. En este se prevé la suspensión de sus derechos políticos durante seis años a quien durante los primeros 30 días no se presente a asumir un cargo de elección popular. Explicó que con ese apartado, se habría buscado proteger la integración del poder legislativo, aunque hasta ahora no se ha aplicado y por lo tanto no existe ningún precedente judicial o en la Suprema Corte de Justicia, en caso de que alguien considere que este apartado es violatorio a sus derechos políticos y se registre algún caso.

En Guerrero se han presentado dos casos en los que dos diputadas locales electas del PRD que no se presentaron a asumir sus cargos de elección, tomando sus posiciones sus suplentes, varones ambos, Juan Adán Tabares y Ramiro Alonso de Jesús, sin que haya habido alguna sanción. También es probable que este escenario se presente ahora en el PRI, donde los mismos priístas dan por hecho que Mayela Alvarado, candidata propietaria a la diputación plurinominal por la quinta circunscripción, ubicada en el lugar 12, no asuma en caso de ser electa, dejando la curul al ex subsecretario de Gobierno, Efraín Flores Maldonado.

Al serle comentado ese caso, Sergio Reyes señaló que “no quisiera pronunciarme en lo personal porque no tengo la experiencia de que se haya impuesto una sanción de suspensión. Para uno (la suspensión de derechos políticos por seis años de no asumir el cargo) como resultado normal pudiera ser gravoso; para un político es la muerte política. Sí le puedo decir que a nivel del estado no está sancionado, tendría que buscarse si hay sanción administrativa. En la ley penal no se sanciona. Los cargos de elección hasta donde sé son irrenunciables, las gentes tienen que pedir licencia, que es diferente, pero en eso decide la justicia penal administrativa, ya no la penal”.

El jefe dela Unidad Fiscal de la Fepade recordó que en 1997, a 15 días de la elección, existían a la fecha unas 150 o 160 averiguaciones previas, y que ahora hay cerca de 400, “y pensamos que va a haber mucho más. Creo que mucho de esto parte con motivo de esta cultura de la denuncia a partir de estos programas de comisión del delito”. La mayor parte de las denuncias son contra servidores públicos por la mala utilización de los recursos estatales.

Aquí explicó que en este desvío de recursos el servidor público que incurra en un delito de este tipo se va a sujetar a la justicia federal, así haya manejado recursos estatales.

Sergio Reyes informó que la Fepade instalará ministerios públicos especializados en las sedes y subsedes de la PGR –de la cual depende el organismo– y que ahora el trabajo es darle la confianza a la ciudadanía para que acuda a estos ministerios a denunciar los posibles delitos. Asimismo, se dan asesoramientos a los ministerios públicos del fuero común y a los ciudadanos que acudan a estos a realizar sus denuncias.

El funcionario afirmó que las contribuciones de la Fepade a la cultura democrática son fomentando la cultura de la denuncia, “que la gente vaya a denunciar dando a conocer los delitos electorales, la gente es que si la gente sabe cuáles son los delitos electorales no los va a cometer, y si los conoce los va a denunciar”.

Con 13 años en la PGR, adscrito a asuntos electorales, el funcionario federal explicó que nunca como antes había visto una colaboración tan estrecha entre esa dependencia con las autoridades electorales. “Creemos que si todos hacemos nuestro trabajo y se fortalecen las instituciones, podemos hacer que no sea a mediano sino a corto plazo, que se llegue a una democracia plena a través de fortalecer las instituciones”.

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