PRI, PAN, PVEM y PT firman el dictamen de la cuenta pública

   * La bancada perredista aún no define su voto * Gloria Sierra ya nos explicó las inconsistencias del informe del auditor, informa René Lobato * Se someterá a votación en sesión convocada para este viernes

 Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * A pesar de que ayer se dio primera lectura al dictamen que aprueba la Cuenta de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Guerrero correspondiente la tercer cuatrimestre del 2002, los diputados del PRD, PRS y Convergencia aún no definen el sentido de su voto, mientras que los del PRI, PAN, PVEM y PT decidieron aprobarlo en la votación que se realizará en una sesión que convocaron para el próximo viernes.

El dictamen contiene tres artículos y sólo en el primero se lee: “por encontrarse debidamente soportada con la documentación respectiva y haberse comprobado que los recursos fueron captados, aplicados y ejercidos con apego a la normatividad aplicable a la materia se aprueba en sus términos, la Cuenta de la Hacienda Pública del Gobierno del estado Libre y Soberano de Guerrero, correspondiente al periodo septiembre-diciembre, del ejercicio fiscal 2002”.

El artículo segundo mandata expedir “la constancia definitiva de aprobación correspondiente”. Y el artículo tercero, solo orden la publicación del Decreto de aprobación de la Cuenta de la Hacienda Pública “para los efectos legales”.

El dictamen se aprobó en la sesión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del pasado jueves 19. Sólo lo firmaron los diputados del PRI, Alvis Gallardo Carmona (presidente), el del PT, Fredy García Guevara (vocal) y del PVEM, Marco Antonio de la Mora Torreblanca (vocal); no lo hicieron la diputada del PRD, Gloria Sierra López (secretaria) y el del PAN, Arturo Martínez Pérez (vocal).

Este martes momentos antes de la sesión, la oficial mayor Guadalupe Pavía Miller le pidió el dictamen original al presidente de la mesa directiva por el mes de junio, el diputado del PRS Heriberto Noriega Cantú, para que lo firmara el panista Arturo Martínez Pérez. La perredista Gloria Sierra mantuvo su postura de no hacerlo.

El diputado Arturo Martínez explicó a El Sur en el lobby del recinto legislativo que la semana pasada en reunión de la Delegación Estatal del PAN acordó que sus diputados aprobaran el dictamen y que él acató la instrucción. No dio más explicaciones.

Al final de la sesión el propio diputado Heriberto Noriega Cantú aceptó haber entregado a la oficial mayor el dictamen original para que firmara el panista, como ocurrió.

Mientras que en entrevista vía telefónica desde al Congreso local al diputado René Lobato Ramírez –quien salió de la sesión antes de que culminara– informó que el pasado martes 17 y jueves 19 la diputada Gloria Sierra les explicó las inconsistencias del informe del auditor general sobre la Cuenta de la Hacienda Pública del gobierno estatal, y que la decisión del sentido de su voto la tomarán antes del viernes.

Mientras que el coordinador parlamentario del PRI, Carlos Sánchez Barrios dio a conocer que continúan cabildeando con el PRD para que sus diputados voten a favor del dictamen, aunque no quiso decir el avance de sus negociaciones porque consideró que podría afectarle.

Noriega Cantú dijo que en estos días también decidirá el sentido de su voto, al igual que el diputado de Convergencia, Félix Bautista Matías; no así el del PT, Fredy García quien dijo que el firmar el dictamen era una muestra de que en la votación en el pleno lo aprobaría.

Dimayuga pide se someta a votación

su iniciativa contra bloqueadores

Dentro del orden del día de esta sesión de martes 24, el diputado del PRD Mariano Dimayuga pidió al pleno a través de un oficio que se hizo conocer al pleno, que el dictamen y proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 200 y 202 del Código Penal del Estado de Guerrero, sea retomado para continuar con su trámite legislativo.

Esto es que mañana jueves 26, se presente al pleno el dictamen que aprobó la Comisión de Gobierno –que no firmaron los diputados  perredistas integrantes, René Lobato Ramírez y Rodolfo Tapia Bello– para su discusión y aprobación según sea el caso.

En esa iniciativa presentada por el diputado perredista Dimayuga aprueba en el artículo 202 que  “al que dolosamente obstaculice una vía de comunicación o la prestación de un servicio público de comunicación o de transporte, se le interpondrá prisión de uno a ocho años y de cincuenta a cuatrocientos días de multa”.

En su iniciativa Dimayuga da cuenta de que “actualmente la sociedad en el estado de Guerrero ha sido por mucho tiempo presa facial de bloqueadores de la principales vías de comunicación que conforman el territorio estatal siempre con el pretexto de que ejercitan la llamada libertad de expresión”.

Pero que la libertad de expresión “constituye un decreto constitucional que podemos ejercitar y hacer valer, siempre y cuando no afectemos los derechos de terceras personas, pero en el ejercicio de esta libertad, se ha venido cometiendo un ejercicio indebido de nuestro propio derecho, ejercicio que los manifestantes utilizan  para amedrentar y presionar al gobierno local, municipal, afectando y sobrepasando regulada por normas de convivencia civilizada”.

Aunque especifica que la reforma “no viola en ninguna  manera, las garantías individuales de los ciudadanos, ni tampoco limita el ejercicio de sus derechos como lo es la libertad de expresión  a través de la manifestación, sino al contrario, obliga a respetar los reglamentos existentes que rigen el procedimiento de tal derecho”.

A comisiones, los cateos y detenciones arbitrarias en Zihuatanejo y La Unión

En otro asunto se turnó a las comisiones unidas de Seguridad Pública y de Derechos Humanos la petición del diputado del PRD, Víctor Buenrostro Marín por el que solicitaba la intervención del Congreso local para que investiguen cateos y detenciones arbitrarias de parte de la Policía Judicial del Estado en contra de pobladores de San Ignacio Pantla y Las Ollas del municipio de Zihuatanejo de Azueta y de Lagunillas del municipio de La Unión.

Y se aprobó la dictamen por el cual la comunidad de Chacalapa que pertenecía al municipio de San Marcos pasa a formar parte del municipio de Juan R. Escudero que le permitirá agilizar sus gestiones con puntualidad y recibir apoyos del ayuntamiento, por su cercanía.