Piden joyeros y la familia Almazán más seguridad y esclarecer el crimen

 * Se reunieron ayer con René Juárez, el delegado de la PGR, José Alberto Rodríguez Calderón, y el alcalde Lázaro Mazón * Acordaron una reunión en Iguala para coordinar acciones de los tres niveles de gobierno para combatir la delincuencia * El presidente municipal no está de acuerdo con la intervención del Ejército

 Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo Los padres del joven secuestrado y ejecutado la semana pasada en Iguala, así como empresarios joyeros de esa localidad se reunieron ayer con el gobernador René Juárez en Casa Guerrero y le exigieron medidas para disminuir la inseguridad pública, así como agilizar el esclarecimiento y la detención “caiga quien caiga” de los responsables.

En la reunión estuvieron también el secretario general de Gobierno, Luis León Aponte; el procurador de Justicia, Jesús Ramírez Guerrero; el delegado de la Procuraduría General de la República (PGR), José Alberto Rodríguez Calderón y el alcalde de Iguala, Lázaro Mazón Alonso.

Los empresarios de Iguala insistieron en un documento entregado la semana pasada al secretario de Gobierno, Luis León Aponte, que dice que para disminuir el índice delictivo se instalen retenes militares y que se incremente el presupuesto al ayuntamiento para el rubro de seguridad que se vea traducido en más patrullas, mas policías y más armamento.

También pidieron que haya coordinación entre los tres niveles de gobierno para el combate de la delincuencia, y concretamente al delegado de la PGR Rodríguez Calderón pidieron la aplicación de acciones para combatir el narcomenudeo que se ha incrementado a la par con la delincuencia.

Por parte de los joyeros entró una comisión encabezada por el director de relaciones públicas del Centro Joyero de Iguala, Froilán Trujillo Sotelo, así como por los padres de Alfredo Almazán Martínez, Alfredo Almazán León y Celia Martínez Domínguez.

Por instrucciones del senador Héctor Vicario Castrejón, quien también estuvo en la reunión, se impidió el acceso al dirigente de la organización Mercado de Joyerías de Iguala, Gabriel Ocampo Arizmendi, “me sacaron por órdenes del senador Vicario”, denunció Gabriel Ocampo al salir de Casa Guerrero.

El dirigente joyero en la reunión pasada fue quien criticó que el gobernador andaba en Chicago, Estados Unidos, “como si en Guerrero no hubiera problemas”.

Uno de los acuerdos de esta reunión, según dijo Froilán Trujillo Salgado, fue que habrá coordinación entre los tres niveles de gobierno para el combate a la inseguridad en Iguala.

Entrevistado al salir del encuentro, el alcalde Lázaro Mazón Alonso, informó que el próximo viernes se realizará la primera reunión en Iguala entre funcionarios de la Procuraduría de Justicia del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, la Delegación de la PGR y el Ayuntamiento para acordar acciones en contra de la delincuencia.

El edil señaló que a pesar de que el municipio de Iguala es el que registra el menor índice de delincuencia con relación a los cinco municipios más grandes del estado, los empresarios joyeros “no están magnificando los hechos” al hablar del alto índice delictivos a raíz del secuestro y la ejecución del joven Alfredo Almazán Martínez la semana pasada”, pues reconoció que en Iguala hay delincuencia como en todo el país.

Sin embargo se manifestó en desacuerdo de que para el combate a la delincuencia se instalen retenes militares como lo están proponiendo los empresarios joyeros. “No estamos en guerra para que intervenga el Ejército”, opinó y dijo que debe haber una coordinación entre los tres niveles de Gobierno para realizar acciones en contra de la inseguridad.

El alcalde indicó que en la reunión con el gobernador no hubo alguna propuesta de incrementar el presupuesto para el rubro de la inseguridad, “sólo hablamos de la coordinación que deben haber”, dijo.

Al término de la reunión, la señora Celia Martínez Domínguez, madre del joven asesinado la semana pasada, salió a bordo de la camioneta del procurador Jesús Ramírez Guerrero y un hermano de la señora, Juan Carlos Martínez, dijo que se dirigía a la Procuraduría de Justicia del Estado para perfeccionar la denuncia de los hechos.