Obstruye la fiscalía la presentación de pruebas del asesinato de Digna Ochoa

 * Se ha violado la imparcialidad en las actuaciones de la fiscal, denuncia la defensa

La familia de la abogada Digna Ochoa, asesinada el 19 de octubre de 2001, denunció ayer que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) pretende sostener la hipótesis del suicidio y descartar la del homicidio sin investigar nuevos peritajes que ofrecen en su carácter de coadyuvantes.

En conferencia de prensa, los familiares de la víctima y su abogado, José Antonio Becerril, dijeron que la fiscal encargada del caso, Margarita Guerra, no ha admitido tres pruebas que ellos ofrecen, que demuestran que la abogada fue asesinada.

Plantean que la fiscalía especializada para el análisis del caso obstruye la labor jurídica, pues ha aplazado y demorado la admisión de pruebas presentadas por la familia y sus abogados para sustentar la hipótesis del homicidio.

La agencia Notimex y el periódico Milenio, en sus páginas en Internet, difundieron ayer que el abogado de la familia, José Antonio Becerril González, precisó que la fiscalía de la Procuraduría de Justicia del DF no ha dado paso a tres pruebas periciales que demuestran que la abogada Ochoa fue asesinada.

Consideró que hay deficiencias en la procuración de justicia, en especial porque se ha violado la imparcialidad en las actuaciones de la fiscal, Margarita Guerra.

Becerril González insistió en que la PGJDF demoró la aceptación de pruebas periciales en medicina forense, criminalística y química forense, análisis con los que se pretende sustentar que Digna Ochoa no se suicidó aquel 19 de octubre de 2001.

A su vez, la madre de la víctima, Irene Alicia Plácido Evangelista, subrayó que la familia no aceptará que se archive el caso y que no se ejercite acción penal contra los presuntos responsables del crimen.

Por otro lado, de acuerdo con información de la agencia CIMAC, 20 meses después del asesinato, que luego fue presentado como suicidio, de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa, la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal está lista para cerrar el caso.

La presentación del dictamen sobre la prueba pericial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), dio a conocer inconsistencias de origen en la investigación; no obstante, la fiscal especial para el caso Digna Ochoa, Margarita Guerra y Tejeda, tendrá que emitir un fallo, a pesar de los errores cometidos por la Policía Judicial de la ciudad de México.

La defensora de los campesinos ecologistas de Guerrero apareció muerta con tres balazos el viernes 19 de octubre de 2001. En la escena de los hechos había unos guantes de látex, polvo blanco esparcido en el piso y una carta de amenazas a otros defensores hecha con recortes de periódico.

Uno de los puntos más polémicos del informe enviado a las autoridades mexicanas, familiares y peticionarios del caso es precisamente el “polvo para las manos”.

El informe critica la insuficiente inspección del lugar de los hechos, el despacho de abogados ubicado en la calle de Zacatecas 31-A, en la céntrica colonia Roma de la ciudad de México.

Los peritos de la CIDH hicieron hincapié en un hallazgo: la bolsa rotulada como “polvo para manos” con una sustancia blanca que se identificó como almidón, que apareció en el despacho el 26 de febrero de 2003, es decir, un año cuatro meses después de la muerte de la defensora.

Tras la prueba de grafoscopía se estableció que el rótulo posee grafismos que provienen de Digna Ochoa y Plácido. Cabe destacar la aparición en el mismo sitio de unos recortes de letras de títulos de periódicos en un sobre dentro de una carpeta, así como de los ejemplares de los que provenían dichos recortes, como se concluyó pericialmente, dice el reporte.

“Si bien es cierto que por el momento y de acuerdo con la información disponible no existe dato que indique situación diferente al casual hallazgo, sí evidencia una vez más las consecuencias de la falta de control y manejo de la escena de los hechos por parte de la Fiscalía”, ocupada en un primer momento por Renato Sales, actual subprocurador de Averiguaciones Previas en el Distrito Federal.

Al respecto, el viernes 20 de junio, el titular de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, Bernardo Bátiz, minimizó las deficiencias de la investigación, a pesar de que el informe señala que éstas responden más a la falta de capacitación del personal y a la burocracia, así como a deficiencias del sistema de justicia en general, que a la coyuntura del asesinato de Ochoa.

Por ejemplo,”voy a recordar una que dice que algunos peritos no llevan las notas en libretas, sino en apuntes por separado”, señaló el procurador de justicia al salir de la reunión del gabinete de Seguridad Pública con el jefe de Gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador.

“Sí, hablan de inconsistencias, pero también señalan que la mayoría de las pruebas y de los peritajes fueron correctos, llenan los requisitos de los protocolos internacionales, y que en un proceso tan complicado es natural que pueda haber alguna falla; sin embargo, no influye en el resultado”, dijo Bátiz.

Por ello, adelantó, “estoy seguro de que la fiscal tendrá elementos suficientes para resolver en su momento”.

Entrevistada el jueves pasado en su oficina, Guerra consideró que las pruebas documentales, testimoniales y observaciones también tienen peso en una investigación, no sólo las pruebas periciales que reconoce tienen fallas.

“Las pruebas periciales son importantes, pero no son definitivas. Si no, ¿de qué sirven más de 300 declaraciones, inspecciones oculares y documentos al por mayor?”, cuestionó la segunda fiscal en la investigación del homicidio de Digna Ochoa.