Eliseo Villar usó 15 millones de pesos del gobierno para contratar mercenarios, acusa la Casa de Justicia matriz

*Pide una auditoría a ese dinero. Califica a al dirigente de la casa paralela de  “paramilitar” y dice que tiene “vínculos con la delincuencia organizada, con los poderes fácticos y gubernamentales”

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y la Casa de Justicia matriz de San Luis Acatlán denunciaron que el líder de la casa paralela, Eliseo Villar Castillo usó 15 millones de pesos que recibió del gobierno del estado por más de un año para el pago de un grupo de incondicionales que están sembrando el terror en la población.
A través de un comunicado, autoridades de la CRAC demandaron que el Congreso local y el gobernador, Ángel Aguirre Rivero realicen una auditoría de ese dinero que se utilizó con fines ajenos a la institución comunitaria.
También denunciaron que el proceso de credencialización de la Policía Comunitaria de la CRAC que acordó Villar Castillo con el gobierno estatal y el Ejército y que iba comenzar la semana pasada en Marquelia, violenta el reglamento de la organización.
Indicaron que en el capítulo cuarto, inciso S, de las atribuciones del Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria dice que  “las credenciales de los Policías Comunitarios serán expedidas bajo un formato único firmado y sellado  por la CRAC y el Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria y además llevará el sello de la comisaría o delegación a la que pertenece el grupo”.
Por lo tanto, el gobierno, al desconocer en la práctica sus normas y procedimientos internos de credencialización, violenta “flagrantemente el derecho de los pueblos originarios a autonomía y autodeterminación, reconocido en el artículo segundo de la Carta Magna y en el Convenio 169 de la OIT.
Ratificaron que los pueblos rechazan la credencialización bajo los términos del gobierno, y aseguraron que el respaldo que dice tener Villar y que le sirvió para ser reconocido como representante “legítimo” de la CRAC por el gobernador, está sustentado en documentos falsos y en la intimidación.
Convocaron a las organizaciones sociales y civiles a observar lo que ocurre en el territorio comunitario para verificar y documentar la situación de constante agresión y hostigamiento del Estado.
Entre los hostigadores del Estado señalaron a Villar Castillo, a quien calificaron de  “paramilitar, ya que desde mayo de 2013 a la fecha el gobierno del estado le ha otorgado más de 15 millones de pesos, de los cuales no da cuentas a nadie. Sus actos de provocación ya cobraron una primera víctima mortal y no le importará seguir engañando y reclutando mercenarios con tal de satisfacer sus ambiciones”.
Reiteraron que “Villar y su camarilla son el instrumento de la estrategia gubernamental para acabar con la Policía Comunitaria, haciéndola aparecer ante la opinión pública como violenta, corrupta e ineficaz,  cultivando el paramilitarismo que lleve a una lucha entre hermanos pobres,  tratando de repetir la amarga experiencia de San Juan Copala, Oaxaca”, donde hace cuatro años fueron asesinados dos activistas triquis por grupos paramilitares.
Advirtieron que Villar no es un delincuente común, “es un mercenario con vínculos con la delincuencia organizada, con los poderes fácticos y gubernamentales, que actúa con toda la impunidad y complicidad de gobierno estatal y federal”, que opera con impunidad en la región a pesar de las denuncias de tortura y detenciones arbitraria y extorsiones en su contra.

Advierten más saqueo y
represión a los pueblos

Asimismo se refirieron a las nuevas leyes de Protección a las personas en situación de riesgo, y para prevenir y atender el desplazamiento interno en el estado de Guerrero, aprobadas en el Congreso local, y dijeron que evidencia la grave situación de inseguridad de los luchadores sociales y la impunidad.
Consideraron que las leyes implican un “anuncio del recrudecimiento de la represión en contra de los movimientos y comunidades que se oponen a la imposición de los grandes proyectos de saqueo de nuestros territorios a manos de los gobiernos estatal y federal y de los grandes empresarios”, como lo son las empresas mineras y las presas como La Parota.
Convocaron a todas las comunidades incorporadas a la CRAC-PC a redoblar esfuerzos y acciones por la unidad, “por la libertad de nuestros compañeros presos políticos y por la solidaridad con las demás organizaciones del movimiento social que están siendo reprimidas por el estado”.
Recordaron a los luchadores sociales presos fuera de Guerrero: Nestora Salgado, Arturo Campos, Gonzalo Molina y Marco Antonio Suástegui, así como a sus compañeros detenidos en el penal de Acapulco y Chilpancingo: Bernardino García Francisco, Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Abad Francisco Ambrosio, Florentino García Castro, Benito Morales Bustos y Samuel Ramírez Gálvez.