Acusa la PGJE a dos ministeriales del asesinato de los normalistas

Responsabiliza la PGJE a “dos ex agentes ministeriales” de la muerte de los normalistas

Mariana Labastida

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Guerrero responsabilizó a “dos ex agentes ministeriales”, como llamó al comandante Rey David Cortés Flores y al estudiante de la academia de la corporación Ismael Matadama Salinas del asesinato de los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa durante un desalojo en la Autopista del Sol el pasado 12 de diciembre.
Dijo que además se diseñó un plan de reparación integral del daño ocasionado el pasado el 12 de diciembre, mismo que “considerará garantías de no repetición y medidas de satisfacción”.
En un encuentro con la prensa, en el que no se permitieron preguntas, el encargado de despacho de la PGJE, Juan Manuel Herrera Campos, reiteró que el gobierno del estado acatará todas las recomendaciones que haga la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y solicitó a las autoridades judiciales que levanten el arraigo a los seis policías estatales y cuatro ministeriales que estaban detenidos con los ahora formalmente acusads.
Acompañado del vocero del gobierno del estado, Arturo Martínez Núñez, en conferencia de prensa a las 4 y media de la tarde, luego de que habían cancelado una convocada para el mediodía, Herrera informó que  investigan por el asesinato de los dos estudiantes de la escuela normal rural a dos “ex agentes ministeriales”, como se refirió a los policías que el día de los hechos violentos eran policías en funciones y que acudieron a la operación de desalojo con sus armas de cargo oficiales.
Herrera  leyó el comunicado de dos cuartillas en el que anunció que se ejercitará acción penal contra los “ex agentes ministeriales” Ismael Matadama Salinas y Rey David Cortés Flores –éste último el que aparece en fotografías y videos ampliamente difundidos vestido con playera verde con rayas blancas apuntando a los estudiantes– como presuntos responsables del homicidio de los normalistas Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino.
Herrera Campos enfatizó que los dos ministeriales están “plenamente identificados”, gracias al análisis del material de la investigación que se encuentra en la averiguación previa sobre los hechos, contrario a lo que ha venido señalando su antecesor en el cargo, Alberto López Rosas, quien desde el mismo día del desalojo violento defendió a los policías ministeriales a su cargo quienes, afirmó, no habían disparado ni un solo tiro.
Con respecto a las lesiones del empleado de la gasilenera Eva II, Gonzalo Miguel Rivas Cámara, “quien falleció a consecuencia de las mismas el día 1 de enero del presente año se mantiene abierto el desglose respectivo para continuar con las investigaciones”, dijo el funcionario, y ratificó el compromiso del gobierno del estado de que no habrá tolerancia con los servidores públicos que hayan “violentado o violenten los derechos humanos”, por lo que se continuará con las indagatorias de los ilícitos cometidos el 12 de diciembre.
El funcionario enfatizó que la Procuraduría abundará en la investigación, para que “no haya impunidad” y pidió a la autoridad judicial que levante el arraigo al resto de los policías estatales y ministeriales que fueron detenidos como presuntos implicados.
El pasado 12 el periódico Milenio informó que en la averiguación previa BRA/SC/06/2743/2011 se indica que el policía ministerial Rey David Cortés dio negativo en las pruebas de radisonato de sodio en ambas manos, que no se identificaron elementos de plomo y bario, al igual que los otros ministeriales que fueron detenidos junto con él.
Al día siguiente del desalojo violento del 12 de diciembre, diferentes medios de comunicación difundieron imágenes de policías ministeriales armados. En la fotografía principal publicada en El Sur se observa a un policía ministerial apuntando, que resultó ser el comandante Rey David Cortés, jefe de grupo de la Policía Ministerial.
La CNDH comenzó una investigación cuyo informe preliminar dio a conocer el pasado lunes, donde dijo que las balas que mataron a los dos normalistas provinieron del lugar donde estaban los policías ministeriales y del estado.
Después, en entrevista el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, dijo que el secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte, y el procurador, Alberto López Rosas, tienen responsabilidad en lo sucedido.
El viernes el visitador de la CNDH, Luis García López, estuvo en la normal de Ayotzinapa y afirmó, un día después de que peritos del organismo hicieron la reconstrucción de la trayectoria de las balas, que los disparos mortales contra los estudiantes provinieron de los policías ministeriales.

Liberan al resto de los arraigados

El Juzgado Primero del Ramo Penal de Primera Instancia determinó liberar en secrecía a 10 de los 12 policías estatales que se encontraban arraigados por el desalojo violento del pasado 12 de diciembre.
Cerca de las 3 de la tarde de ayer, personal de ese Juzgado llegó en sigilo a la casa de arraigo de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), ubicada a un costado del edificio de la Policía Ministerial, al sur de Chilpanacaingo, donde seis policías preventivos estatales, cinco agentes ministeriales y un aspirante a policía ministerial permanecían arraigados desde el 18 de diciembre a petición del Ministerio Público del fuero común.
Una actuaria notificó el “levantamiento del arraigo” y ordenó la libertad inmediata de los seis policías preventivos y cuatro de los agentes ministeriales, ante la falta de elementos para configurar el delito de homicidio en agravio de los normalistas Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, indicó la fuente consultada por Apro.
Los policías preventivos liberados son Santiago Zúñiga Valle, Abraham Santiago Guzmán Alonso, Alex González Castillo, Miguel Cortés Morales, Alejandro Ramírez Neri y Miguel Ángel Moreno Téllez.
Los ministeriales que salieron libres son la comandante Leticia Pinto Muñoz y los agentes Jorge Armando López Ruiz, Víctor Hugo Almazán Domínguez y Ricardo Arévalo Adame.
La liberación de los 10 policías estatales ocurre a tres días de que se venza el plazo del arraigo de 30 días que el mismo Juzgado de Primera Instancia otorgó al Ministerio Público del fuero común para determinar su situación jurídica.