Moisés Alcaraz Jiménez

 Transparencia y acceso a la información pública

 La semana pasada entró en vigor la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Algunos estados ya cuentan con este instrumento jurídico y en otros más se está en procesos avanzados para su elaboración.

En Guerrero, la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso presentó en abril de este año una iniciativa en esta materia y el pasado martes urgió al órgano legislativo para que la Comisión de Justicia agilice el trámite y elabore el dictamen correspondiente.

Con justa razón, organizaciones de comunicadores hicieron este miércoles un llamado al Congreso para que posponga el dictamen en virtud de las insuficiencias que la iniciativa contiene, que de transformarse en ley tal como está, la volverían desde su inicio sumamente inoperante e inclusive podría traer resultados contrarios a los esperados.

Siendo un tema de gran trascendencia, no sólo para la vida democrática de Guerrero, sino para enfrentar con mejores posibilidades de éxito la agobiante corrupción e impunidad de malos servidores públicos y para contar con una mejor rendición de cuentas, el Congreso no debe legislar al vapor ni tratar de manera unilateral un asunto de suma importancia como este, que es de interés general y como tal el legislativo tiene que escuchar y tomar en cuenta las opiniones y planteamientos que al respecto se presenten.

Legislar de espaldas a la sociedad o hacer leyes sobre las rodillas que en lugar de mejorar las lamentables condiciones económicas y sociales en que vivimos, propician su mayor deterioro, es un contrasentido que nadie en su sano juicio debería tolerar.

Los integrantes del Congreso local están ahora ante un hecho histórico. Se trata de elaborar una nueva ley que debe ser de calidad, útil y eficiente para que la sociedad de verdad participe en la vigilancia de la función gubernamental y pueda haber una fiscalización ciudadana de los recursos públicos.

Sin una ley de este tipo, el derecho a la información considerado en el artículo sexto de la Constitución de la República, seguiría siendo letra muerta. No debemos perder la posibilidad real que ahora tenemos para transparentar todas las acciones de gobierno y tener libre acceso a las entrañas mismas de los poderes públicos.

El trabajo legislativo de los diputados guerrerenses debe estar orientado a lograr una ley eficaz en esta materia, que se convierta en un instrumento de la sociedad civil para supervisar y evaluar la gestión pública, para terminar con el autoritarismo informativo gubernamental y para poner fin al ocultamiento y manejo patrimonialista de datos que por su esencia deben ser del dominio público.

Aspectos fundamentales que los diputados que elaboran esta ley no deben descuidar, son las sanciones que deben quedar claramente establecidas para aquellos servidores públicos que violenten esta norma, así como la integración y características del órgano que se encargará de vigilar la aplicación de esta ley y precisar con claridad la información susceptible de ser considerada como confidencial.

De estos tres aspectos, el capítulo de las sanciones debe ser abordado con especial cuidado. Existe un hartazgo ciudadano por la tibieza de las leyes mexicanas con todo tipo de delincuentes. La blandura de nuestras normas jurídicas ha propiciado el clima de impunidad y reincidencia de delitos que ahora vivimos. Tenemos un marco jurídico sumamente benévolo con el hampa en todas sus expresiones, que se burla de la autoridad con exacerbado cinismo.

La ley que se gesta en el Congreso local no debe caer en esos errores y en este caso se debe ser especialmente estrictos y establecer sanciones ejemplares para los funcionarios que nieguen u oculten la información requerida. Una ley que no contemple sanciones o sea excesivamente blanda o ambigua en este aspecto, está destinada al fracaso.