Tras una negociación, nombran a Pavía como nueva oficial mayor del Congreso

 * A cambio de la no oposición perredista, se regresó a comisiones el dictamen de la ley contra los bloqueos * También se pasó a comisiones una propuesta del PRD para investigar la actuación de la AFI en Ayutla y Tecoanapa

 Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * A cambio de que se apruebe una moción suspensiva para regresar a la Comisión de Justicia la reforma de ley por la que se sancionan y regulan las marchas en Guerrero, en la sesión de ayer 14 diputados perredistas se abstuvieron y tres votaron en contra del nombramiento como oficial mayor, de la priísta Guadalupe Pavía Miller a pesar de que hace dos semanas anunciaron su rechazo y ganaron la votación para regresar ese dictamen a comisiones.

A los diputados perredistas les pareció más importante negociar el dictamen de las marchas, pues argumentan que los “golpea políticamente” porque la iniciativa viene de un miembro de su bancada, que cabildear en favor de un punto de acuerdo presentado por su compañera Virginia Navarro Avila sobre la serie de detenciones de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en Tecoanapa y Ayutla.

Navarro propuso exigir a la AFI y a la Unidad Especializada para la Delincuencia Organizada (UEDO) el esclarecimiento de los hechos y el respeto “irrestricto” a los derechos humanos de los seis campesinos de Tecoanapa y Ayutla detenidos en una aparatosa operación policiaca el pasado 21 de mayo, acusados de secuestro y de pertenecer al ERPI, y que desde entonces se cuentran en calidad de arraigados en una casa de la ciudad de México, sin que hasta la fecha se les consigne.

El punto de acuerdo fue turnado a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Derecho Humanos, sin discusión pues no fue presentado como un asunto de urgente y obvia resolución. Las dos Comisiones tienen que presentar un dictamen en 10 días.

Si su postura es de investigar la denuncia, entonces iniciarían la indagación y posteriormente los diputados informarían al pleno, pero no les alcanzaría el tiempo para ello debido a que este periodo de sesiones culmina el 30 de junio.

El PRD negocia rechazar sanciones a marchistas por el Oficial Mayor

Salvado el asunto de los detenidos de Tecoanapa y Ayutla por parte de la AFI, vino el tema del oficial mayor que no se podía aplazar.

De nuevo se hizo notar la división entre los perredistas, luego de que los diputados Rómulo Reza, Yolanda Villaseñor Landa y Ramiro Alonso de Jesús cumplieron con la postura original de la fracción parlamentaria de rechazar el nombramiento de Guadalupe Pavía Miller como oficial mayor, propuesta por el presidente de la Comisión de Gobierno y coordinador del PRI, Carlos Sánchez Barrios

También en el lado del PAN se marcaron diferencias internas, luego de que por primera vez los diputados Arturo Martínez Pérez y David Tapia Bravo votaron distinto al coordinador parlamentario, Max Tejeda Martínez y a la diputada Porfiria Sandoval Arroyo, pues se abstuvieron.

Así que votaron a favor de Pavía la bancada del PRI, más los panistas Tejeda y Sandoval; los dos de Convergencia, Félix Bautista Matías y Cuauhtémoc García Amor; el diputado del PRS, Heriberto Noriega Cantú; el del PT, Fredy García Guevara; y el del PVEM, Marco Antonio de la Mora.

En la discusión del dictamen, el perredista Ramiro Alonso de Jesús no hizo caso a la instrucción de su coordinadora Adela Román Ocampo y subió a tribuna a decir que Pavía era una “imposición” como en los “viejos tiempos del PRI”, que además este partido “se apropió de la Comisión de Gobierno, de las principales Comisiones y por consiguiente urge su reforma para que la presidencia (de la Comisión de Gobierno) sea rotativa”.

Luego razonó su voto y el de sus compañeros diputados, Rómulo Reza y Yolanda Villaseñor: “Guadalupe Pavía no es garantía de imparcialidad, objetividad y transparencia, podemos afirmar que desde ahora al ser nombrada oficial mayor se conducirá en un esquema de servilismo y condescendencia de quienes la proponen”.

Luego la calificó de “mapache y delincuente electoral, deshonesta con el Consejo Estatal Electoral y con el Congreso local, por haberse prestado a asesorar al PRI y formular los recursos de impugnación en el pasado proceso electoral de octubre… se convirtió en juez y parte violando los principios rectores de la ley electoral y con conocimiento de causa infringió flagrantemente la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero”.

También denunció que Guadalupe Pavía “es traficante de influencias”, quien por su cercanía con funcionarios de gobierno “ha logrado jugosos contratos de construcción carretera a favor de su esposo el ingeniero Juan Pablo Castro, responsable de la ampliación y pavimentación del tramo carretero ciudad Altamirano-Arcelia en la región de la Tierra Caliente”.

Luego Ramiro Alonso propuso la moción suspensiva del dictamen del nombramiento de Guadalupe Pavía, que rechazaron los diputados del PRI, PAN, PRS, PT, PVEM y Convergencia. Sus compañeros perredistas se abstuvieron también. Ramiro Alonso fue el único que votó a favor de la moción suspensiva.

Para defender a Pavía Miller fue a tribuna la diputada del PRI, Aceadeth Rocha Ramírez, quien dijo que Ramiro Alonso no tiene “calidad moral” para criticar a la propuesta para la Oficialía Mayor. Y entonces recordó que “utilizó” a Marisol Medina porque, siendo él su suplente, la hizo renunciar para asumir la diputación, y que eso era atentar contra el género.

Entonces la perredista Yolanda Villaseñor entró al quite. Le dijo a Aceadeth Rocha que el nombramiento de Guadalupe Pavía no debería aprobarse porque por su  conducta “denigraba” al género. Aceadeth Rocha ya no respondió y ningún otro diputado del PRI subió a tribuna.

Los cambios en las posturas de los diputados del PRD

Causó extrañeza que en esta votación el PRD haya decidido cambiar el sentido de su voto, que habían anunciado sería de rechazo al nombramiento de Pavía, y ahora se abstuvieran.

Todo porque apenas en la sesión del pasado jueves 5, la coordinadora Adela Román subió a tribuna para lanzar un fuerte discurso contra Pavía, de quien recordó su participación en las elecciones pasadas como asesora jurídica del PRI, pese a que era consejera electoral supernumeraria. Así, dijo Román, “quien estaba obligada a vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales en materia electoral… no sólo no los vigila, sino que es ella quien los viola. O sea que ella debía ser vigilada”.

Para explicar el cambio de postura de sus compañeros, el diputado Ramiro Alonso dijo a El Sur que negociaron con Sánchez Barrios, quien aceptó apoyar la moción suspensiva para regresar a la Comisión de Justicia la iniciativa de reforma propuesta por el diputado perredista, Mariano Dimayuga Terrazas para regular y sancionar las marchas.

Eso explica la abstención en la votación en el punto de el sentido del voto de los 14 diputados del PRD, incluido el de Dimayuga, quien el pasado 9 de abril presentó al Congreso local una iniciativa para reformar los artículos 200 y 202 del Código Penal del Estado de Guerrero para quedar así: Artículo 200: para los efectos de esté Código, son vías de comunicación las de tránsito destinados al uso público, incluyendo los tramos que se hallen dentro de los límites de las poblaciones.

Y el artículo 202:  “Al que dolosamente obstaculice una vía de comunicación o la prestación de un servicio público de comunicación o de transporte, se le interpondrá prisión de uno a ocho años y de cincuenta a cuatrocientos días de multa”.

Según el dictamen presentado por la Comisión de Justicia, y que no fue votado por la moción suspensiva, “actualmente la sociedad en el estado de Guerrero ha sido por mucho tiempo presa fácil de bloqueadores de las principales vías de comunicación que conforman el territorio estatal, siempre con el pretexto de que ejercitan la llamada libertad de expresión”.

De allí que naciera la decisión de reformar el Código Penal para sancionar a los “bloqueadores”.

De aprobarse, esta iniciativa “golpearía políticamente” al PRD, fue la valoración que hicieron los diputados de ese partido el pasado jueves 12 en reunión con el CEE presidido por Martín Mora Aguirre.

El acuerdo fue que la fracción presentarían la moción suspensiva para regresar a Comisión la iniciativa de Mariano Dimayuga o en su caso votar en contra.